Hoy rinde su primer informe de labores la doctora Lilia Cedillo y lo que se impone es una reflexión sobre los acontecimientos más relevantes registrados por los universitarios.
Lo primero que se nos presenta con la fuerza de la memoria que revive acontecimientos sumamente relevantes para la vida universitaria es el conjunto de violaciones cometidas en el proceso de nombramiento de la rectoría actual. El consejo universitario que lanzó la convocatoria para el nombramiento de la rectoría se había auto prorrogado su mandato y por lo tanto sus actos eran ilegales: la fuente estaba envenenada; la elección fue por voto electrónico, voto que la comunidad universitaria no considera secreto y, por lo tanto, tampoco libre; los padrones empleados no fueron públicos, cada votante sabía si estaba en el padrón pero desconocía al resto de sus integrantes; el día de las votaciones hubo escuelas en las que en las primeras dos horas ya había votado el cien por ciento del padrón de estudiantes conformado por miles de ellos; en suma, la administración tuvo el control total del proceso.
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Uno hubiera pensado que las circunstancias que rodearon el nombramiento de la rectoría habrían influido para que la administración recién estrenada tuviera el cuidado de observar a cada paso la normatividad universitaria, pero no fue así.
La cadena de violaciones se ha sucedido desde entonces y cada vez se cierra más el cerco en torno a los derechos y la libertad de los que estudiantes y trabajadores(as) debieran gozar.
Lo que sí es un hecho es que la legislación universitaria vigente, a pesar de todas las modificaciones sufridas a manos de las últimas administraciones, sigue siendo un estorbo. De aquí que el Plan General de Desarrollo de la BUAP, el mal llamado Plan de Desarrollo Institucional (PDI), anuncie como objetivo central “actualizar” la normatividad universitaria.
Y este propósito nos lleva necesariamente a reflexionar en la autonomía concedida a la BUAP y las formas de ejercerla.
Que la universidad sea autónoma no significa que pueda violar las leyes que ella misma se ha dado. Tenemos una Ley expedida por el Congreso del Estado de Puebla que consta de 25 artículos y un Estatuto Orgánico de 221 artículos. Esto nos da una idea de la amplitud de la autonomía ejercida por nosotros al determinar en el Constituyente cómo queríamos gobernarnos, administrarnos, y cómo queríamos desarrollar las actividades sustantivas de la docencia, la investigación y la extensión. Nos dimos un marco jurídico pensando en la representación de todos los sectores que conforman la universidad y pensamos que este marco nos garantizaría una vida democrática.
Sin embargo, atribuciones y facultades asignadas a las autoridades personales y colegiadas han sido usurpadas por la administración central que ahora, cobijada por el uso de plataformas y de recursos digitales, ha ahogado la poca libertad que le quedaba al universitario. Al estudiante ni siquiera se le permite el libre acceso; al docente se le obliga a ceder todos sus derechos de autor con el pretexto de que será evaluado por cualquier razón: para ingresar, para obtener la definitividad, para promoverse, para acceder a las becas; al trabajador administrativo ni siquiera se le trata como tal, es una huella y nada más.
¿Qué fue lo que pasó? La pandemia fue el pretexto perfecto para profundizar el sistema autoritario y de control férreo por parte de la administración central. No sólo nos dejó un rezago educativo que todavía no sabemos cómo resolver, sino que el aislamiento obligado al que llevó rompió el tejido social universitario y nos dejó indefensos ante este asalto inaudito por parte de la administración y a su control hasta del detalle más insignificante.
Ya no convivimos con las personas sino con sus imágenes. Ya dejamos de ser la sociedad del apretón de manos y del abrazo, ahora hacemos cola para entrar a la universidad y el ambiente que nos rodea está totalmente enrarecido por la vigilancia de personas y de cámaras que nos espían. Todo el montaje para prevenir los contagios, ahora permanece para controlarnos. Se nos quiere hacer creer que es por nuestra seguridad, pero en realidad vivimos vigilados. ¿Por qué? ¿A qué le teme esta administración? A que podamos organizarnos para exigir respeto a nuestros derechos.
¿No les parece a ustedes de la mayor importancia renovar los esfuerzos por parte de los universitarios para impedir que la Ley y el Estatuto Orgánico sean letra muerta y ejercer una verdadera democracia autonómica?