Desde marzo de 2020 en que se declaró oficialmente el cierre de las instalaciones de la universidad debido a la pandemia por Covid-19, todas las medidas de tipo sanitario eran tomadas porque así lo indicaba la comisión Covid nombrada por la rectoría.
Incluso la medida más controversial que fue la de obligar a sacar un código QR para ingresar a la universidad ya había sido “disminuida” a pesar de la propia comisión Covid, pues el consejo universitario votó desde el 8 de septiembre pasado por ampliar las posibilidades para ingresar con la identificación universitaria o con la credencial del INE.
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¡Ahora ya no hay pretexto para pedir nada! Ni QR ni credencial ni INE. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es pública.
Si por la administración central hubiera sido, ni siquiera se habrían regularizado las clases presenciales, que todavía no lo están del todo. Y es que lo más fácil para acabar con la organización de estudiantes y docentes para exigir que se cumplan sus demandas es eliminar el centro físico de su reunión: su lugar de estudio, de trabajo, de convivencia, de compañerismo, de amistad, de diálogo y discusión, en suma, de vida universitaria.
¿A qué eufemismo se recurre para justificar esto? A que somos una “universidad de primer mundo” con “la nueva cultura digital universitaria”. Hay que digitalizar todo, hasta las clases deben ser en línea.
Miren lo que está sucediendo en la Universidad Autónoma Metropolitana. La administración quiere romper el paro por violencia de género declarado por las alumnas, obligando a los docentes a dar las clases virtuales. Parece que el problema que tienen es que ni en el contrato colectivo de trabajo ni en los contratos individuales está contemplada la obligatoriedad de esta modalidad de enseñanza y la administración no los puede sancionar. Otra cosa sucedería si los docentes se prestaran a romper el paro. Actuarían como “esquiroles”, pero eso ya nos hablaría de una descomposición todavía mayor de la cohesión social universitaria.
Las bondades digitales son obvias, pero el uso que se haga de ellas es lo que importa. Justamente gracias al gobierno digital, al control absoluto de los medios digitales “al servicio de la educación” se puede acabar con cualquier movimiento organizado para lograr mejores condiciones de estudio y de trabajo.
Ahora ya tampoco son necesarias esas comisiones sanitarias y de vigilancia que se nombraron en cada consejo de unidad con atribuciones para decidir quién podía estar o no, o quién se podía reunir o no en las instalaciones universitarias. Esos comisariados ya no tienen razón de ser.
Lo que sí compete a la administración es convocar a la renovación de los consejos de unidad académica, pues ya cumplieron los dos años desde su elección. Cada autoridad personal debe solicitar a la secretaría general que convoque a esta elección que es la más compleja en la universidad dada la especificidad en la conformación de cada consejo de unidad académica.
Por ejemplo, los consejos de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sólo se partieron a la mitad cuando el consejo universitario decidió que se conformaran dos “nuevas” facultades. Ni los docentes ni los estudiantes han votado todavía por un consejo con la estructura que decidan darle con base en las áreas de los planes de estudios y los semestres que integran a las y los estudiantes.
Sabemos que el objetivo de la actual administración es modificar la legislación universitaria para verticalizar aún más el gobierno y el control burocrático y acabar con la estructura representativa y democratizante que todavía es vigente en la universidad. Digamos que el objetivo es “legalizar” los hechos consumados: candidaturas únicas en todos los niveles de elección, designaciones centrales de todo tipo de coordinaciones académicas y administrativas, suplantación de las facultades y atribuciones de los organismos colegiados de gobierno por parte del aparato administrativo y burocrático, en fin, “normalizar” todas las medidas encaminadas a violentar los derechos académicos y políticos y laborales de docentes, estudiantes y trabajadores no académicos.
Estas modificaciones tienen que ser consideradas por el consejo universitario que recién fue electo y del que no tenemos ni idea de cuáles fueron las cifras que lo llevaron a ocupar esas sillas. Lo que sí sabemos es que esos consejeros tienen la obligación no de informarnos lo que votaron, sino de informarnos con antelación cuál es el orden del día de cada reunión para evitar los “albazos” y las “prisas” para deformar y pervertir la legislación vigente.
¿No les parece a ustedes de la mayor importancia llamar la atención de todos los universitarios para estar atentos y no permitir que la administración central les sustraiga sus derechos políticos y académicos?