El Estado paternalista tiene cada vez más promotores. Unos lo defienden en nombre de las buenas costumbres y los valores éticos; otros en nombre de la salud pública y el bienestar general. Los primeros quieren controlar las mentes de los jóvenes; los segundos aspiran a proteger sus cuerpos. Pero más allá de estas diferencias, unos y otros pretenden regular el comportamiento privado, sustituir a los padres de familia y en últimas usar el poder estatal para promover una forma de vida particular: la suya.
Alejandro Gaviria. Estado paternalista.
Recientemente ha entrado en vigor el programa Vida saludable que bajo el lema Vive saludable, vive feliz, promueve la Secretaría de Educación Pública Federal (SEP) que según se declara en la página oficial tiene como propósito “contribuir a garantizar el bienestar y la salud de las niñas y los niños de las escuelas del país, mediante acciones orientadas a la promoción de hábitos saludables”.
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Creo que muy pocos o tal vez nadie que tenga una visión social constructiva podrá decir que no es positiva la intención de promover hábitos de salud adecuados entre las nuevas generaciones y hacer esfuerzos para intentar que en el futuro tengan menos problemas de enfermedades relacionadas con el sobrepeso o la obesidad que son problemas muy serios entre la población de nuestro país.
Sin embargo, como afirma el dicho popular “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno” y en una sociedad que aspira a ser democrática y que al menos en los discursos pretende serlo, resulta necesario discutir la consistencia entre las intenciones, las estrategias y los fines de un programa como el que busca nuevamente -porque en el pasado ha habido varios intentos muy similares- instrumentar el gobierno federal en la totalidad de las instituciones educativas de todos los niveles educativos.
He aquí el primer gran problema de comprensión del contexto que seguramente contribuirá al fracaso de este programa. Pretender instrumentar un programa de promoción de vida saludable en todos los niveles educativos, incluyendo a la educación superior es no tener una idea objetiva de las enormes diferencias entre un niño, un adolescente y un adulto mayor de edad, ciudadano con plenos derechos y obligaciones como es un estudiante universitario.
También denota un desconocimiento del contexto espacial que diferencia de forma tajante un espacio escolar y un campus universitario, además de la movilidad que tiene un universitario respecto a un niño de primaria que permanece dentro de los muros de la escuela durante toda la jornada de clases.
Pero además de este desconocimiento que lleva a la falta de distinción del programa, el problema de fondo es que, congruente con el sustento ideológico de este gobierno, fue diseñado desde una visión paternalista del Estado.
Como afirma Gaviria en el texto del que tomo hoy el epígrafe del artículo: “El Estado paternalista no solo es promovido en nombre de la moral o la ética. Muchas veces se justifica con base en fines más concretos, la salud pública por ejemplo…” de manera que un programa como Vida saludable, tiene como referente último la convicción errónea de una supuesta superioridad moral de quienes hoy gobiernan que se autoerigen, desde esa postura de poseedores del criterio último del bien y del mal, en guardianes de la salud de la población que deciden por ella lo que le conviene, pero es incapaz de ver y elegir.
En principio, las tres reglas que señalan que hay que seguir para una vida saludable son atendibles: no consumir refrescos ni comida chatarra, caminar quince minutos diarios cuando menos y consumir una fruta al día. Hasta ahí todo bien. El problema es que se cree que con decretar estas reglas, prohibir los alimentos no saludables e incluso definir sugerencias de menús que están autorizados a vender en las cooperativas escolares o en las cafeterías universitarias, el problema queda resuelto.
México no es el único país que asume esta falacia prohibicionista como solución. Dice el mismo autor que Nueva York prohibió la venta de refrescos de más de medio litro y que en Francia se prohibieron los cigarrillos de chocolate. Así el Estado se abroga la autoridad para controlar desde las escuelas, como dice el artículo citado, por una parte, las mentes de las nuevas generaciones a través del modelo educativo y el curriculum y por otra, la protección de sus cuerpos, esos cuerpos que paradójicamente no están protegidos de la violencia del crimen organizado o los feminicidios en nuestro país.
Esta es la principal contradicción del programa de vida saludable: decimos querer un país democrático y un sistema educativo que forme personas críticas, libres y comprometidas con la democracia y la justicia, pero pretendemos fomentar hábitos saludables de vida a través de prohibiciones. Decimos revalorizar la profesión docente y querer que los directores y supervisores sean acompañantes pedagógicos para una educación humanista, pero les asignamos la tarea de vigilantes y sancionadores de estas prohibiciones.
Un elemento adicional es que un programa así debería pensarse de forma integral. Para una vida saludable hay que alimentarse bien, pero también ejercitarse sistemáticamente. ¿Qué lugar ocupa la educación física en nuestros planes de estudio y más allá del curriculum prescrito, en la vida cotidiana real de nuestras escuelas?
El fomento de una vida saludable es una tarea de transformación sistémica y cultural, más que de prohibiciones y buenas intenciones. La prevención de la obesidad y de enfermedades derivadas de una mala alimentación empieza prácticamente desde antes del nacimiento y es fundamental durante los primeros años de vida, en los que los niños y niñas aún no ingresan al sistema educativo. ¿Qué rol juega la familia en el programa Vida saludable? ¿Cómo se va a integrar la política pública para que desde la instancia responsable de la salud pública, que es la Secretaría de Salud y no la de Educación, se transformen las mentalidades y se capacite a las familias para la prevención de la salud?
Finalmente está el ángulo económico del programa. El efecto que ya está sucediendo en un buen número de escuelas es el cierre de sus tiendas o cooperativas porque con la venta de los menús y la prohibición generalizada que marcan las autoridades resultarán insostenibles económicamente.
En el caso de las escuelas privadas, esto tendrá un efecto en la pérdida de empleos y en la afectación a microempresas muchas de ellas familiares, mientras que en las públicas se dará un impacto en la posibilidad de contar con recursos -que debería proveer la SEP a las escuelas, pero no lo hace- para el mantenimiento y gastos cotidianos.
Como toda prohibición, seguramente se fomentará y aumentará la oferta de productos chatarra -en condiciones menos higiénicas y supervisables que las de las cooperativas escolares- en los alrededores de las escuelas y universidades. Pero como todos esos efectos no son tan visibles, la autoridad educativa presumirá que promueve hábitos de alimentación saludables, cuando lo que realmente hace es mucho más simple e ineficaz: pretender controlar lo que comen los educandos, desde que ingresan al preescolar, hasta que acuden a una universidad a estudiar un posgrado.