Entre el 7 y el 11 de mayo hemos asistido a un circo de comunicados contradictorios respecto a la modificación del calendario escolar 2025-2026.
Lo más preocupante de todo esto es la alarmante facilidad con la que se toman decisiones por parte de las “autoridades” que afectan profundamente la vida presente y futura de millones de personas, en especial la de las niñas y niños, y jóvenes cursando su educación secundaria y media superior.
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Treinta y dos secretarios estatales de educación votando de forma unánime por una propuesta que, más que nada, tenía toda la cara de ser una ocurrencia.
Lo primero que pensamos quienes supimos de esta modificación fue ¿y dónde van a estar las niñas y niños si las madres y padres de familia cuentan con la seguridad y atención que les brinda la escuela?, ¿cómo van a cubrir el rezago educativo generado por una reducción de cinco semanas y media de clases?
En entrevista realizada por el periódico La Jornada el 10 de mayo pasado Hugo Aboites, reconocido especialista en temas educativos, señaló “por una decisión que se toma a puerta cerrada, se saca a la calle a 28 millones de niños y adolescentes, con las consecuencias que ello implica”.
Asimismo, Francisco Bravo Herrera, director de educación primaria e integrante de la dirección política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación declaró: “En mi escuela, cerca del 50 por ciento de los estudiantes provienen de hogares donde sus madres son el principal sostén, y cuando no están en la escuela, están solos en casa. Para ellos, estar con sus compañeros, comer con ellos y jugar es parte central de su vida, y dejarlos encerrados tres meses no abonará en nada a su aprendizaje ni a su calidad de vida”.
Bravo Herrera también indicó: “…es evidente que hay un desconocimiento total de cómo funcionan las escuelas en México, y de que no sólo se impacta a docentes y alumnos, también a miles de trabajadores que de una forma u otra trabajan en relación con las escuelas, desde quienes laboran en las cooperativas y comedores escolares, hasta proveedores, taxistas y comerciantes”.
Imaginen ustedes la enorme complejidad del funcionamiento de lo que debiera ser el pilar del desarrollo de nuestro país y que es “despachado” en aras del futbol y de las olas de calor. Como si no se pudieran tomar las medidas específicas por cada región del país.
Es en estas ocasiones en las que nos lamentamos de la nula autonomía de las universidades públicas como la BUAP, pues esta “ocurrencia” ya tuvo sus consecuencias.
Resulta que se decidió no realizar o reducir los cursos del inter período, con la consecuente afectación a estudiantes y docentes. Si las y los estudiantes tenían planeado cursar determinadas materias en este verano, no lo podrán hacer sino hasta el semestre de otoño o primavera 2027.
Si las y los docentes contratados por tiempo determinado pensaron que iban a dictar normalmente sus cursos de verano, simplemente no serían recontratados, o no de la manera esperada.
En realidad, estas medidas lo único que logran es aislar a las personas, acabar con el sentido de comunidad propio de una institución educativa. Y todo ¿por qué? Por una ocurrencia votada por unanimidad y después desechada ¡también por unanimidad!
A estas alturas las autoridades universitarias deben estar lamentando profundamente su flagrante falta de autonomía.
Ojalá aprendan la lección.