En las democracias liberales, la formalidad del proceso legislativo requiere de estudios y consultas ciudadanas, entre otros mecanismos que legitimen la promulgación de nuevas leyes o reformas. Los foros se realizan de manera previa, repito, al menos como ritual de legitimación. Cuando el Congreso invierte este orden y pretende legitimar lo ya aprobado mediante consultas posteriores, revela que no respeta las formas mínimas de la democracia representativa, desnudando así su carácter autoritario y el poco o nulo respeto, y seguramente algo de ignorancia, de las formas más elementales de la política y la administración pública.
El caso de los foros sobre la ley de ciberasedio en Puebla representa un ejemplo claro de cómo el grupo en el poder utiliza la simulación democrática para ocultar su vocación caciquil. El gobierno de Puebla respondió al rechazo nacional e internacional de su ley represiva no con rectificación, sino con unas de las farsas más burdas en la historia política del estado: organizar "foros de consulta" sobre una ley que ya había sido aprobada, publicada y puesta en vigor.
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Los hechos revelan el desprecio sistemático por la participación ciudadana. El 12 de junio de 2025, el Congreso del Estado aprobó la ley de ciberasedio mediante un proceso acelerado, sin consulta pública y con argumentos pobres y sin sustento. El 14 de junio se publicó en el Periódico Oficial, entrando en vigor inmediatamente. Sólo después, cuando las críticas de organizaciones como la ONU, Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla, entre otras, junto con algunas declaraciones de funcionarios federales, hicieron eco en la ciudadanía, se decidió la organización de algunos foros sobre esta ley. La presidenta del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, respondió de manera inmediata al exhorto gubernamental, no así a los llamados de las organizaciones y de los ciudadanos.
La ridiculez del ejercicio revela la concepción instrumental del gobierno sobre la democracia: consultar sobre una ley ya vigente es como preguntar a los trabajadores si están de acuerdo con su despido después de firmarlo. Se trata a los ciudadanos de manera grosera y despótica, como si fueran menores de edad y no como sujetos políticos con derechos plenos.
El fracaso de la legitimación y la estrategia del desgaste
Durante las consultas organizadas por el Congreso, las críticas fueron abrumadoras. Expertos, periodistas, organizaciones civiles e incluso personajes cercanos al gobierno estatal reconocieron los graves problemas de una legislación que criminaliza la libertad de expresión. El gobierno no salió favorecido en los foros, estos evidenciaron que el rechazo a su aberración jurídica es unánime.
Sin embargo, la prueba definitiva de su mezquindad es que, a pesar de lo abrumador del rechazo, han decidido hacer caso omiso a la ciudadanía y a los expertos que participaron en ellos, aunque ya hay visos de que el Congreso modificará la redacción con ajustes menores tras la presión social, se puede vislumbrar que no cambiarán la ley en lo sustancial y únicamente maquillarán su redacción. Su negativa a escuchar incluso a los participantes de sus propios foros demuestra que su proyecto político se basa en la imposición, no en el diálogo democrático. La apuesta del gobierno es al desgaste: confían en que los ciudadanos se olviden del tema y en unos meses puedan usar la legislación para perseguir opositores sin mayor escándalo.
La complicidad nacional y la regresión
La dinámica antidemocrática se reproduce a nivel nacional con la eterna condescendencia de Claudia Sheinbaum hacia sus gobernadores, aunque estén señalados por actos de corrupción y delitos graves. Su silencio ante las violaciones a derechos humanos en estados gobernados por la 4T demuestra que la complicidad partidaria se antepone a cualquier principio democrático. La minimización de Sheinbaum sobre los alcances de esta ley es peligrosa. No sólo le da cobertura política al cacicazgo local, sino que otros estados podrían replicar esta ley, convirtiendo la persecución a la libertad de expresión en el sello de la 4T a nivel nacional.
Si el gobierno persiste en mantener esta ley, no sólo superará en autoritarismo a Mario Marín y a Rafael Moreno Valle, sino que hará regresar a Puebla a la oscura época de Maximino Ávila Camacho, el gobernador más represivo en la historia de Puebla. Ávila Camacho gobernó entre 1937 y 1941 estableciendo un régimen de terror donde la crítica política podía costar la libertad e incluso la vida.
La resistencia necesaria
Los foros han cumplido una función que el gobierno no esperaba: han desnudado completamente la naturaleza autoritaria de un régimen que pretende gobernar a espaldas de la ciudadanía. Sin embargo, que esta ley se mantenga o se derogue depende no sólo de la voluntad política del gobierno sino de la movilización sostenida del gremio periodístico independiente y de los ciudadanos libres que no estén dispuestos a normalizar la criminalización de la crítica. La presión social debe mantenerse porque cualquier relajamiento será interpretado como la aceptación tácita de la represión institucionalizada.