Puebla, un caso grave de represión a la protesta en AL: Ong’s

Organizaciones civiles de América Latina ubicaron a Puebla como un ejemplo grave de represión a las protestas sociales por la aprobación en 2014 de la ley que permite el uso de la fuerza pública para dispersar manifestaciones.

Aunque existe una iniciativa para abrogar esa normativa, la petición se quedó en el tintero y actualmente sigue vigente.

Este miércoles un colectivo integrado por 10 Organizaciones No Gubernamentales (Ong´s) presentaron el informe “Los estados latinoamericanos frente a la protesta social”, el cual recoge casos de gobiernos que han legislado para evitar ese tipo de expresiones.

Según el reporte, los estados latinoamericanos reproducen prácticas para restringir, impedir o criminalizar la protesta social, como sucede en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela.

[relativa1]

La entidad, un “caso grave”

Las Ong´s indican que Puebla es un caso grave de la criminalización de las manifestaciones, pues citaron la ley que aprobaron los legisladores locales en mayo de 2014 para regular el uso de la fuerza pública.

El artículo 44 establece el uso de las armas como medida de legítima defensa, para responder agresiones, para preservar la vida o evitar afectaciones a la integridad física graves de los policías o de terceros.

Esa ley permitió a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) disolver una manifestación en la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan el nueve de julio de 2014, en la que se exigía la restitución de la oficina del Registro Civil.

Ahí los agentes hirieron de muerte al niño José Luis Tehuatlie Tamayo, así como a una veintena de pobladores, además de que también se registraron policías heridos.

El caso fue atraído por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien lo clasificó como un caso grave de violaciones a las garantías individuales de quienes participaron por parte de la administración estatal.

A la fecha, no ha recibido ninguna sanción por los hechos el exsecretario de Seguridad Pública Facundo Rosas Rosas, quien encabezó el operativo.

Otro caso citado en el informe fue la detención de jóvenes que protestaron el 10 de noviembre de 2014 para exigir a las autoridades federales la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quienes además fueron golpeados por policías de la Ciudad de México.

Las organizaciones que elaboraron el informe son Justiça Global, de Brasil; Corporación Humanas y Observatorio Ciudadano, de Chile; CAJAR- Colectivo de Abogados José Álvarez Restrepo, Colombia; APRODEH- Asociación Pro Derechos Humanos, Perú; CELS- Centro de Estudios Legales y Sociales, de Argentina.

Así como Centro Prodh- Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, México; Fundar- Centro de Análisis e Investigación, México; Frente por la Libertad de expresión y la protesta social, México; Codehupy- Coordinadora Derechos Humanos Paraguay; Provea- Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Venezuela.

[relativa2]