Los actuales integrantes de los órganos de dirección del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Nacional Electoral, magistrados y consejeros respectivamente, fueron nombrados por el Poder Legislativo y en su conformación se realizó un proceso viciado de origen: como para su nombramiento se requería lograr para las distintas propuestas la mayoría calificada del órgano legislativo correspondiente, entonces las fuerzas parlamentarias dominantes en ese momento PRI, PAN y PRD, se pusieron de acuerdo para así elegir a sus favoritos; este es el origen político de los actuales consejeros y magistrados.
Con la nueva situación parlamentaria -los que se repartían por cuotas el nombramiento de los consejeros y magistrados- hoy plantean que el método de nombramiento debe evitar que los integrantes del Consejo General (CG) del INE y los magistrados que se deban reemplazar correspondan con un mecanismo que asegure la capacidad, la independencia y la honestidad de los que se tendrán que elegir. Eso es lo que los neoliberales sostienen. Después del 2018 cuando llega al poder el gobierno progresista de AMLO y cuando en el poder legislativo es predominante la coalición JHH, es cuando los representantes del PRI, PAN y PRD formulan que los integrantes de los órganos de dirección de las instituciones mencionadas no se deben elegir por cuotas, que se requiere un procedimiento mediado por una comisión de especialistas para conformar una propuesta, dijeron ellos para evitar que la integración de esos órganos pueda permitir una composición sesgada hacia la fuerza dominante en el congreso.
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Es razonable si la renovación fuera de todos los integrantes de los órganos de dirección de las instancias mencionadas, pero da la casualidad que la renovación de los integrantes de esos órganos es parcial y, por tanto, lo que ellos pretenden con su propuesta es preservar el predominio de los magistrados y consejeros que ellos nombraron con el método de cuotas partidarias en la Cámara de Diputados del momento de su predominio. En esa consideración se omite que los integrantes del CG del INE y los magistrados del TEPJF de manera dominantes integran por elementos elegidos por el sistema de cuotas decidida por el PRI, PAN y PRD en el momento de decidir los relevos se debió admitir el método propuesto siempre y cuando se diera una renovación total de dichos órganos mencionados, pero como se aceptó el método planteado y en la comisión de especialistas predominó el bloque de partidos anteriormente dominantes; los nuevos consejeros del INE y los nuevos magistrados tienen en su mayoría un sesgo hacia los adoradores del dinero, digo del mercado, los neoliberales. Por ello el nuevo CG del INE y los magistrados del TEPJF han mostrado en sus resoluciones una marcada inclinación por los intereses de los partidos políticos que integran el bloque opositor y una clara proclividad a obstaculizar las propuestas y acciones del bloque progresista que apoya al gobierno del presidente de la República.
En este artículo me interesa puntualizar la forma concreta en que fueron designados los integrantes del CG del Instituto Nacional Electoral en su última etapa, y a los que fueron designados para integrar al INE desde su fundación:
En abril del 2014, la Cámara de Diputados designó a once consejeros electorales como integrantes del CG del INE, que tendrían permanencia escalonada de 3, 6 y 9 años en el cargo. Cuatro de ellos tuvieron experiencia en el IFE, entre ellos se cuenta Lorenzo Córdova, actual presidente del mencionado órgano electoral.
Un dato más que nos puede orientar de quiénes son los que desean conservar el control del órgano autónomo es el siguiente: en el 2014, la Cámara de Diputados encargada de decidir la integración del CG del INE se integraba con 498 diputados; de los que 202 pertenecían al PRI, 108 al PAN, 61 al PRD, 47 al PVEM, 35 a MORENA, 25 a MC, 11 al PANAL, 8 al PES y 1 independiente. Lo lógico fue que la conformación de los consejeros del INE fue de acuerdo a las cuotas correspondientes entre los tres partidos con fracciones parlamentarias más grandes, es decir 5 para el PRI, 4 para el PAN y 2 para el PRD.
El nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) sustituyó desde el jueves 3 de abril de 2014 al Instituto Federal Electoral (IFE). Al Consejo General del nuevo organismo lo integran once consejeros, que tendrán permanencia escalonada de 3, 6 y 9 años.
Lorenzo Córdova Vianello fue nombrado consejero presidente del nuevo organismo. Además de Córdova, el INE integró a otros tres exconsejeros electorales que participaron en dos etapas del IFE: Benito Nacif, Marco Antonio Baños y Arturo Sánchez Gutiérrez.
