Los funcionarios de alto rango que pertenecen al gabinete municipal de San Andrés Cholula están cometiendo el delito de usurpación de funciones, ya que se ostentan y firman documentos oficiales como licenciados, arquitectos o abogados cuando no cuentan ni con el título ni la cédula profesional respectiva.
Tal es el caso del secretario general del ayuntamiento de San Andrés Cholula, Daniel Anteliz Magaña; el secretario de Desarrollo Social César Espinosa Bautista; Aldo Burelo Cacho, coordinador de asesores del presidente municipal y Saúl Sandoval Tepox, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
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Todos ellos, pese a su alta jerarquía dentro de la administración municipal, no cuentan con los estudios universitarios ni con la preparación que se requiere como funcionarios públicos, y aun así, firman documentos oficiales como profesionistas.
Estos funcionarios públicos, sin embargo, son reconocidos en San Andrés por ser identificados como parte del círculo político (y hasta de compadrazgo) del alcalde Leoncio Paisano.
Se recordará que el pasado miércoles, el actual secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Saúl Sandoval Tepox, fue denunciado ante la Procuraduría General de la República, ya que el funcionario se ostenta con una profesión de arquitecto, cuando no cuenta con la cédula profesional respectiva. Este delito (usurpación de funciones) está tipificado en el Código de Defensa Social de Puebla artículos 258 fracción II. La denuncia fue interpuesta por Erick Cuatepotzo Varela en la agencia del ministerio público de San Andrés Cholula y se turnó a la Fiscalía Especializada en delitos cometidos por servidores públicos. Al mismo tiempo, se tunó a oficios a la Dirección General de Profesiones de la SEP federal.
Los delitos cometidos por estos funcionarios públicos no son un tema menor, sobre todo si tomamos en cuenta los antecedentes de irregularidades y corrupción que se están cometiendo en este municipio a expensas de los desarrolladores y constructores. Recordemos que San Andrés Cholula, en este momento, se concentra la mayor inversión del país en desarrollo inmobiliario.
Así se explica la cantidad de obra sin licitación ni permisos de construcción que se sigue realizando en ése municipio, así como los señalamientos de extorsión del cual son víctimas los constructores.
Todo esto en manos de personas que ostentan profesiones falsas, y que presentan documentos apócrifa para sustentar estudios y preparación con la que no cuentan.
Cabe entonces la pregunta: ¿De qué tipo de personas se rodea el presidente municipal Leo Paisano?, ¿con qué clase de servidores públicos está gobernando?, ¿para qué contrató a sus ‘compadres’ en puestos tan relevantes que van relacionados a todo lo que compete a la industria de la construcción?, ¿a qué intereses están respondiendo estos supuestos ‘abogados, licenciados y arquitectos?, ¿a las necesidades de una ciudad que está creciendo arbitrariamente y sin orden, o de los requerimientos del bolsillo de un grupo de políticos?
Los desarrolladores están comprometiendo su patrimonio, generan empleos y pagan impuestos, y sin embargo, tiene que destinar parte de su inversión a los sobornos que les exigen los funcionarios de San Andrés.
Lo peor de este asunto es el silencio de Leo Paisano.
Pese a las pruebas y las denuncias ya presentadas ante instancias federales, el alcalde de San Andrés Cholula ni pío dice, al contrario, se mantiene alejado de los reflectores y se esconde de los periodistas.
Entonces, ¿cuál es la postura del alcalde?
¿Y los regidores?, ¿qué opinan al respecto?, porque se supone que su función es vigilar y regular el gobierno municipal, ¿acaso están actuando como cómplices?, ¿y el contralor municipal, qué dice ante los hechos, ante la ausencia de permisos de construcción por parte de casi 20 inmobiliarias que están trabajando en la zona, levanto edificios de más de 7 pisos?
Leo Paisano parece que está siguiendo los pasos de su hermano, el excalde Guillermo Paisano, quien al día de hoy no ha solventado el pliego de cargo que le hizo la Auditoría Superior de la Federación y que lo tiene con un pie en la cárcel.
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