Después de dos semanas de vacaciones en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y de un apresurado levantamiento del paro estudiantil, vale la pena plantearse qué estado guardan las cosas en la universidad, qué diagnóstico podemos derivar de la forma en la que evolucionó el paro y de la respuesta que autoridades y funcionarios dieron al conjunto de problemas planteados.
Algo que quedó absolutamente claro fue la absurda idea de que el paro estudiantil era el producto de injerencias externas. Por muchos intereses “externos” que haya, un pliego petitorio de más de cincuenta páginas puso de manifiesto los numerosos y enormes problemas que las distintas y sucesivas administraciones de la BUAP han desatendido y, en muchas ocasiones, agravado.
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Otra cosa que quedó clara fue que los problemas planteados no son simples en ningún sentido, sino que están enraizados en el cruce de los ámbitos académico, laboral, político, administrativo y jurídico, de tal manera que su solución implica modificaciones de fondo en cada uno de ellos.
La convicción de que los problemas han de resolverse con la participación de la comunidad universitaria nos hace ver que la cuestionada representatividad de los actuales consejeros de estudiantes, docentes y personal no académico exige la inmediata convocatoria para integrar el nuevo consejo universitario, misma que debió haberse emitido desde el mes de febrero o marzo del presente año. Claro, una convocatoria que garantice la transparencia de las elecciones y que elimine el voto electrónico. Una convocatoria que para ser considerada legítima y legal tendría que ser aprobada exclusivamente por los consejeros, entre los cuales no se encuentran las y los directores de las unidades académicas.
Este apego a la legislación vigente es crucial, tanto más cuanto el estudiantado ha cuestionado la validez de las elecciones de las direcciones de sus unidades académicas. Si el alumnado no considera a sus directores y directoras como autoridades legítimas, mucho menos va a aceptar que éstos(as) sigan votando en el Consejo Universitario como sus representantes que, de acuerdo con la propia legislación, no lo son. ¿A título de qué votan entonces?
Si las autoridades y funcionarios quieren dar muestras de una voluntad política para empezar a sacar a la BUAP de la crisis en que está sumida, tienen que dar muestras fehacientes no con declaraciones o incluso firmando acuerdos, sino actuando de manera apegada a la legislación universitaria.
Si las organizaciones estudiantiles exigen tener voz, ésta es la vía de tenerla sin tener que pedir permiso a nadie.
La comunidad estudiantil además tiene el derecho a exigir que se eliminen los requisitos establecidos para ser consejeros universitarios y de unidad académica, puesto que son requisitos excluyentes, que coartan el legítimo derecho del individuo a aspirar a representar a los miembros de su comunidad.
Me refiero a los artículos 45 y 103 del Estatuto Orgánico que señalan tanto para ser consejeros universitarios como consejeros de unidad académica que el(la) alumno(a) debe tener promedio de 8 y que no debe haber reprobado ninguna asignatura. La calidad de representante no se la dan estos requisitos sino el voto de su comunidad y no hay ninguna razón que justifique el coartar el derecho de postularse, así como el derecho a votar por quien se postule, sin mayor requisito que el de pertenecer a esa comunidad.
Y no hay ningún obstáculo para garantizar este derecho al estudiantado puesto que en el artículo 16 de la Ley de la BUAP se señala: “Artículo 16. El Consejo Universitario es la máxima autoridad de la Institución y tiene como atribuciones exclusivas las siguientes: I. Elaborar, modificar o abrogar el Estatuto Orgánico, las normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general encaminadas a regular la organización y funcionamiento de la Universidad;”
Algo similar ocurre con el voto electrónico. Todos sabemos que la organización de estudiantes o docentes va de la mano de la confluencia cotidiana, de la co-presencia en las actividades sustantivas de docencia e investigación y que si el voto electrónico se implementó fue a causa de la persistencia de la pandemia provocada por el Covid-19. De esta manera es injustificable llevar a cabo las elecciones para elegir autoridades personales o colegiadas por la vía del voto electrónico, un recurso extraordinario. Y no se trata de negar la “modernidad” sino de garantizar la transparencia de las elecciones, puesto que justo esta “modernidad” opera con padrones electorales ciegos y no garantiza el voto directo y mucho menos su secrecía y su libertad.
Simplemente no hay ninguna confianza en esta modalidad cuando vemos que ha votado el cien por ciento del padrón en la primera hora de la jornada electoral, o cuando alguien que quiere votar se encuentra con que ¡ya votó!
Ahora la estrategia de autoridades y funcionarios es la de fraccionar la modalidad de la votación mediante la decisión de los distintos consejos de unidad académica. Esta medida parece desesperada, puesto que si algo hizo patente el estudiantado fue su absoluta desconfianza en los consejeros, tanto universitarios como de unidad académica. Y si creen que con eso van a asegurar la docilidad del estudiantado, están muy equivocados.
Y lo más grave, ninguna decisión de ninguna autoridad personal o colegiada está por encima de la decisión del consejo universitario. En otras palabras, ningún consejo de unidad puede mandatar a los consejeros universitarios ni docentes ni estudiantes. Así que a la violación de la legislación que mandaba emitir la convocatoria para renovar el consejo universitario desde marzo pasado se sumaría una violación más por imponer una decisión al máximo órgano de la universidad.
Las elecciones son presenciales y punto. No hay ni pandemia ni pretexto que valga para que sean virtuales.