El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 se construirá en un contexto económico peculiar, ya que a pesar del déficit fiscal que en 2024 alcanzó 5.7% del PIB y en medio de tensiones comerciales internacionales que presionan nuestras finanzas, hemos tenido notables avances, sobre todo en cuanto a reducción de pobreza.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) maneja un gasto superior a 9.2 billones de pesos, continuando con la disciplina fiscal sin renunciar al carácter social que ha distinguido a esta administración. El presupuesto no solo refleja números y proyecciones, sino que constituye un instrumento político que marcará la ruta del país en un año clave para la consolidación de la transformación: 2026.
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Este periodo de sesiones en la Cámara de Diputados es fundamental, pues desde 2018 el presupuesto público se ha orientado a aliviar las desigualdades y redistribuir la riqueza, por lo menos así lo demuestra un dato concreto: 13 millones de personas han salido de la pobreza.
Los dos pilares del PEF 2026 son claros: los programas sociales y la inversión en infraestructura. El primero se blinda frente a recortes y garantiza la continuidad de apoyos como la Pensión Bienestar, que se amplía en cobertura y asegura ingresos mínimos a millones de adultos mayores. Es un mensaje inequívoco de justicia social, de que el Estado no abandona a los sectores más vulnerables. El segundo pilar, la inversión en infraestructura, concentra recursos en proyectos estratégicos de transporte, movilidad y obras públicas. Esto no solo significa crecimiento económico, sino también la posibilidad de generar empleo, detonar cadenas productivas y atender desigualdades regionales históricas.
Sin embargo, también hay tensiones que no pueden minimizarse. En salud, aunque se prioriza la atención en zonas rurales y servicios comunitarios, persiste la preocupación sobre si el gasto será suficiente para responder a las necesidades crecientes. En honor a la verdad este rubro es uno de los grandes pendientes del régimen y al mismo tiempo nuestra prioridad. En seguridad pública, los ajustes y la racionalización de programas levantan dudas legítimas sobre la capacidad de atender la violencia que persiste en distintas regiones del país. Estos rubros serán parte central del debate legislativo y desde nuestra posición exigiremos que se fortalezcan, porque la justicia social no puede avanzar sin un sistema de salud robusto ni sin comunidades seguras.
Otro elemento a considerar es la nueva estructura programática que reorganiza y simplifica el gasto, pasando de más de 800 programas a poco más de 660. La intención es lograr eficiencia administrativa, pero también abre debates necesarios sobre transparencia y la posible desaparición de programas específicos.
En el Congreso debemos vigilar que este reordenamiento no implique perder apoyos focalizados ni dar pie a opacidad en la aplicación de recursos. La austeridad administrativa no puede ser excusa para debilitar la política social.
Persisten tres riesgos constantes desde hace un tiempo: la economía ha crecido por debajo de lo previsto; la recaudación cada vez es mayor, pero insuficiente; los ajustes en salud y seguridad han generado un desgaste político y social; y la transición a una nueva estructura programática complica la ejecución y fiscalización del gasto.
El PEF 2026 será, en suma, un presupuesto de continuidad con matices de ajuste. Refuerza la narrativa social del gobierno y mantiene la inversión pública como motor económico, pero enfrenta las limitaciones de un entorno incierto. La oposición querrá centrar sus críticas en los recortes a salud y seguridad o en la falta de mecanismos de transparencia, mientras que nosotros defenderemos los logros en programas sociales e infraestructura. Pero más allá de la disputa partidista, sin caer en la banalidad y el absurdo que presenciamos esta semana con la intransigencia del senador priista Alejandro Moreno, lo fundamental es que el dinero público se traduzca en beneficios palpables para la ciudadanía, en hogares con certidumbre, en calles seguras y en servicios de salud que respondan a las necesidades reales.
En este debate, nuestra posición será clara: respaldar un presupuesto que sostiene la justicia social, pero al mismo tiempo señalar con firmeza las áreas donde hacen falta ajustes: salud y seguridad.
Porque el gasto público no es una abstracción técnica, sino la definición política de quién recibe apoyo y quién queda al margen. Y desde Morena sostenemos que el pueblo no puede quedar nunca al margen, porque nuestra principal filosofía es que por el bien de todos primero los pobres.