El 17 de septiembre, último día de campaña para la elección a la rectoría de la universidad para el período 2021-2025, tuve por fin la oportunidad de gozar de la fabulosa cantidad de 40 minutos para dirigirme a toda la comunidad universitaria. ¿A esto le podemos llamar una elección democrática? ¿A esto le podemos llamar una decisión tomada por los universitarios? ¿Desde cuándo el “carro completo” es signo de una elección libre? ¿Acaso el que haya una rectoría del género femenino la vuelve automáticamente liberadora? En fin…
En esa ocasión hice mención de lo que considero son los grandes males de la universidad y los grandes remedios para ellos. Primero los males.
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Existe un estado generalizado de violencia ejercida por autoridades y funcionarios en contra de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos.
Existe un centralismo absoluto en la toma de decisiones y en la asignación de los recursos financieros a las unidades académicas y administrativas.
Existe un ejercicio absolutamente vertical del poder lo que ha hecho de la administración una administración autoritaria, sorda y ciega.
Existe una judicialización de las relaciones administrativas, académicas y políticas entre las y los universitarios. Los problemas y conflictos ya no se ventilan en los órganos colegiados de gobierno ni en las agrupaciones académicas y políticas sino en el mostrador de un remedo de Ministerio Público.
Existe un proceso de privatización de la universidad pública que no se ha detenido a pesar de los cambios operados en el país a partir de la alternancia en el poder gubernamental.
Existe una legislación universitaria que en lo que respecta al proceso de nombramiento de la máxima autoridad personal está plagada de procedimientos que limitan los derechos políticos y violan el principio de representatividad paritaria que rige la elección democrática de la rectoría de la universidad. Es el caso del voto de las y los directores. Si el sector estudiantil, el sector magisterial y el sector de los trabajadores administrativos ya están representados mediante el voto mandatado de sus consejeros universitarios ¿de dónde les viene a las autoridades personales el derecho de votar en nombre de sí mismas, de sus intereses puramente personales?
Ahora los remedios. Dudo mucho que un “buzón de quejas y sugerencias” sea el medio más adecuado, ni siquiera como catarsis, para formular un plan de desarrollo dirigido a remediar estos grandes males.
Empecemos con nuestros estudiantes. Imagínense, tienes que ser huérfano -y no cualquier huérfano-, sino sólo un huérfano a causa del Covid para gozar de una beca. Esto parece más bien una broma macabra. ¡Ojalá que no cubra yo el requisito!, diría cualquier persona en su sano juicio. Lo peor del caso es que esta condición la impone la misma universidad que debiera recibir a todos los jóvenes que quieren estudiar, sin excepción, pues se trata de una universidad pública. ¿No se supone que ya dimos marcha atrás con la privatización de la universidad pública? Los jóvenes tienen derecho a la educación superior por ley constitucional. Una universidad pública no tiene por qué cobrar un solo peso por ningún concepto. A esto se le llama bienestar.
En cuanto a los trabajadores universitarios, ¿cómo acabar con la violencia generalizada ejercida en su contra? Asegurando sus empleos. Acabando con la subcontratación. Las definitividades no son dádivas que el trabajador tiene que agradecer. Todo lo contrario, la estabilidad laboral es un derecho. A esto también se le llama bienestar.
¿No les parece a ustedes de la mayor importancia dejar de simular que la universidad no arrastra males desde hace décadas y que es tiempo de remediarlos para que funcione como una institución genuinamente pública y autónoma?