Estos son sus perfiles:
Presidente del INE: Lorenzo Córdova Vianello
Licenciado en Derecho por la UNAM y doctor de Investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín. Fue secretario Técnico del grupo de trabajo que procesó en el Senado de la República la “Reforma política” y miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios de la Transición Democrática. Es investigador Titular “B” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente es consejero del INE.
Consejeros Electorales para el cargo de nueve años:
Adriana Margarita Favela Herrera
Es licenciada en Derecho. Trabajó en el IFE, fue magistrada electoral de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es magistrada en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
José Roberto Ruiz Saldaña
Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Es director general de coordinación interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Ciro Murayama Rendón
Licenciado y maestro en Economía por la UNAM. Tiene un doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.
Consejeros Electorales para el cargo de seis años:
Marco Antonio Baños Martínez
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene maestría en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Miembro fundador del Instituto Federal Electoral en donde fue director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, director del Secretariado, director de Estadística y Documentación Electoral y subdirector de Coordinación Regional de la Segunda Circunscripción. Fue asesor en el Consejo de Información Pública del Distrito Federal y la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del H. Congreso de la Unión. Actualmente es consejero del INE.
Enrique Andrade González
Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cursó Maestría en Derecho en la UNAM. Fue director de Audiencias de 2000 a 2004 en la Presidencia de la República.
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles
Se desempeñó como Secretaria Técnica de la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE.
Benito Nacif Hernández
Es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México y cursó el postgrado en Ciencia Política en la Universidad de Oxford, en donde se recibió como doctor. En febrero de 2008 tomó posesión como consejero del IFE.
Consejeros Electorales para el cargo de tres años:
Beatriz Eugenia Galindo Centeno
Es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Electoral. Fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, y magistrada de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Arturo Sánchez Gutiérrez
Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Exconsejero del Instituto Federal Electoral.
Javier Santiago Castillo
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y candidato a Doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa en temas vinculados a partidos políticos. Fue presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) de 1999 a 2006. Actualmente es Profesor investigador Titular “C”, UAM-Iztapalapa. (Con información de Cámara de Diputados)
Los consejeros nombrados para el consejo general del INE fueron electos por una cámara dominada por el PRI y el PAN. La proporción de cada uno de los partidos integrantes de la alianza parlamentaria en la definición de los personajes elegidos como consejeros es evidente que la mayoría fueron para el PRI y los restantes para el PAN y el PRD, tomando en cuenta claro está, a sus aliados que influían en la definición precisa; de ningún modo en la relación que el propuesto y elegido tendría con las elites de los partidos dominantes miembros de la alianza. En los sucesivos relevos correspondientes a la duración de cada consejero nombrado, la dinámica fue la misma.
Con lo antes descrito queda claro por qué los integrantes de la hoy denominada oposición defienden la trinchera en la que han constituido al INE. Según ellos pretende que se tome a ese órgano, cooptado también por ellos, como el baluarte, como la esencia de las conductas democráticas para mantener el equilibrio en el ejercicio del poder y en la garantía de que los electores elegirán a sus gobernantes libremente.
Queda firme que el INE por su origen solo fue autónomo de la voluntad popular y que siempre tuvo orientación a favorecer los intereses de los que como fuerzas dominantes del pasado los llevaron a asumir la alta responsabilidad de ser árbitros de los procesos electorales, para lograr ser imparciales debieron ser rigurosamente respetuosos de las normas establecidas para tal efecto, pero se comportaron de manera sesgada y en ocasiones optaron por no denunciar descuidos de los órganos legislativos y optaron hasta por usurpar funciones, con el propósito de ser útiles a los grupos del poder, que en su momento fueron claves para nombramiento.
Los integrantes del CG del INE ejercieron lo que legalmente se les otorgó: el hecho de nombrar a todos los integrantes de los consejos generales de los OPLES de las entidades federativas, y con ello se deduce que la tendencia para elegir a los consejeros de esas OPLES se vio influida por la composición del CG del INE y sus acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas. Así se encuentra el sistema de autoridades electorales en el país, es difícil pensar que son un símbolo de la independencia y de la imparcialidad. Ellos quieren entrar a la batalla política, bien si no fueran consejeros integrantes de CG del INE, sólo que sí lo son, deben recordar que el INE tiene como obligación ser un árbitro verdadero de acuerdo con las normas vigentes, y si se comporta como oposición está violentando la ley.
