La sesión del Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla celebrada el viernes 12 de septiembre nos dejó varias lecciones que no debemos olvidar nunca más.
En esta sesión se calificaron las elecciones llevadas a efecto y se nombró a la rectoría para el período 2025-2029.
Más artículos del autor
Las lecciones las dieron las voces críticas del Consejo Universitario, quienes denunciaron una “represión brutal” a la libertad de expresión [entrecomillo las expresiones empleadas por los(as) consejeros(as) en dicha sesión]:
- el hecho de haber llevado a efecto la sesión de la calificación de las elecciones de manera virtual;
- el haber dado el “puentezote” o “megapuente” del 12 al 16 de septiembre;
- el no haber escuchado a los(as) estudiantes de Filosofía y Letras que se manifestaron pacíficamente por la no reelección y fueron duramente enfrentados;
- el hacer caso omiso de todas las irregularidades denunciadas durante el proceso electoral: el uso del poder desde la precampaña con las fiestas y la inducción del voto entre estudiantes y docentes, o, por el contrario, el “hostigamiento” a los mismos, la presencia de consejeros académicos como funcionarios de casilla, la ausencia de mamparas para garantizar la secrecía del voto, entre otras violaciones e irregularidades.
Era de esperarse que estas impugnaciones se consideraran insuficientes para invalidar el proceso electoral, pero es innegable que los resultados electorales muestran la inconformidad y el rechazo del estudiantado.
La misma sesión fue escenario de represión en contra de la libertad de expresión.
Me refiero a dos intervenciones. La primera “moción de orden” fue para interrumpir a la consejera universitaria alumna de la Facultad de Físico Matemáticas para exigirle que se “centrara en el punto”, esto es, la calificación de las elecciones, a lo que la consejera respondió que había descontento y de no expresar esto ahora, después no lo podría hacer.
La segunda “moción de orden” fue para increpar a los(as) alumnos de la Facultad de Artes Plásticas que mostraban -recordemos que la sesión fue virtual- un cartel alusivo a la ilegitimidad del proceso electoral y sus resultados. Se señaló que la lona ponía en duda el proceso electoral, que esto no era correcto y que, por lo tanto, se abriera un proceso de investigación, y si no demostraban -suponemos que los alumnos(as) portadores del cartel- lo que afirmaban, que se llegara a las últimas consecuencias. Se concluyó diciendo: “Ya no se puede permitir”.
Y yo pregunto: ¿qué no se puede permitir y quién no lo puede permitir?
¿No se puede permitir un derecho como la libertad de expresión consagrado en el artículo sexto constitucional? ¿Y no lo puede permitir una autoridad obligada constitucionalmente a velar por estos derechos?
Esta intervención fue descalificada por las y los consejeros alumnos de la Facultad de Arquitectura, de Economía y de Físico Matemáticas y, en el caso de Ingeniería Química reiteraron la necesidad de una reforma universitaria, del voto universal y de la recuperación de la legitimidad.
Las intervenciones confirman que lo que se pone a consideración de los consejeros no es una discusión libre y respetuosa, sino el “dictamen” de una comisión, la que sea, que sin modificación alguna a pesar de las intervenciones críticas, se pone a votación.
Hace décadas que la máxima autoridad universitaria simplemente valida, ya sea por unanimidad o por mayoría aplastante, las decisiones tomadas por la administración. Hace décadas que no se discute, no se delibera, no se dialoga en el Consejo Universitario. Hace décadas que los consejeros universitarios no representan, porque de las 24 unidades académicas que votaron mayoritariamente por la oposición, sólo seis de ellas cuentan con las voces críticas de sus consejeros(as).
¿Y los(as) consejeros(as) de las otras 18 unidades? De Administración, Artes, Ciencias Biológicas, Computación, Electrónica, Ciencias Químicas, Contaduría, Derecho, Enfermería, Estomatología, Filosofía y Letras, Ingeniería, Lenguas, Medicina, Instituto de Física, Complejo Regional Sur. ¿No deberían pensar estos(as) consejeros(as) que el descontento reflejado en las votaciones no se explica por una campaña de apenas ocho días?
Y qué decir de sus directore(as), si sus estudiantes votaron por la oposición y sus docentes no, ¿no deberían haberse abstenido? Bueno, debieron haberlo hecho, pero como ya lo hemos explicado muchas veces, el artículo 15 de la Ley de la BUAP no establece el derecho a votar más que para los consejeros, los representantes de alguno de los tres sectores que conforman la comunidad universitaria, y los(as) directores(as) no representan a ninguno.
Sin duda el voto presencial puso en su lugar las preferencias del electorado, aunque esto no significa que sea lo único que las demandas estudiantiles han puesto sobre la mesa.
Hay que garantizar un clima de respeto al diálogo con la representación estudiantil del movimiento universitario iniciado con el paro. Hay que garantizar la paridad de representación entre estudiantes y docentes eliminando el voto de las direcciones de unidad académica, eliminación que se traduce automáticamente en una mayor representación de ambos sectores: 50 % cada uno, y no 40 % como es ahora.
Tampoco puede prevalecer la posibilidad de la reelección de las autoridades personales, rechazada indiscutiblemente a partir de los resultados obtenidos, y explicable no sólo en términos actuales sino históricos.
No es suficiente con decir que se va a cambiar algo, hay que hacerlo.