Una vez más la administración Trump ha aprobado nuevas políticas que violan los derechos humanos de los menores de edad. El endurecimiento de las acciones gubernamentales no sólo tiene que ver con los adultos, a los cuales se le condena a la cárcel por migrar de forma indocumentada. Esta vez se aprobaron tres disposiciones nuevas, aunque la última no es en relación con los niños migrantes, también es violatoria de los derechos humanos de este sector.
La xenofobia del mandatario, que fue exhibida desde que era candidato a la presidencia, ha creado un ambiente de tensión en Estados Unidos: los migrantes están en estado de alerta constante, por las redadas y un clima de hostilidad; además, que la violencia con tintes racistas se ha incrementado, como muestra están los dos tiroteos en El Paso, Texas; además de Filadelfia y Ohio.
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Desafortunadamente el discurso de Trump ha sido acompañado de políticas endurecidas, con el objetivo de detener el arribo de migrantes y de hostilizar y deportar a quienes están viviendo de manera ilegal en este país; sea cual sea su condición social, política y de salud. Estas disposiciones gubernamentales no sólo se enfocan a los adultos, sino también a los niños:
La primera de ellas, tiene que ver con la deportación de infantes indocumentados que padecen cáncer y que tienen un permiso especial para permanecer en el país, sin embargo, este quedará anulado, una vez notificados los pacientes y sus familias, tendrán 33 días para abandonar el territorio estadunidense. Para Mariela Sánchez una madre de Honduras quien ha solicitado exención especial para su hijo Jonathan de 16 años que tiene fibrosis quística, la deportación significa la condena a muerte para su hijo. Este como en todos los casos, crea desesperanza para cientos de niños enfermos, pues será difícil regresar a sus países de origen, en donde no hay abastecimiento, ni la infraestructura para la atención médica. El anuncio de la política fue hecho el 7 de agosto por una portavoz de Servicios de Ciudadanía e Inmigración
La segunda política recientemente aprobada tiene que ver con detener a familias inmigrantes sin papeles de forma indefinida, anulando de esta forma el “Acuerdo Flores” (1997) que obligaba a las autoridades a liberar a los menores a los 20 días. Esta permite que el Departamento de Seguridad Nacional encarcele a las familias y a los niños indefinidamente, en lugares donde hay evidencia de peligro y violación a sus derechos humanos. El secretario de Seguridad Nacional prometió que los niños serán tratados con dignidad y respeto. (El País, 2019). Se planean crear más espacios para “albergar” a más personas, se calculan más de 3000 migrantes. La Academia Estadunidense de Pediatría (AAP por sus siglas en inglés) ha reiterado en un sinfín de ocasiones que estos centros de detención no son pertinentes para los niños, pues puede ser una experiencia traumática.
Esto significa que más migrantes irán para los centros de detención, recordemos que estos espacios actualmente están sobrepasados en capacidad. Cabe destacar que, a pesar de la orden de un juez de no separar a los niños de sus padres, estos continúan siendo separados y llevados a centros de detención especiales para menores. Una nota del periódico estadunidense “The New Yorker” evidencia, que, en un centro de detención de El Paso, Texas, donde se encuentran los niños migrantes (la mayoría centroamericanos) no hay alimentación suficiente, higiene, psicólogos y médicos para su atención; que son “cuidados” por niños mayores, no hay colchones, ni cobijas que suficientes, además de que no se asean seguido. Mantener a los infantes en estos lugares es una medida absurda, pues podrían regresarlos a sus países de origen o con un familiar en Estados Unidos. La pregunta es: ¿Por qué si este país tiene la infraestructura necesaria no los regresa con sus familiares? El odio también va cargado a los más vulnerables.
Esta semana también se anunció una medida, que, aunque no es contra los niños migrantes, si afecta a este sensible sector; va enfocada a los infantes que no hayan nacido en Estados Unidos, pues estos ya no tendrán la ciudadanía de forma automática (como antes) y serán afectados los miembros del ejército y empleados del gobierno que trabajan en el exterior, además de los niños que sean adoptados. El requisito es que tengan la residencia, además de que los padres estadunidenses hagan la solicitud de ciudadanía a su nombre antes de cumplir los 18 años.
La intolerancia y la xenofobia han sido una constante en los casi cuatro años de gobierno de Donald Trump, su discurso legitima las conductas racistas. En este país existen todas las condiciones que provocan violencia: 1) la retórica del presidente; 2) la facilidad para adquirir las armas y 3) los valores sociales que lo permiten, hacen un campo de guerra y un círculo vicioso. Sin embargo, algunas medidas podrían ayudar a generar un cambio: la regulación de armas, así como también un ambiente político y social encaminados a la tolerancia y paz, pero esto sólo será posible en el siguiente año cuando se elija a un nuevo presidente.
Estas políticas son de control, pero también de castigo y no sólo se enfocan a criminalizar a los adultos sino también a los niños, poniéndolos en riesgo en lugares y circunstancias que pueden significar su muerte o al menos un trauma. No hay explicación razonable para que los niños sigan en los centros de detención, ahora alargando su estancia. Las trabas para la ciudadanía a niños extranjeros, dan la idea de que el nacionalismo de Trump se basa en la imagen prejuiciada de lo que debería ser un estadunidense ejemplar: blanco y descendiente de europeos. Se trata de medidas de intolerancia que incitan al odio y que legitiman la violencia, en un país donde existen las condiciones necesarias para que la violencia se manifieste en cualquier momento.