La madrugada del 14 de febrero un grupo armado ejecutó a tres jóvenes e hirió a cinco personas más afuera del bar "Sala de Despecho" en la Isla de Angelópolis, una de las zonas de mayor plusvalía de la capital poblana. A escasos metros de la Estrella de Puebla, en pleno corazón de uno de los corredores comerciales más importantes de Puebla donde decenas de jóvenes celebraban el Día del Amor y la Amistad.
La revictimización
De acuerdo con Infobae, Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, declaró que el ataque "fue preparado, fue planeado. Es muy difícil prevenir este tipo de actividades… los delincuentes llevaban tiempo planeando esta operación… Ellos estuvieron viviendo alrededor de un mes cerca del lugar".[1] El mismo medio informó que el funcionario "negó que las tres víctimas fallecidas estén relacionadas con actos delictivos".[2]
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Parecería que estas declaraciones llevan una doble intencionalidad. El Estado niega posibles vínculos criminales de las víctimas, pero insiste en que fue un ataque planeado durante un mes contra personas específicas. ¿Por qué tanto énfasis en que fue dirigido si eran inocentes? Esta narrativa parecería insinuar que algo debieron haber hecho para merecer este ataque; sin embargo, este aparente deslinde al final revictimiza a los jóvenes que fueron asesinados y evade la responsabilidad del Estado en proteger a los ciudadanos.
Si fue un ataque directo entonces se deduce que resultaba imposible de prevenir, pero el hecho es que tres jóvenes fueron ejecutados en una de las zonas más vigiladas de la ciudad sin que nadie lo detectara ni pudiera evitarlo, si esto pasa ahí, entonces nadie está protegido.
La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla aseguró que "las actividades comerciales, turísticas y de recreación en el área continúan desarrollándose con normalidad y bajo condiciones reforzadas de seguridad".[3] Los trabajadores del bar limpiaban la sangre desde temprano tal como documentaron usuarios de redes sociales y los bares de la zona abrieron con normalidad; parecería que lo importante es que por sobre todo continúe la cadena productiva, como si nada pasara, no importa que varias familias de Puebla estén enlutadas.
La desigualdad ante la muerte
En noviembre de 2025, hace apenas unos meses, un incendio provocado en el Bar Lacoss en la colonia Popular, al sur de la ciudad, dejó siete personas muertas. Esas muertes no generaron el mismo operativo ni la misma atención mediática y oficial que la de los jóvenes de la Isla de Angelópolis.
El 11 de febrero, tres días antes de la masacre del Día del Amor y la Amistad, las autoridades policiales localizaron una fosa clandestina con restos humanos en el Mercado Morelos. No es la primera vez que se localizan fosas en ese mercado, sin embargo, esas muertes tampoco generaron el mismo despliegue, ni declaraciones de funcionarios ni del gobernador.
Los cuerpos que aparecen en las periferias, en los municipios conurbados, en las barrancas, en fosas clandestinas que se descubren en zonas pauperizadas, son personas con nombre y apellido, con seres queridos y familias que los buscan y los lloran. Todas las víctimas cuentan por igual, sean ultimadas en Angelópolis o en La Popular, sean profesionistas exitosos o mano de obra barata, sean egresados de universidades privadas o trabajadores precarizados de la periferia.
El dolor de las familias es el mismo, lo que cambia es la respuesta del Estado y la atención mediática. Esa desigualdad revela una lógica que administra de manera diferencial la vida y la muerte, y señala qué muertes merecen despliegue policiaco, conferencias de prensa y promesas de justicia, y cuáles un rincón en la nota roja.
A pesar de estas diferencias entre muertos de primera y muertos de segunda, el discurso oficial mantiene una constante: la matriz de opinión que busca transferir implícitamente la responsabilidad a las víctimas, ya sea en Angelópolis insistiendo en que fue un ataque tan "dirigido" y "planeado" que algo debió haber hecho alguien para que esto pasara, o en las colonias pobres donde los muertos ni siquiera merecen explicación porque se asume que son vidas desechables que "en algo andaban", el Estado evade su responsabilidad sembrando la duda sobre las víctimas, culpabilizándolas por su propia muerte mientras declara que todo está bajo control y que el comercio y el turismo continúan con normalidad.
Memoria y fracaso
En febrero de 2020, apenas hace cinco años, ya en los gobiernos de 4T, el asesinato de tres estudiantes de Medicina y un conductor de Uber después del carnaval de Huejotzingo movilizó a la comunidad universitaria como pocas veces en la historia reciente de Puebla. El 5 de marzo de 2020 se realizó la megamarcha universitaria más grande en la historia moderna de Puebla; más de ochenta universidades públicas y privadas participaron bajo el lema "Ni una bata menos".
