El diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, denunció que en el municipio de Zacatlán y comunidades aledañas, empresas inmobiliarias están ofreciendo y vendiendo lotes sin servicios básicos de habitabilidad como agua potable, red de energía eléctrica y drenaje, con la promesa de que en un futuro se podría edificar una vivienda, contraviniendo el derecho al consumidor y el derecho humano y constitucional de acceder a una vivienda adecuada. 

“Situación que alarma a los habitantes de diversas comunidades del municipio, al señalar que ni siquiera ellos cuentan con dichos servicios básicos y que con la implementación de nuevos desarrollos habitacionales se verán aún más perjudicados”, señaló.  

El legislador por el Distrito 6, refirió que este esquema fraudulento sucede en el norte del estado de Puebla, argumentando que empresas como Inmobihogar, Inverplús, Bienes Raíces Vaal y Vidcrea se publicitan a lo largo de todo el municipio ofreciendo lotes con servicios disponibles, “cuando son totalmente irregulares y en algunos casos, se señala que más de una empresa ofrecen los mismos predios”. 

En la ranchería Ayotla, localizada en el norte del municipio de Zacatlán, apuntó, la inmobiliaria Inmobihogar pretende desarrollar un proyecto denominado “Eco-Desarrollo La Cima” el cual comprende 110 lotes de 900 metros cuadrados en un terreno rústico, de uso de suelo agrícola, en donde no hay sistema de drenaje, ni de agua potable ni servicio eléctrico. 

Carvajal Hidalgo aseguró que dicho proyecto resulta violatorio al artículo 48, fracciones II y III, de la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla, por la presumible inexistencia de las constancias de factibilidad de dotación de los servicios de agua potable y drenaje sanitario, de factibilidad de dotación los servicios de energía eléctrica y alumbrado público, que por virtud del mismo artículo los documentos tuvieron que haber sido entregados ante el Ayuntamiento, recayendo directamente la responsabilidad en el Director de Obra Pública del gabinete, para la obtención de la licencia de construcción de un fraccionamiento. 

Señaló, que la venta del total de los 110 lotes, tomando en consideración que el precio ronda en los 130 mil pesos, nos da un total de 14 millones 300 mil pesos. La inmobiliaria también ofrece construir eco-cabañas en alrededor de 500 mil pesos cada una, tomando en consideración 110 en ese precio, en suma la venta de los predios significa un negocio de 69 millones 300 mil pesos, es decir, “un negocio millonario a base de un fraude que, de acuerdo con el Código Penal Federal, se pagaría con prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario”. 

“Dichos lotes contravienen al derecho humano a una vivienda adecuada consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al no cumplir con los elementos fundamentales. 

Puntualizó, que una vivienda digna consiste en: La seguridad de la tenencia: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan con cierta medida de seguridad de la tenencia que les garantice protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas; Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de residuos; Asequibilidad: la vivienda no es adecuada si su costo pone en peligro o dificulta el disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes; Habitabilidad: la vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física o no proporciona espacio suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales; Accesibilidad: la vivienda no es adecuada si no se toman en consideración las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados; Ubicación: la vivienda no es adecuada si no ofrece acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si está ubicada en zonas contaminadas o peligrosas; y Adecuación cultural: la vivienda no es adecuada si no toma en cuenta y respeta la expresión de la identidad cultural”.  

Indicó, que de acuerdo con información recabada, algunos de los habitantes de la comunidad de Ayotla se proveen del agua de un manantial localizado en el rancho Almeya, el cual tiene capacidad para abastecer a 150 familias, empero ya se encuentra rebasado porque actualmente suministra a 180 familias, por lo que resultaría insostenible adicionar 110 vivienda del proyecto Eco-Desarrollo La Cima. 

“Por tal motivo, resulta indispensable implementar medidas urgentes para garantizar que la venta de los lotes que ofrecen las inmobiliarias se apegue a la legalidad, salvaguardando el derecho constitucional del consumidor, y el derecho humano y constitucional de acceso a una vivienda adecuada, al tiempo de generar un ambiente de tranquilidad en los habitantes de la comunidad de Ayotla, al no verse amenazados con un nuevo desarrollo inmobiliario que podría reducir sus ya escasos servicios básicos de habitabilidad”, advirtió.

Carvajal exhortó a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el ayuntamiento de Zacatlán, a que garanticen que la venta de lotes en la Sierra Norte se ajuste a la legalidad y a un correcto ordenamiento territorial.