El 9 de enero, Ecuador conmocionó al mundo con la noticia de que las instalaciones del canal de televisión TC en Guayaquil, habían sido tomadas por un grupo de encapuchados. Paralelamente más hombres irrumpieron en hospitales, universidades, empresas y prisiones desatando un estado de caos total. Estos hechos representan sólo una pequeña muestra de la violencia e inseguridad que permea al país y son la prueba de lo que sucede cuando se debilitan las instituciones y se empodera al crimen organizado.
De hecho, días antes, el domingo 7 uno de los criminales más peligrosos del país, Adolfo Macías alias “Fito”, quien lidera a la banda de “Los Choneros” que junto con la de “Los Lobos” son las principales organizaciones criminales de Ecuador, escapó de la prisión en la que cumplía una condena de 34 años y de la que estaba a punto de ser trasladado a una de máxima seguridad (Orgaz, 2024).
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La fuga, sumada a la toma del canal de televisión que se transmitió en directo lo que aterrorizó a los espectadores y los otros asaltos ocurridos ese día, forzaron al presidente Daniel Noboa a declarar el estado de excepción por un periodo de sesenta días. No obstante, al día siguiente el mandatario cambió el pronunciamiento y anunció que el país se encuentra en un “estado de guerra” como resultado de un conflicto armado interno entre el gobierno y las organizaciones criminales.
La irrupción de la violencia en el estado ecuatoriano no es reciente, sino que se ha ido gestando con el tiempo hasta llegar al grado que vemos hoy. Durante 2023 se suscitaron varios hechos alarmantes que evidenciaron el porvenir de esta crisis, en particular el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, cuya postura crítica respecto a gobiernos pasados y al crecimiento de las actividades ilícitas como el narcotráfico le costaron la vida.
Para contestar cómo Ecuador pasó de ser conocido como “Island of Peace” a convertirse en uno de los países más peligrosos de Latinoamérica, hay que remontarnos a lo que sucedió en Colombia en el año de 2016, pero antes algunos datos que permiten tener una imagen más clara del contexto ecuatoriano: según The Associated Press, el 2023 fue el año más violento de la historia de la nación sudamericana al acumular al menos, 7,592 muertes violentas frente a las 4,426 de 2022 (Molina, 2023).
Además, Fernando Carrión, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, señala a este país como la nación de Latinoamérica con el crecimiento más rápido e impresionante en el índice de homicidios: en 2017 la tasa de muertes violentas fue de 5 por cada 100.000 habitantes, mientras que actualmente supera las 40 (Molina, 2023). Por otro lado, un estudio realizado por Global Initiative against Transnational Organised Crime, ubicó a Ecuador en el puesto número 11 de los países más violentos del mundo (Noboa, 2024).
Una de las razones que permitieron el desarrollo de las organizaciones criminales que son, en gran medida, las responsables de esa violencia e inseguridad es que, como explica Goette-Luciak (2024), por décadas Ecuador se desempeñó como un país de tránsito de drogas más no vivía el tipo de conflictos armados que experimentaban sus vecinos Colombia y Perú. De hecho, en los noventa el narcotráfico ecuatoriano estaba controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que visibiliza que el alcance del transnacionalismo no excluye a las actividades ilícitas.
En 2016, con el proceso de paz en Colombia y la desmovilización de las FARC, se creó un vacío de poder en Ecuador. Al mismo tiempo, la demanda de cocaína en EE. UU. comenzó a disminuir, pero a aumentar en Europa, hecho que provocó que los puertos cobraran una importancia mayor, sobre todo el de Guayaquil (Freeman, 2024). Fue así como grupos criminales de México y Venezuela e incluso la mafia albanesa comenzaron a buscar el dominio de los puertos ecuatorianos (Goette-Luciak, 2024).
Esta situación también llevó a que las dos grandes bandas de Ecuador, “Los Lobos” y “Los Choneros” comenzaran a luchar entre sí por tener el control del territorio. Lo anterior ha generado divisiones que acaban por crear nuevas facciones criminales que se extienden en todo el país y que simultáneamente forman alianzas con los cárteles extranjeros. Por ejemplo, Glaeldys González (2023), becaria del International Crisis Group, explica que se cree que “Los Lobos” están vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que “Los Choneros” están relacionados con el Cártel de Sinaloa.
Así, la nación ecuatoriana se ha vuelto “protagonista en el mercado internacional de narcóticos y se erige como centro clave regional en almacenar, procesar y distribuir estupefacientes” (Cueto, 2024). Sin embargo, como dije al inicio, en estos casos también es clave el papel que desempeña el gobierno y las instituciones que se derivan de éste y en Ecuador, como sucede en gran parte de los países latinoamericanos, la corrupción y el narcotráfico han logrado permear profundamente al Estado.
Además de los problemas estructurales como el desempleo, la desigualdad económica, la falta de oportunidades, entre mucho otros, una de las cuestiones que más ha afectado al país es la crisis penitenciaria que se vive desde hace varios años y que ha permitido que los líderes criminales usen a los reclusorios como sus principales centros de operación.
En su artículo para The Conversation, Noboa (2024), menciona que la reducción del presupuesto gubernamental para reformar el sistema penitenciario hace varios años ocasionó despidos de funcionarios y la eliminación de direcciones en este sector, lo que a su vez, incrementó la mala gestión y el hacinamiento de los 34 centros de detención que existen. Todo esto ha permitido que las cárceles se conviertan en bastiones estratégicos para los narcotraficantes y por ende, que sean controladas por dichos grupos: “la estructura funciona con un líder por cada pabellón que responde al dirigente máximo de la banda” (Mella, 2024).
De hecho, tras una visita a Ecuador por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2021, se le entregó un documento al gobierno en el que se señalaba que existía una “corrupción sin precedentes dentro de las prisiones, y que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado desde hace años atrás, así como a la ausencia de una política criminal integral, que han provocado un ‘autogobierno’, que implica que el control intramuros lo ejercen las propias personas detenidas” (Mella, 2024).
La instancia gubernamental que se encarga de las prisiones es el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). No obstante, es claro que dicha entidad gubernamental no tiene ningún control real de lo que pasa o dejar de pasar en los centros de detención, pues al final el debilitamiento institucional empodera a los grupos criminales y permite que éstos influyan sobre los gobiernos para ocultar sus actividades ilegales de manera pseudolegal y que impulsen sus objetivos estratégicos (Noboa, 2024).
La situación de Ecuador no es un caso aislado de la región latinoamericana, por el contrario, se están viviendo sucesos muy similares a los que se han registrado desde hace años en nuestro país. No me atrevo todavía a afirmar que se trata de un “Narco-Estado”, pero creo que la línea está cada vez más borrosa. No dejan de asombrar los niveles de violencia e inseguridad a los que millones de personas se enfrentan día con día, por lo que es urgente que se implementen políticas integrales para combatir el crimen organizado, pero éstas deben implementarse de manera coordinada por los países de la región.