Estudiantes de la BUAP, UPAEP, UDLAP, Ibero, UVM, ITP y decenas de instituciones más marcharon hacia Casa Aguayo exigiendo seguridad. El movimiento alcanzó eco nacional con marchas solidarias en Ciudad de México donde estudiantes de la UNAM e IPN se manifestaron en Palacio Nacional.
Cinco años después las promesas de seguridad se repiten como una letanía que lo único que augura es más luto y fracaso. ¿Qué se necesita ahora? Por lo visto las marchas y la movilización estudiantil no son suficientes (aunque sí son necesarias).
Estado y crimen
La ficción del Estado enfrentado al crimen organizado debe ponerse en evidencia. Lo que existe es una configuración donde estructuras estatales formales y estructuras criminales operan como partes de un mismo aparato de dominación mediante la división territorial del poder, entendiendo el territorio no sólo como el espacio geográfico sino como una configuración múltiple que abarca también lo cultural, lo económico y lo político.
El crimen organizado cumple funciones de control social, desplazamiento poblacional y acumulación por desposesión que el Estado formal no puede ejecutar directamente sin mayor costo político.
En Puebla esto se conecta con los conflictos por agua entre comunidades campesinas y la industria automotriz, la presión sobre territorios para megaproyectos y la represión a comunidades que resisten. El corredor industrial Audi-Volkswagen requiere control territorial y disciplinamiento social. Los pueblos originarios y las comunidades campesinas enfrentan un proceso de recolonización de sus territorios y saqueo de sus recursos por corporaciones que incluyen al crimen organizado como actor económico integrado al modelo.
Esta administración diferencial de la vida y la muerte según la clase social y la geografía decide qué vidas merecen protección y cuáles son desechables, quién cuenta como víctima merecedora de justicia y quién como daño colateral. El "daño colateral" se hace visible sólo cuando toca a un sector social que genera alarma mediática. Pero ¿qué pasa con los jóvenes que se convierten en mano de obra del sicariato? Entre los cuatro detenidos por la masacre de Angelópolis hay un menor de edad, un joven de 17 años. ¿Cuáles son las condiciones materiales que hacen posible que un joven de esa edad tenga las manos manchadas de sangre?
Estos jóvenes también son producto del mismo sistema de abandono estatal, de la falta de oportunidades, de territorios enteros donde el Estado sólo aparece para reprimir y expropiar, pero nunca para ofrecer alternativas. Son los hijos de las periferias, de las colonias pobres, de las mismas zonas donde aparecen las fosas clandestinas. El modelo económico los produce como mano de obra criminal y luego los desecha, mientras quienes ordenan, financian y se benefician de la violencia permanecen intocables y lejos de las calles y de las cárceles.
La doble moral
El PAN condena estos hechos con una cínica indignación, el partido de los arquitectos de la guerra contra el narco que militarizó el país y normalizó las desapariciones forzadas se da golpes de pecho. La violencia que vivimos ahora tiene su genealogía: la militarización de Calderón, la colusión PRI-crimen organizado y la descomposición institucional acumulada por décadas y hoy heredada a la 4T, reconocer esto no exime la responsabilidad actual.
Las prioridades
La masacre ocurre en una ciudad en donde parece que lo importante para el poder es el auto aplauso de las encuestas a modo, nada tiene que ver el interés del gobierno con el bienestar ciudadano, mientras las calles se tiñen de rojo se gasta una fortuna saturando las calles de espectaculares del jefe del gabinete estatal, se pretende construir una imagen con recursos que bien podrían usarse para actividades de prevención de la violencia, por decir algo, pero a ellos parece no importarles nada más que preservar el poder. ¿Para qué? Sólo ellos saben lo que hay detrás, pero al parecer el servir a los demás no es una prioridad.
Referencias
[1] [2] Sánchez, Nallely. "Mataron a tres en bar 'Sala de Despecho' en Puebla, hirieron a cinco, entre ellos a un menor de edad". Infobae, 14 de febrero de 2026. Disponible en: https://www.infobae.com/mexico/2026/02/14/mataron-a-tres-en-bar-sala-de-despecho-en-puebla-hirieron-a-cinco-entre-ellos-un-menor-de-edad/
[3] Secretaría de Seguridad Pública de Puebla. Comunicado oficial, 14 de febrero de 2026. Disponible en: https://twitter.com/SSPGobPue/status