Que el caso de Pegasus no quede impune y más acciones para frenar la vigilancia ilegal, exigieron Amnistía Internacional (AI) México y defensores de derechos humanos.

Edith Olivares, directora ejecutiva de AI México, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador difundir la lista de las personas que han sido espiadas con este sistema y quiénes decidieron que se les vigilara, publique los contratos pasados o vigentes con la firma israelí NSO Group, qué dependencias federales los firmaron, además de dar información sobre cuánto ha invertido el Estado en estas actividades de cibervigilancia.

También pidió al Congreso de la Unión garantizar que “nunca más” defensores, activistas o periodistas sean vigilados en condiciones de ilegalidad.

Aunque se diga que ya no habrá espionaje, se necesitan acciones más contundentes. “Las instituciones del Estado se especializaron en vigilar, en atentar contra el trabajo de los defensores; desmontarlo de la noche a la mañana lo veo complicado”, dijo por su parte Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Recordó que el Centro Tlachinollan ha sufrido espionaje, lo más reciente con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. En 2016, dijo, el gobierno federal divulgó una presunta conversación del abogado Vidulfo Rosales “supuestamente hablando contra padres” de los estudiantes, pero ellos “entendieron que se trataba de una acción irregular, ilegal” para trastocar esta lucha, según una información del diario La Jornada.