Como es de conocimiento público, el 3 de enero pasado fuerzas estadounidenses atacaron militarmente la capital de Venezuela y secuestraron al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores mediante un operativo que incluyó bombardeos, helicópteros de guerra y fuerzas especiales, las cuales, después de asesinar a un número no determinado de escoltas del presidente, trasladaron a Maduro a Nueva York (en donde están radicados diversos cargos en su contra ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York).
Este es un hecho sin precedentes que constituye una grave y flagrante violación del derecho internacional.
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Estados Unidos basa sus acusaciones en testimonios de narcotraficantes colombianos que "cooperaron" con instancias gubernamentales de los Estados Unidos buscando reducir sus condenas, sin evidencias documentales de ningún tipo, pero sí con una campaña mediática sin precedentes para preparar el camino que justificara la acción militar del pasado 3 de enero.
Donald Trump ha declarado desde hace años las intenciones de su gobierno de tomar el petróleo de Venezuela; desde su primer mandato lo declaró, pero el cinismo colonial llegó a su máxima expresión cuando en el mes de diciembre pasado afirmó: "Venezuela está completamente rodeada por la mayor Armada jamás reunida en la historia de Sudamérica. Sólo se hará más grande, y el impacto para ellos será como nada que hayan visto antes, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que previamente nos robaron". [1]
Estas palabras declaraban de facto como propias las riquezas que se encuentran en el subsuelo venezolano, afirmaciones grotescas que preparaban ya el camino para los actos de piratería que cometió la fuerza naval estadounidense y más tarde la agresión militar y el secuestro del presidente Maduro y su esposa.
Asedio permanente
Maduro gobierna bajo asedio permanente, con sanciones económicas desde 2014 que se intensificaron en 2017 y causaron "más de 40 000 muertes entre 2017 y 2018" [2], según el Centro de Investigación Económica y Política de Washington, al colapsar la economía y limitar el acceso a medicinas. Esta es una estrategia donde Estados Unidos impone sanciones que matan, culpa al gobierno por esas muertes y usa esas muertes para justificar la intervención.
Venezuela ha preservado la propiedad estatal sobre el petróleo; con eso ha mantenido programas sociales amplios en beneficio de los más pobres, que conforman en su mayoría la base social del chavismo, y ha sostenido una política exterior independiente de los Estados Unidos, aliándose con Rusia, China, Irán y Cuba, lo cual es parte de lo que no se le perdona.
Los procesos electorales en Venezuela de los últimos años han sido señalados de fraudulentos por sectores conservadores, pero no hay evidencias documentales con el suficiente peso para sostener tales acusaciones; más bien, ha sido una guerra mediática la que ha prevalecido de parte de las elites económicas venezolanas que no han tolerado que un hombre que trabajó como conductor de autobús en el sistema del metro de Caracas sea el presidente del país y sostenga el proyecto de su antecesor, el presidente Hugo Chávez.
Violaciones al derecho internacional
La Carta de las Naciones Unidas establece en su artículo 2.4 que "los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas". [3] Bombardear Caracas para secuestrar al presidente viola este principio fundamental.
Además, la Corte Internacional de Justicia estableció en su sentencia del 14 de febrero de 2002 en el caso relativo a la Orden de Arresto (República Democrática del Congo contra Bélgica) que los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de Relaciones Exteriores en ejercicio gozan de "inmunidad de jurisdicción penal e inviolabilidad" conforme al derecho internacional, y que esta inmunidad permanece vigente "incluso cuando se alega que ha cometido un crimen internacional". [4]
La Corte concluyó que "no ha podido deducir de la práctica [estatal] la existencia, en derecho internacional consuetudinario, de una excepción cualquiera a la regla que consagra la inmunidad de jurisdicción penal y la inviolabilidad de los ministros de relaciones exteriores en ejercicio". [5]
Estados Unidos ha ignorado sistemáticamente las leyes internacionales al grado de cometer actos de piratería, asesinatos públicos a pescadores en el Caribe y ahora secuestros internacionales sin ningún tipo de recato; sus acciones son llanamente actos de piratería y terrorismo.
¿Dónde están las órdenes contra Bush por Irak, contra funcionarios por torturas en Guantánamo, contra Netanyahu por Gaza, donde decenas de miles de palestinos han sido asesinados con armas estadounidenses? No existen porque solo se acude a la justificación jurídica contra naciones que desafían la hegemonía occidental y no ceden al saqueo de sus recursos naturales ni de sus territorios.
Las exigencias
En el escenario mundial actual, las críticas al gobierno de Maduro quedan en un segundo término. Insistir en ellas para justificar lo injustificable es mezquino y miserable; es ponerse del lado de los criminales. Sólo basta con ver las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, felicitando a Donald Trump, en donde reconoce que "Israel celebra que haya quitado al dictador que lideraba una red de drogas y terrorismo", para darse cuenta de qué lado están los enemigos de la humanidad y los terroristas.
En este momento, defender a Maduro es defender la soberanía nacional propia, porque lo que hacen a Venezuela hoy pueden hacerlo a cualquier país latinoamericano mañana.
Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela, fue secuestrado mediante un ataque militar ilegal y debe ser liberado inmediatamente. Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre el presidente de un país soberano y las acusaciones que se le imputan son claramente pretextos coloniales para justificar el saqueo del petróleo que Trump admitió públicamente que quiere.
Si la Revolución Bolivariana es legítima, sobrevivirá, pero esa decisión corresponde al pueblo venezolano, no a Estados Unidos. Por lo tanto, la exigencia de los hombres y las mujeres libres del mundo debe ser clara: liberación inmediata de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, retorno inmediato a Venezuela, juicio a Donald Trump por crímenes contra la humanidad y respeto a la soberanía de todas las naciones latinoamericanas.
Referencias
[1] CNN. "Trump ordena un 'bloqueo total' a petroleros sancionados que lleguen y salgan de Venezuela". 16 de diciembre de 2025.
[2] Weisbrot, Mark y Sachs, Jeffrey. "Sanciones económicas como castigo colectivo: El caso de Venezuela". Center for Economic and Policy Research (CEPR), Washington D.C., abril de 2019, p. 4.
[3] Organización de las Naciones Unidas. "Carta de las Naciones Unidas". Capítulo I, Artículo 2, párrafo 4. San Francisco, 26 de junio de 1945.
[4] [5] Corte Internacional de Justicia. "Orden de arresto de 11 de abril de 2000 (República Democrática del Congo contra Bélgica)". Sentencia del 14 de febrero de 2002. I.C.J. Reports 2002, párrafos 58 y 61.
[6] El Tiempo. "Israel felicitó a Donald Trump por llevar a cabo el operativo que dio con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa". 3 de enero de 2026.