Entre enero y febrero de 1987, el movimiento estudiantil en la UNAM en el que participó la actual presidenta Claudia Sheinbaum, en dos semanas de huelga lograron frenar el “Plan Carpizo”.
El Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de la época surgió en respuesta a las reformas implementadas por el entonces rector Jorge Carpizo quien pretendía un aumento general a las cuotas de los estudiantes.
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El plan incluía eliminar gradualmente el pase reglamentado del bachillerato a la licenciatura, e imponer un modelo único de evaluación a los estudiantes, calificado por el CEU como neoliberal.
Dos marchas masivas al Zócalo de CdMx y los diálogos públicos pusieron fin a la huelga estudiantil de dos semanas, con un triunfo del movimiento al suspender la Rectoría las reformas aprobadas en 1986, y avanzaron en la realización de un Congreso Universitario.
Guardando proporciones entre el movimiento estudiantil de 1987 y el paro estudiantil en la BUAP que llegó a su tercera semana, parece innecesaria su prolongación.
Se trata principalmente de reivindicaciones básicas de servicios administrativos, espacios físicos, probidad académica de docentes y contra el acoso en todas sus expresiones.
A diferencia del movimiento estudiantil de la UNAM de 1987, y de los propios del siglo pasado en la UAP con los movimientos por la autonomía universitaria y de la reforma universitaria, la protagonizada por la llamada Asamblea General de Estudiantes de la BUAP es administrativista.
En los respectivos pliegos petitorios se observan exigencias tan elementales y de inmediata solución, que no debería extenderse el paro estudiantil.
Visto desde el exterior, el conflicto en la máxima casa de estudios requiere de la voluntad de las partes, y no solo precisamente al diálogo, sino a la revisión de los hechos que no debieron ocurrir.
No le sirve a la universidad pública se polaricen las posturas ni se alimente la idea de bandos en pugna, porque rutas maniqueas muy parecidas en el pasado reciente de la UAP terminó en la exclusión de uno de los “bandos”.
Si la rectora Lilia Cedillo con el Consejo Universitario y los alumnos de las escuelas y las facultades han manifestado disposición al diálogo en las mesas de trabajo, solo otro tipo de intereses extra universitarios ronda el paro estudiantil.
Por la sanidad institucional de la universidad, sería más que oportuno instalen una mesa central de diálogo público, de cara a la sociedad, entre las comisiones designadas por el Consejo Universitario y los representantes estudiantiles en paro.
De otra manera no solo estaría el riesgo el proceso de admisión 2025, sino que puede acercarse a poner en peligro el ciclo escolar, y estarían en serios problemas.
Continuar con las “venciditas” con las facultades en Ciudad Universitaria para encontrarse con la postura negativa de los paristas, solo retrasa la solución de las “demandas legítimas” de los estudiantes y la normalización de actividades presenciales.
Como lo mandató el Consejo Universitario, debería hacerse públicas las coincidencias en las demandas estudiantiles con la presentación de respuestas particulares y globales a los pliegos petitorios, donde se definan los plazos inmediatos y los posteriores, como condición para fijar fecha de la terminación del paro.
El tiempo está en contra de la universidad por el calendario académico por cumplir, procesos como el de Admisión, todo esto como parte de la inevitable de la sucesión rectoral en puerta.
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