Siguiendo la línea de reflexión de nuestros últimos artículos, tomaré las conclusiones alcanzadas como punto de partida para abundar en el tema principal: la necesidad impostergable de modificar el sistema público de educación superior.
¿Por qué afirmamos esto? Porque la educación regida por el Estado no cumple con el precepto constitucional que establece que ésta “será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”. Tan sólo tomemos en consideración las condiciones de nuestra universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que tiene una matrícula promedio en el nivel de licenciatura del 34.4 %, o sea de 100 jóvenes que solicitan ingresar sólo lo logran 34. Y en el nivel medio superior del 49.77 %, o sea de 100 aspirantes sólo entran 49.
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Respecto al porcentaje de egreso en el nivel de licenciatura este 2024-2025 resulta preocupante, pues de 19,327 alumnos que ingresaron en 2020-2021 sólo egresaron 8,193, equivalente al 42.39 %; o sea el 57.61 % abandonó sus estudios. Es cierto que el año de ingreso fue el de la pandemia, pero para el 2023-2024 el abandono fue del 48.06 % y el de 2022-2023 fue del 46.6 %. No nos extraña que por este alto índice de abandono se hayan inventado las “microcredenciales”.
Estos datos se pueden corroborar en los Anuarios Estadísticos publicados por la BUAP después del informe de labores de la rectoría llevado a cabo cada 4 de octubre.
Regresemos ahora a las conclusiones de nuestros últimos artículos.
“El gran problema del sistema público de educación superior es la perspectiva mercantilista, pues en aras de tener la mano de obra más barata (los profesores hora clase), el bien que está obligado a ofrecer también se ha abaratado, por más que el lenguaje empleado para describir este sistema incluya términos como ‘calidad’, ‘excelencia’, ‘mérito’ y demás jerga lingüística que falsea la triste realidad.” (e-consulta 18 de noviembre de 2025)
Una educación de calidad no arrojaría los resultados arriba citados. y la proporción de profesores(as) hora clase no deja lugar a dudas. Según el Proyecto de Ingresos y Presupuesto de Egresos aprobado para 2025 hay 5,648 profesores(as) hora clase, 411 de Medio Tiempo y 2,121 de Tiempo Completo. La suma es de 8,180 docentes en total. Esto significa que los docentes hora clase equivalen al 69.04 %. De 100 profesores(as) 69 reciben únicamente el pago por la hora frente a grupo, equivalente a 105 pesos. Y no hay bono que compense el precio del trabajo docente.
Si fuera cierto que en la universidad se vive un régimen meritocrático, el docente hora clase con las mismas credenciales académicas del tiempo completo o medio tiempo, ganaría lo equivalente por hora clase. Pero no es así.
Como lo señalan Roberto Vélez Grajales y Luis Monroy-Gómez-Franco, autores de Por una cancha pareja. Igualdad de oportunidades para lograr un México más justo: “la meritocracia …el régimen distributivo en el que las recompensas disponibles para cada persona dependen de los méritos …con que cuente cada una.”
En la BUAP simplemente es falso que lo que cuenta es el mérito.
¿Cómo cambiar esta fisonomía de la docencia en la BUAP y en cualquier universidad pública?
Es muy importante que cada docente ocupe una plaza como el resultado de un examen por oposición transparente, sin perfiles que sean los retratos hablados de las personas que la administración tiene interés en contratar. Esto permitiría establecer las condiciones de la independencia económica y política del docente, fundamental para el funcionamiento real de un sistema democrático de gobierno.
La certeza laboral no puede ni debe depender de las autoridades sino del sistema, y en la contratación de los profesores(as) hora clase no hay ningún sistema, pues miles de personas cubren el requisito de contar con la licenciatura.
Los autores mencionados abogan no por un régimen meritocrático, que consideran injusto porque premia a quienes cuentan con méritos debidos a circunstancias fuera del control de la persona, como el estrato socioeconómico en el que nacen, el género, el color de la piel, entre otras. Ellos abogan por una sociedad en la que se promueva la igualdad de oportunidades y se reconozca el esfuerzo personal.
En el caso que nos ocupa, la contratación de docentes en la universidad pública, creo que el examen por oposición sirve a este fin: la igualdad de oportunidades, pero obviamente tiene que ser un examen transparente, donde el resultado de la evaluación académica de la que es objeto el concursante sea real y no preestablecida, lo que vuelve ilusoria la igualdad de oportunidades.
Por otra parte, las plazas que se pongan a concurso deben ser tanto de medio tiempo como de tiempo completo, pues es natural que las licenciaturas profesionalizantes requieran más docentes del primer tipo, inmersos también en su trabajo como profesionistas, lo que no sucede con licenciaturas de las áreas de Ciencias Sociales, de Humanidades, de Ciencias Exactas e incluso de algunas de Ciencias Naturales.
Para alentar la reflexión y discusión en torno a este tema trascendental del sistema público de educación superior, terminaremos con una pregunta:
¿Qué hacer para transformar el sistema público de educación superior en un sistema que garantice la igualdad de oportunidades?