UNO. Afortunadamente, Fátima Maite se recupera de la caída que sufrió en el recinto de su secundaria hace algunos días. El caso dio lugar a que la presidenta Claudia Sheinbaum, por un lado, declarara que su gobierno está comprometido a impedir que la práctica subsista en el sistema educativo y, por otro, mencionara que durante el sexenio pasado se avanzó en su combate mediante la elaboración de una guía para frenarlo.
Entretanto, el secretario de Educación, Mario Delgado, ha insistido en la falta de evidencias para perseguir el hecho como intento de homicidio; nuevas versiones señalan que la joven cayó de un primer piso y no desde el tercero, como inicialmente se afirmó y que fue ella quien voluntariamente se lanzó al vacío. No obstante, también dio lugar a un incremento de denuncias de acoso en instituciones públicas y privadas y expandió las preocupaciones pues el abuso sexual a menores reapareció en la agenda pública.
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Así, mientras que con el paso del tiempo las autoridades ganan terreno pues —valiéndose de esos recursos narrativos que tan exitosos han resultado —eluden responsabilidades y repiten el juego de identificarse con las víctimas al prometer lo que ya han prometido, pero no cumplido. La estrategia es aislar el hecho, atraer la atención hacia los sucesos particulares y despejar el interés en el fenómeno global, el acoso. No es que carezca de importancia determinar con toda claridad la naturaleza del hecho. Es preciso aclarar si, efectivamente, algún compañero o compañera de Fátima intentó asesinarla o, si por el contrario, fue ella quien atentó contra su propia vida. No se puede responsabilizar a nadie de haber cometido un delito que no cometió. Ni hablar. Pero el interés por dilucidar responsabilidades facilita la evasión de la gravedad que el fenómeno del acoso tiene en el sistema educativo.
Por fortuna, otras víctimas y sus familiares han impedido que la estrategia resulte cien por ciento efectiva. Innumerables denuncias surgieron desde varios ámbitos a raíz de la publicidad de este triste evento. Algunas de esas voces ampliaron la perspectiva; fueron más allá del bullying y recordaron que el abuso sexual de los menores es una práctica más frecuente en las instituciones educativas de lo que podríamos imaginar.
De esa manera, otras voces intentan clamar que no bastará con llegar al fondo en el caso de Fátima, sino que se hace urgente revisar comprometidamente la organización del sistema educativo para frenar las dinámicas sociales que en él hoy existen y que tienden más a dañar a nuestra niñez, que a formarla con miras a forjar un mejor país.
DOS. La semana pasada, Paula Aguilar, psicóloga mexicana que en los últimos quince años se ha especializado en violencia sexual infantil y quien en sus redes sociales y plataformas se identifica como Mamá con Ciencia, sostuvo en un foro que la violencia sexual infantil “es un asunto de salud pública que está desatendido porque no está visibilizado” y su invisibilidad, dijo, se debe a que “está en silencio”. Integrante del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), instancia de la Secretaría de Gobernación, Paula dio a conocer que de cada mil casos de estos abusos, cien son denunciados. De éstos, sólo diez alcanzan juicio y solamente en uno se dicta sentencia. Estos datos son terribles. Que las denuncias sean pocas se debe a que en el noventa por ciento de los casos los agresores son familiares de los menores o personas cercanas a ellos. En cada una de sus conferencias, la doctora Aguilar pide a los asistentes que respondan una encuesta digital en la que pide que se identifiquen quienes en su infancia fueron víctimas de abuso sexual. La mitad de la audiencia admite, cada vez, haberlo sufrido.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México fue en 2021 el país en el que se registró el mayor número de casos de abuso sexual infantil. Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, en ese año 22 mil 410 infantes fueron víctimas sexuales. Por supuesto, el fenómeno tiene presencia en el sistema educativo.
La Oficina para la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) elaboró en 2021 un informe titulado “Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas”, en el que, además de documentar casos de violencia extrema perpetrado por personal escolar en contra de niños de entre 3 y 7 años, en dieciocho planteles educativos de diversas entidades federativas, hizo saber que en l última década el número de abusos se ha incrementado en treinta por ciento. Entre 2022 y 2023, el número de escuelas que registraron estos vergonzosos incidentes se incrementó a 25, ubicados en once estados de la república. La organización reporta que en el repertorio de casos se registran múltiples agresores, numerosas víctimas y lo más grave: encubrimiento por parte del personal escolar. No son prácticas aisladas, pues se han descubierto rituales, uso de disfraces, sedación y uso de cámaras fotográficas y de video. Como es de esperarse, las niñas son más abusadas que los niños. Nueve de cada diez víctimas son mujeres.
Una búsqueda sobre el abuso sexual escolar arrojó que México no es el único país en el que el fenómeno se presenta. Recientemente, las alarmas se han encendido también en Ecuador, Irlanda, Australia y España. Sin embargo, la revisión de sus casos arroja que en Ecuador y México hay un patrón diferente al de las otras tres naciones. En Australia y España el número de agresores es reducido, así como también el número de casos de agresión y de víctimas. En el caso irlandés, si bien el número de víctimas, instituciones y agresores es alto, la mayoría de los casos ocurrieron en la década de los setenta. En los tres países se han llevado a cabo investigaciones penales y hubo sentencias contra los responsables. En Ecuador y México, el fenómeno es permanente, es sustentado por redes de complicidad, pocas denuncias se presentan y reina la impunidad.
Adicionalmente, México figura entre los diez países que destacan por su turismo sexual infantil al lado de Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana, en tierras americanas y Tailandia, Filipinas, Camboya, India e Indonesia integrando el sistema asiático. Veinte mil infantes son explotados sexualmente cada año, en México, en este circuito. Cifras de horror.
Habrá que resaltar que el SIPINNA existe desde 2015 en México pero poco ha logrado. Pocos casos llegan a la Fiscalía General de la República y contados se resuelven. Prima el desinterés; prima la impunidad. Se entiende, así, que las autoridades recurran a discursos tendientes a reducir la presión de la opinión pública y a enfocarse en dilucidar si Fátima es víctima o suicida.
Hay que prestarle especial atención al árbol para olvidar el bosque.
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