En artículos recientes he afirmado que el sistema público de educación superior, instaurado hace más de tres décadas, no cumple ni ha cumplido con sus fines pues, como lo establece la Constitución Mexicana, la educación regida por el Estado “será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.
Claramente no es universal ni inclusiva, ni gratuita, puesto que la imposición de cuotas de inscripción, y de todo tipo, fue el resultado de la privatización de la educación pública, privatización fundada en argumentos falaces como el sabido “si te cuesta, te esfuerzas más”.
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Lo mismo sucedió con el examen de admisión: “sólo entra quien se gana su lugar”, cuando sabemos que este examen, siendo el mismo para todas y todos, se aplica a personas que tienen antecedentes escolares y situación socioeconómica absolutamente diversos. Lo que lo ha convertido en un examen de exclusión y ha vuelto ilusoria la universalidad del acceso a la educación superior.
También he señalado que todo el sistema de la educación superior descansa en la denominada evaluación, a la que se han sometido tanto personas (docentes y estudiantes) como instituciones.
Es importante pues, analizar el concepto de ‘evaluación’ a fin de ver su conexión con otros conceptos y esclarecer su significado, entendiendo por éste, el conjunto de usos empleados en distintos contextos, específicamente en el contexto educativo.
Las definiciones de palabras que encontramos en el diccionario aluden a los rasgos comunes de las cosas que caen bajo la misma denominación, y puede resultarnos útil conocer la definición que la Real Academia Española da de la palabra ‘evaluación’: “es la acción de determinar el valor de algo, ya sea un objeto, una situación o una persona.”
Para el caso que nos ocupa, la evaluación consiste en determinar el valor tanto de estudiantes como de docentes. ¿Qué expresiones empleamos cuando evaluamos a los(as) alumnos? “Es muy dedicado(a)”, “participa activamente en clase”, “cumple con todas las tareas”, “trabaja muy bien en equipo”, “está muy interesado en el tema”, etc. Estas son evaluaciones positivas y las contrarias serán negativas; además el sistema transforma las evaluaciones cualitativas en una cuantitativa a la que llamamos ‘calificación’. La calificación nos indica el valor de ese(a) estudiante, de acuerdo con la definición arriba citada.
¿Qué expresiones usamos en el caso de los(as) docentes? “Prepara muy bien sus clases”, “es muy claro(a) para explicar”, “es ameno(a)”, “califica justamente”, “es respetuoso(a)”, etc. Aquí, a diferencia de lo que sucede con los(as) estudiantes, el equivalente cuantitativo de las evaluaciones cualitativas no es tan claro, pues los(as) docentes se distribuyen a lo largo de una serie de categorías laborales que se diferencian entre sí por los requisitos establecidos para ocuparlas y el consecuente salario correspondiente. A esta categoría y salario equivaldría el valor del docente.
Claramente el valor del docente es su precio, su salario es el precio que la universidad paga por sus servicios. Pero el asunto no es tan simple porque el sistema vigente instauró las becas, denominadas estímulos, y otras compensaciones económicas para los(as) investigadores(as) nacionales, becas y compensaciones que no forman parte del salario, del precio del docente, pero que recibe si la evaluación a la que se somete “voluntariamente” le favorece.
Pero aquí no acaba la complejidad del asunto, puesto que dentro de la categoría laboral más baja, la del profesor de asignatura u hora clase, encontramos docentes con calificaciones académicas equivalentes a las que tiene el docente con la categoría más alta, sólo que su precio es cientos de veces menor.
¿Por qué? ¿Por qué si desempeñan el mismo trabajo docente se da esa enorme disparidad en su valor? ¿No dice la Ley Federal del Trabajo “a trabajo igual, salario igual”?
El sistema actual ha asumido esta visión mercantilista de la educación a tal grado que ha elaborado complicados “instrumentos” de evaluación que cuantifican el trabajo docente a fin de arrojar un puntaje que determina el valor o precio, en forma de beca y no de salario, del docente.
Y si preguntas por qué la proporción de docentes hora clase es cada vez mayor, la respuesta es obvia, no solamente son los más baratos, sino que no necesitan contar más que con la licenciatura, de aquí que tengas un ejército de aspirantes a este empleo y, como es elemental, a mayor oferta de la mercancía, menor precio.
El gran problema del sistema público de educación superior es la perspectiva mercantilista, pues en aras de tener la mano de obra más barata, el bien que está obligado a ofrecer también se ha abaratado, por más que el lenguaje empleado para describir este sistema incluya términos como ‘calidad’, ‘excelencia’, ‘mérito’ y demás jerga lingüística que falsea la triste realidad.
No hay forma de contar con un sistema público de educación superior que tenga como fines la formación profesional y humana de las y los jóvenes si no inviertes lo indispensable, lo necesario.
Este sistema transformó a los(as) estudiantes en clientes y a los(as) docentes en un ejército de trabajadores desechables.