El desastre ocurrido en cuatro entidades del territorio nacional es desgarrador. No hay ni para dónde mirar. Por la mañana escuché la transmisión de un reportero que se encontraba en Poza Rica, Veracruz. La zona todavía estaba anegada, a casi 30 grados de temperatura, con montones de escombros y olor fétido.
No había ayuda para remover el lodo ni comida ni médicos que atendieran a la gente enferma. La capacidad de respuesta de los gobiernos federal, estatal y municipal ha sido superada por la tragedia.
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En su lugar llegaron los carroñeros, esos mismos que llegan en la ausencia del Estado. Cobran $1500 pesos por una hora de retroescabadora para remover lodo y muebles inservibles, huevo de $150 pesos kilo, botellas de agua de $50 pesos. Buitres que lucran ante la ausencia de la autoridad.
Durante el sexenio de López Obrador no se registraron desastres de la magnitud que hoy provocaron las tormentas tropicales Priscilla, Jerry y Raymond. Lo de Otis en Acapulco fue un juego de niños frente a la devastación actual. Hoy padecemos las consecuencias de la incapacidad de un gobierno que desmanteló los mecanismos de respuesta, que no ha construido infraestructura y que redujo la prevención a discursos.
El se mide ahora en vidas, comunidades destruidas y un país sin herramientas para levantarse.
Veamos paso por paso.
El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) fue creado en 1996 como un fideicomiso público para garantizar recursos inmediatos ante huracanes, sismos, inundaciones y otros fenómenos naturales. Su objetivo era claro: atender la emergencia sin esperar trámites burocráticos, rehabilitar infraestructura y ayudar directamente a las comunidades afectadas. Cada declaratoria de desastre activaba el mecanismo financiero de forma casi automática, permitiendo que los contratistas acudieran casi de forma inmediata.
En 2021, el Senado aprobó su desaparición bajo el argumento de que había corrupción y opacidad en su manejo. Con ello se eliminó el único instrumento institucionalizado que garantizaba una respuesta coordinada y rápida ante desastres. Desde entonces, la atención de emergencias depende de decisiones políticas, no de procedimientos técnicos, y los damnificados deben esperar semanas o meses a que lleguen los apoyos. Nada más hay que ver las declaraciones de los gobernadores.
A la par del FONDEN, otro proyecto quedó archivado: la Norma Oficial Mexicana para el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), elaborada entre 2016 y 2018 por la SEGOB, la SEDENA, la Marina, la UNAM, la Cruz Roja y otras instituciones. El documento establecía cómo debía organizarse el país ante un desastre: quién coordina, quién informa, quién rescata, quién administra recursos. Era un manual de respuesta probado internacionalmente que pudo haber revolucionado la atención de emergencias en México.
Sin embargo, en 2019, el nuevo gobierno desechó el proyecto argumentando que “no se ajustaba a la realidad nacional”. Desde entonces, los protocolos de emergencia permanecen dispersos, sin un marco común ni coordinación efectiva entre autoridades federales, estatales y municipales. La norma habría permitido respuestas más rápidas y estructuradas, reduciendo el caos que hoy vemos en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro.
La coincidencia entre ambos hechos —la desaparición del FONDEN y el archivo de la Norma del SCI— no es casual: forman parte de la misma lógica de desmantelamiento institucional. Un país que cada año enfrenta huracanes, tormentas y sismos decidió prescindir de sus herramientas básicas para sobrevivirlos.
Hoy, los gobiernos locales deben improvisar. Los recursos llegan tarde, la ayuda se duplica en algunos puntos y no llega en otros. La gente se organiza sola, mientras las autoridades discuten de quién es la culpa. Las escenas que vemos en Veracruz o Hidalgo son las mismas de Acapulco tras Otis: lodo, silencio y desesperación.
El Legislativo tiene en sus manos la posibilidad de corregir el error. Reinstaurar el FONDEN y aprobar la Norma del SCI no solo sería un acto de justicia para las comunidades afectadas, sino una inversión en la supervivencia del país. Cada año, México se enfrenta a fenómenos naturales de magnitud creciente, agravados por el cambio climático. No se trata de si habrá otro desastre, sino de cuándo.
Ignorar esta realidad es condenar a miles de personas a revivir la misma tragedia. No basta con mandar víveres o repartir apoyos después del desastre: se necesita prevención, planeación y capacidad de respuesta inmediata. Y eso solo se logra con instituciones y protocolos sólidos.
El FONDEN representaba la previsión; el SCI, la organización. Sin ambos, México es un barco sin brújula en medio de la tormenta. Los discursos sobre austeridad y combate a la corrupción no sirven cuando hay familias sepultadas bajo el lodo esperando rescate.
La naturaleza seguirá golpeando, pero el abandono institucional no debería ser un fenómeno inevitable. El Legislativo debe devolver al país sus herramientas de emergencia. De lo contrario, cada desastre será una réplica de la misma historia: una nación que mira el desastre sin poder moverse, porque sus cimientos —los de la protección civil— fueron desmontados en nombre de la “austeridad republicana”.
Lo peor es que, al no construirse infraestructura ni contar con empresas contratistas disponibles, no hay de dónde echar mano cuando ocurre un desastre. El Ejército hace lo poco que puede, pero los caminos y puentes dañados quedan sin reparación, y las comunidades siguen aisladas y desprotegidas. Ese es el otro problema, que no se está construyendo infraestructura y se le da poco mantenimiento.