La realidad es que ni la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ni la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ni siquiera los organismos internacionales cuentan con una cifra precisa de cuántos migrantes en condición irregular han decidido ya establecerse en México y hacer la vida aquí.
Cuando Donald Trump asumió el cargo el 20 de enero de 2025 y cerró CBP One, una aplicación utilizada para gestionar citas en el sistema de asilo estadounidense, alrededor de 200 mil personas quedaron varadas en México con una cita en la mano. Al mismo tiempo, las cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados muestran que, desde 2020, cerca de 500 mil personas migrantes han presentado solicitudes de asilo en el país.
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Durante años se ha insistido en que México es un país de paso. Pero la política de externalización fronteriza impulsada desde Estados Unidos —y profundizada después de la pandemia— transformó ese supuesto tránsito en permanencia forzada. Los ríos humanos dejaron de avanzar. Se quedaron. Y el país, sin reconocerlo del todo, se convirtió en un espacio de contención donde la vida ocurre en pausa, en espera, en fila.
Las cifras que circulan son fragmentarias, casi anecdóticas frente a la magnitud del fenómeno. Organizaciones civiles hablan de 16 mil personas en Tapachula, Chiapas, cerca de 40 mil en Ciudad Juárez, Chihuahua y de concentraciones importantes en Tijuana, Monterrey y Ciudad de México. Pero son aproximaciones. La realidad es más amplia y más dispersa. No hay un diagnóstico claro, ni un registro confiable sobre el número de extranjeros sin documentos en México.
¿Qué implica no saber cuántos son? Implica no poder diseñar políticas públicas serias. Implica dejar a miles de personas en un limbo administrativo, jurídico y humano. Implica, sobre todo, evadir una responsabilidad que ya es nuestra. Porque más allá de los acuerdos internacionales y las presiones externas, quienes están aquí, están aquí. Y eso exige respuestas.
Hoy, el principal mecanismo institucional para atender esta realidad —la solicitud de asilo— está rebasado. Las oficinas de la COMAR operan sin personal suficiente, sin recursos y, en muchos casos, sin la voluntad política necesaria para transformar el sistema. Las filas interminables no son solo un problema logístico: son la expresión de una política que administra el desgaste de esos cuerpos.
Pero hay otra ruta posible. Regularizar. No como concesión, sino como política pública racional. Saber quiénes son, dónde están, qué hacen. Permitir que trabajen formalmente, que accedan a servicios, que sus hijos vayan a la escuela. Apostar por la integración en lugar de la contención. No es una idea improvisada: otros países lo han hecho. España, por ejemplo, impulso en este mes, un proceso de regularización que partió de un principio básico: la gente ya está ahí.
En México, además, hay algo que suele ignorarse en el discurso público: la enorme mayoría de las personas migrantes quiere trabajar. Lo han demostrado una y otra vez. Sostienen empleos en centrales de abasto, ocupan nichos laborales abandonados, emprenden con lo poco que tienen. Sí, existen problemáticas como las redes de “gota a gota” o situaciones de trata, pero son una minoría dentro de un universo mucho más amplio de personas que buscan algo elemental: estabilidad.
Lo he visto. He hablado con ellos. Me han contado, con una mezcla de tristeza y dignidad, por qué tuvieron que irse de sus países: la falta de empleo, la ausencia de oportunidades, economías rotas.
Hace mucho conocí una familia hondureña. Venían rumbo a Estados Unidos, pero se quedaron sin dinero. Bajaron del tren en Veracruz y, como pudieron, llegaron a Puebla. Hoy venden artesanías. Tuvieron una hija. La niña es mexicana. Ya hicieron una vida aquí.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿qué estamos esperando? Seguir negando su presencia no los hará desaparecer. Seguir administrando filas no resolverá nada. México necesita asumir que este ya no es un fenómeno de tránsito, sino de asentamiento. Y eso implica cambiar el enfoque: de la contención a la integración, de la improvisación a la política pública, de la invisibilidad al reconocimiento.
Regularizar no es solo ordenar. Es reconocer humanidad. Y también, en términos prácticos, es una decisión inteligente. Porque cuando un país sabe quiénes viven en él, puede gobernar mejor. Porque cuando una sociedad integra, reduce tensiones. Y porque, al final, detrás de cada cifra incierta, hay historias que ya están echando raíces.
Esto lo escribo conmovida por el reciente programa de regularización impulsado por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Las personas migrantes tienen dignidad: trabajan, se esfuerzan, sostienen su vida como lo han hecho históricamente también nuestros connacionales en Estados Unidos.
Reconocer esta realidad implica mirarnos de frente y aceptar nuestros propios orígenes como país expulsor. En una nación de más de 130 millones de habitantes, la regularización no es una amenaza, es una decisión necesaria.