Relator ONU acusa uso de Ley Bala contra protestas en Puebla

El relator de la ONU, Michel Forst, mostró su preocupación por el aumento del uso de la fuerza para contener protestas en México, e hizo mención especial a la existencia de la Ley Bala en Puebla que permite a la policía el uso de la fuerza para disolver movilizaciones.

En su informe, presentado en el Centro de Información de las Naciones Unidas en la Ciudad de México, el relator destacó que las principales problemáticas en el país son la impunidad del 98 por ciento, ausencia de mecanismos en los estados para la protección a defensores de derechos humanos y periodistas, así como deficiencias en el funcionamiento de las comisiones de Derechos Humanos en los estados.

Los resultados forman parte del diagnóstico para el cual el defensor de origen francés se reunió con activistas, autoridades y más de 800 organizaciones en todo el país, entre las que destaca la 28 de Octubre, en Puebla.

En Puebla se utiliza la Ley Bala para disolver protestas

Forst expuso que si bien la libertad de reunión pacífica está garantizada por la constitución mexicana, existe preocupación por el aumento de las injerencias y el uso de la fuerza en las protestas pacíficas en el país, “especialmente cuando los manifestantes plantean cuestiones delicadas o se oponen a proyectos de gran escala”.

Refirió que en 2006, en Atenco, las protestas contra la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México resultaron en dos personas muertas y más de 200 personas detenidas y criminalizadas, incluyendo mujeres que fueron víctimas de tortura sexual.

En diciembre de 2012, en la Ciudad de México, se documentaron cerca de 100 detenciones arbitrarias y seis casos de tortura.

Mientras que en Puebla, la legislación local permite a la policía utilizar armas de fuego o fuerza letal para disolver las protestas, destacó el relator.

Hay que recordar que con base en esta ley se realizó un operativo en 2014 en la comunidad de Chalchihuapan para controlar a un grupo de manifestantes, el cual derivó en la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo.

Aunque el gobernador Rafael Moreno Valle Rosa afirmó que la legislación sería derogada, esta sigue vigente.

La impunidad es del 98%

Entre los argumentos del informe, Michel Forst destacó que el nivel de impunidad en México, relacionado con los ataques a defensores y periodistas, es del 98 por ciento.

“Es muy alto el nivel de impunidad que existe en el país. A través de mi informe quiero mostrar la urgencia de una lucha contra la impunidad”.

Manifestó que los principales atacantes son la policía, los militares y el crimen organizado.

“Los defensores son vistos como enemigos del Estado. Algunos funcionarios de alto nivel los consideran ecoterroristas, lo cual no es una buena señal, por lo que están desprotegidos”, subrayó.

El relator de la ONU centró su diagnóstico en la Ciudad de México, así como en los estados de Oaxaca, Chihuahua, Guerrero y México, aunque recibió a organizaciones de 24 entidades, entre ellas, Puebla.

Relator acusó apatía en comisiones de los estados

Michel Forst consideró que pese que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace un buen trabajo, podría hacerlo con una mayor eficacia.

Asimismo, subrayó que encontró un “menor entusiasmo” por parte de las comisiones de derechos humanos en los estados, las cuáles, en su opinión, “pudieron hacer un mejor trabajo”.

“Podrían emitir muchas más recomendaciones, darle seguimientos, impugnar leyes que no cumplen con reglamentos internacionales en materia de derechos humanos”.

No existen mecanismos en estados para proteger activistas y periodistas

Agregó que en los estados del país no existen mecanismos para atender a la protección de defensores de los derechos humanos.

Subrayó que obtuvo testimonios de activistas que argumentaron que no les funciona el botón de pánico que se les asignó para cuidar su seguridad, quienes además solicitan no estar protegidos por policías.

Periodistas viven en gran riesgo

Michel Forst concluyó que los periodistas en México viven un gran riesgo por el nivel de asesinatos y secuestros.

Refirió que según reportes de la Fiscalía especializada entre 2010 y 2015 había 31 investigaciones relativas a homicidios y 25 relacionadas con desapariciones.

“Enfrentan un riesgo muy elevado. México es uno de los países más peligrosos para los periodistas. Muchos han sido asesinados. Las mujeres periodistas son atacadas por el hecho de ser mujeres. Pedimos protección para ellos”.

Apartado especial para mujeres

El relator dedicó un apartado especial para documentar los ataques contra defensoras de derechos humanos.

Afirmó que las activistas son atacadas, hostigadas y amenazadas de muchas formas, además de que existen casos de ataques sexuales.

“La situación es preocupante. Pedimos protección para las mujeres. Hay que continuar para buscar soluciones. Muchas no quieren ser protegidas por hombres sino por mujeres”.

Manifestó que otro grupo en riesgo son los indígenas, a quienes no se les consulta para la instalación de los llamados “proyectos de muerte”, señaló.

“Ellos dicen que nadie los escucha cuando una compañía decide hacer un proyecto en sus comunidades. Nos juntamos con los activistas de la tierra. Quieren proteger su lago, su río, su montaña. No pueden hacerlo porque el poder de las compañías es fuerte”, mencionó.

El relator afirmó que en breve regresará a México para confirmar si sus recomendaciones fueron acatadas por las autoridades mexicanas.

“El estado mexicano no puede ser sancionado en caso de que no cumpla pero hay otro tipo de sanciones como la imagen diplomática del país. Esta se vería dañada”, dijo.