La remodelación del Zócalo, la principal atracción turística de la capital poblana, está en riesgo y será hasta la próxima semana cuando la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tenga certeza sobre si continuar o cancelar el proyecto.

Lo mismo sucede con las intervenciones en el mercado de Amalucan, que junto con la plaza de armas han derivado en un conflicto político entre el gobernador Miguel Barbosa Huerta y la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco.

El 30 de enero, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, visitó la ciudad de Puebla para anunciar un ambicioso plan que representaría una inversión de 181 millones de pesos en cuatro proyectos.

Las obras eran la intervención del primer cuadro de la ciudad, un nuevo mercado en Amalucan, la rehabilitación de la Planta Hidroeléctrica Carmela, además de la nueva imagen del Parque de Barrio en la colonia México 83.

Actualmente, en la página oficial los dos primeros proyectos fueron borrados y sólo quedan la rehabilitación de la Planta Hidroeléctrica Carmela y el cambio de imagen del Parque de Barrio en la colonia México 83, el primero que fue retomado por el gobierno de Puebla a petición del mandatario Miguel Barbosa.

El área de Comunicación Social de la Sedatu informó que hasta el momento las "obras siguen en pie". En tanto, las autoridades federales tendrán una reunión con el gobierno municipal “para evaluar cómo se va a proceder con ambos proyectos”, agregó.

Durante la conferencia matutina del gobierno municipal, Israel Román Romano, titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, señaló que la continuidad en las obras son una determinación de la Sedatu.

En este momento, no tenemos conocimiento (de alguna cancelación). Ya tendremos una conferencia de prensa específica para esos temas”, declaró.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que hay un rumor sobre la cancelación de dos de los cuatro proyectos, de los que, dijo, aún no cumplen con los requisitos que impidieron el arranque de obra.

Falta de seriedad en la obra: Barbosa

El mandatario poblano declaró que desde el inicio hubo una falta de seriedad en la obra al no cumplir con los requisitos.

“Hasta la fecha están incompletos los documentos de esas obras, no tengo información, más que rumores sobre la cancelación, no los tengo, yo lamento mucho eso. Finalmente son obras que deben de llevarse a cabo y que desafortunadamente se trataron en muchos niveles con falta de seriedad”, dijo.

En el caso del Zócalo de Puebla y el mercado de Amalucan comentó que se hicieron muy polémicos y hubo rechazo social.

Una vez más, sin presentar pruebas, acusó que se habían robado las lajas del Centro Histórico y pidió a quien se las llevó que las devuelva.

“Si ya no se va a llevar a cabo la obra, que devuelvan todas las lajas por favor, le voy a pedir a la Comisión Intersecretarial que pregunte institucionalmente (…) le pido al INAH que se meta y nos rinda un informe público”, declaró.

El 14 de mayo, el INAH señaló que las piezas de piso basáltico ─comúnmente denominadas como laja poblana─, están siendo registradas minuciosamente, ante el desarrollo de la obra, procurando la conservación de un material pétreo natural característico de la región.

Las lajas fueron integradas a la plancha del zócalo en diferentes momentos de la segunda mitad del siglo XX y algunas otras durante el XXI.

Según Miguel Barbosa, no va a permitir que las lajas estén en los pasillos de “patios privados” ni en jardines particulares.

Obras en el zócalo detenidas desde abril

En la segunda semana de abril, trabajadores de la empresa Galbher –que ganó en el proceso de licitación el desarrollo de la obra–, suspendieron los trabajos previos a la remodelación del zócalo de Puebla.

La suspensión se dio después de que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta declaró que no había liberado permisos para las intervenciones de infraestructura en el zócalo y amagó con colocar sellos de clausura. La acción nunca se ejecutó.

Desde el 15 de marzo, los trabajadores iniciaron con la colocación de muro provisional de madera para evitar accidentes e iniciar con trabajos previos en jardineras.

Luego, las paredes obstruyen la imagen del interior, pero desde fuera han servido como un elemento para visibilizar los problemas sociales como el rostro de desaparecidos, la cultura ambiental y la falta de legislación sobre el aborto.

La intervención en el zócalo representaría una inversión del gobierno federal por más de 52 millones de pesos, e incluirá la renovación de pavimento en basamento, calles perimetrales y en áreas de rodamiento y enseres.

También, la modernización del alumbrado; restauración de dragones imperiales y monjes; pintura de postes; iluminación en monumentos, fuentes y fachadas.

Además de los permisos y supuesto robo de lajas, Miguel Barbosa también puso como un obstáculo la pandemia para impedir obras.

En ese momento, la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco respondió que el “mejor momento” para remodelar el zócalo era en los meses cuando la pandemia había reducido de manera importante la movilidad.

“El modelo de gobernanza ya cambió, ya no es una persona la que decide qué sí y qué no se hace, el modelo ahora es con la gente”, declaró el 4 de febrero.

Locatarios se opusieron a nuevo mercado

La demolición y construcción del mercado de Amalucan ponen en riesgo la inversión de 77.9 millones de pesos y los trabajos preliminares nunca se desarrollaron por la negativa de un grupo de vendedores, mientras el resto, trabaja en carpas sobre el camellón principal de la colonia.

Entre el grupo inconforme están miembros de la organización Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de octubre”, quienes respaldaron a la última conferencia de prensa, el 24 de mayo, a locatarios que advirtieron con seguir laborando en sus puestos.

Además, acusaron que los tres niveles de gobierno no les dieron una respuesta sobre el proyecto integral, cuya copia esperaban desde el 7 de mayo.

Desde que se anunció la obra, los locatarios protestaron casi todos los días en diversas calles de la capital y las marchas alcanzaron a la ciudad de México para pedir ayuda al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La encargada de despacho de la Secretaría de Gobernación (Segom), Catalina Pérez Osorio, siempre refirió que era un grupo menor el que estaba inconforme y que se dieron las condiciones para que trabajaran en la vía pública mientras se desarrollaban las obras.

En marzo estaba programado el inicio de los trabajos  del paquete de obras y el plan original contemplaba que en septiembre estarían concluidos.