El lunes 24 de noviembre de 2025, una familia náhuatl salió de madrugada de su comunidad en Atla, Pahuatlán. Una niña de doce años viajó con su madre, su abuela y su hermano durante cuatro horas hasta Huauchinango para denunciar la violación de la que fue víctima.
Cuando llegaron a la Casa de Justicia y la agente del Ministerio Público, Damayanti Zamora Moreno, les atendió, la respuesta fue que no podrían levantar la denuncia porque "no se contaba de manera inmediata con un perito traductor en lengua náhuatl" [1]. La familia pasó la noche en un albergue, transcurrió todo el martes 25 esperando mientras las redes sociales de las instituciones poblanas se llenaban de contenidos sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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Ese Día Naranja la familia lo pasó en espera hasta que el miércoles 26 un traductor proporcionado por una asociación civil, no por la Fiscalía, permitió iniciar la carpeta de investigación. Este caso no es un incidente administrativo aislado sino la manifestación del racismo estructural que la 4T no ha corregido porque simplemente no es una prioridad ni existe la voluntad política para hacerlo.
Los símbolos son relevantes: la familia náhuatl pasó el Día Naranja sin poder denunciar, el gobierno federal aún celebra que 2025 es el Año de la Mujer Indígena en México y, hace apenas unos días, el expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó desde Palenque su libro Grandeza donde afirma buscar "reivindicar con este libro la vigencia del México profundo y sus civilizaciones originales" [2], justo cuando el caso en cuestión evidencia que las descendientes vivas de las civilizaciones prehispánicas no pueden denunciar una violación en su propia lengua.
El emblema oficial del Año de la Mujer Indígena reúne figuras femeninas prehispánicas como Tecuichpo-Ixcaxochitzin, Tz'ak-b'u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtzatzin, figuras instrumentalizadas para la construcción artificial de una identidad nacionalista al estilo más rancio del priismo tradicional, mientras "el 79.2% de la población indígena vive en condiciones de pobreza, cifra que aumenta al 83.7% entre las mujeres indígenas, el 45.3% de ellas no tiene acceso a servicios de salud, el 32.7% presenta rezago educativo y el 89.4% carece de seguridad social" [3].
El Estado mexicano exalta simbólicamente el pasado de los pueblos originarios mediante libros y conmemoraciones oficiales mientras mantiene estructuras institucionales que excluyen sistemáticamente a las poblaciones originarias contemporáneas del acceso a derechos fundamentales.
La ausencia de traductores en una región habitada por pueblos originarios como la Sierra Norte pone en evidencia decisiones políticas concretas sobre qué poblaciones y qué derechos el Estado considera prioritarios. La fiscal general Idamis Pastor Betancourt enfrenta este escándalo (¿de cuántos casos más no estamos enterados?) en medio de una crisis institucional provocada por casos de corrupción y extorsión que involucran a funcionarios que ella misma reclutó, excompañeros de maestría, según admitió públicamente [4], quienes fueron cesados tras múltiples denuncias que incluyen sustracción de dinero, relojes y joyas durante cateos a empresarios poblanos.
La Fiscalía poblana ha demostrado capacidad para movilizar recursos cuando se trata de investigar a empresarios a los que se puede extorsionar, pero esa misma institución no puede garantizar la presencia de un traductor de náhuatl en Huauchinango cuando una niña de doce años necesita denunciar una violación.
Esta asimetría no constituye un descuido burocrático sino una jerarquía de prioridades donde las vidas y derechos de los integrantes de los pueblos originarios no importan.
El racismo estructural en la 4T permanece intacto porque el proyecto político de López Obrador y Sheinbaum nunca cuestionó las jerarquías raciales que organizan la sociedad mexicana desde la Colonia, se conformó con cambiar nombres de instituciones, pronunciar discursos contra el racismo, declarar un año conmemorativo y publicar un libro sobre la grandeza prehispánica, mientras perpetúa la exclusión material de los pueblos originarios de los espacios que deberían garantizar el acceso a los derechos más elementales.
López Obrador puede escribir 600 páginas sobre cómo lo mejor de los mexicanos proviene de las grandes civilizaciones, pero ese pasado glorioso no sirve a una niña náhuatl cuando el sistema le dice que no hay un traductor disponible para denunciar una violación, o cuando se niega atención médica básica, o cuando no se le permite la entrada a algún integrante de los pueblos originarios "a edificios públicos por no llevar zapatos o no hablar español." [4]
Ese México profundo que tanto reivindica la 4T sigue profundamente excluido del México institucional que construyó durante siete años. Mientras no haya traductores permanentes en cada fiscalía regional donde habiten pueblos originarios y la violencia sexual contra las mujeres de estos pueblos no se investigue con recursos equivalentes a los destinados a atender a la población blanca y mestiza, la reivindicación oficial del México profundo seguirá operando como un discurso perverso que oculta la continuidad de las prácticas coloniales que mantienen a los pueblos originarios en la exclusión y la miseria.
Fuentes
[1] Martín Hernández Alcántara, "Admite FGE que en una región con población indígena no contó con perito traductor para denuncia de abuso sexual a una menor", La Jornada de Oriente, 27 de noviembre de 2025.
[2] "El libro de "Grandeza" de AMLO reivindica legado social y ético de las civilizaciones mesoamericanas", La Jornada, 1 de diciembre de 2025.
[3] "Idamis Pastor conoció a ex fiscales de FGE Puebla investigados por corrupción cuando estudiaba la maestría; niega que sean sus amigos", Urbano, 2 de diciembre de 2025.
[4] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), "Pobreza y población indígena en México: actualización estadística 2023-2024", México, 2024.