Sería bueno que los integrantes del INE obligaran a su consejero presidente y a algunos de sus compañeros consejeros a respetar lo que la ley asigna como funciones, para dejar de ser la trinchera que la fuerza del antiguo régimen tiene para dar su batalla política.
Si actuáramos de muy buena fe y diéramos el beneficio de la duda, diríamos que los eligieron por cuotas y es posible que su conducta como consejeros corresponde con un comportamiento imparcial, democrático e independiente, de respeto irrestricto a la ley y de reivindicación de la normatividad frente a los acuerdos de élite. Sería aceptar que su origen no sería destino, pero con ese propósito es pertinente analizar los hechos emblemáticos siguientes:
En el 2018 el proceso electoral en el que se eligió al presidente de la República y a nueve gobernadores, así como a otras autoridades del poder legislativo federal y de las distintas entidades federativas y muchos presidentes municipales, de todas las autoridades que se eligieron. El proceso electoral se realizó, según ellos, de acuerdo a la ley según los consejeros del CG del INE. Sería bueno consultarles, cuándo explicaron a los ciudadanos que el proceso se realizó de acuerdo a un decreto constitucional contenido en el artículo constitucional transitorio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014, mismo que ordenaba realizar la jornada electoral el primer domingo de julio del 2018 y no como se establece en la LEGIPE el primer domingo de junio. La Jornada electoral se llevó a cabo el 1 de julio y no como lo marca la ley reglamentaria, el 3 de junio.
¿Cuándo esa autoridad? El CG del INE explicó que para realizar las elecciones del 2018 no existió una ley reglamentaria y que fue sustituida por un reglamento de elecciones acordado fuera de tiempo por el INE y elaborado por ese organismo, que no es autoridad legislativa para darle consistencia, que no legalidad. Tal hecho fue avalado por el TEPJF. (Ambos órganos se convirtieron, indebidamente, en autoridad legislativa)
El CG del INE creó una situación de excepcionalidad que le permitió convertirse en legislador y ya en ese papel realizó acciones que estuvieron fuera de su competencia, otorgó registro como candidatos independientes a personas que tenían apoyos falsos, y se contaban en cientos de miles; además el INE lo hizo otorgando el registro como candidata presidencial independiente a Margarita Zavala y el TEPJF lo coronó otorgándolo a Jaime Rodríguez, (a) El Bronco.
Los integrantes del CG del INE iniciaron el proceso electoral en septiembre de 2017, y como no fueron cuidadosos de armonizar lo correspondiente con la fecha ordenada en el transitorio constitucional que contenía una diferencia de 30 días respecto a lo señalado por la ley, por no hacerlo, tuvieron que inventar la ilegal figura de las intercampañas. Con ello prácticamente generaron que las campañas presidenciales fueran de 120 días, y no como lo marca la ley, las cuales deben durar 90 días.
Durante el proceso electoral del 2018 sucedieron cosas dignas de recordar. En un evento en el que participó el consejero presidente del CG del INE, Lorenzo Córdova, planteó dos escenarios para la elección presidencial: que el conteo rápido le dé una ventaja amplia a un candidato presidencial o que haya un margen cerrado entre el primero; y en segundo lugar dijo también, “no quiero ser catastrofista, pero temo que va haber dos candidatos que van a impugnar diciendo que hubo irregularidades graves y demandar la nulidad de la elección.”
Recordemos que para esas fechas se venía ya definiendo, según las encuestas como claro ganador a AMLO, lo que pretendían las otras opciones en alianza con el CG del INE era tratar de crear la sensación de que se daría una elección con una votación cerrada. En ese contexto se debe entender lo que el presidente del INE con sus declaraciones contribuía a lo que pretendían los candidatos del PRI y del PAN en el sentido: de que se asumiera una elección muy competida. Fue claro que estaba cooperando a que se tuviera un escenario propicio para complicar el resultado electoral. Se debe tomar en cuenta que más allá de las aclaraciones, el presidente del INE no debía hacer declaraciones sobre los posibles resultados, en todo caso, él debió reservar su opinión al momento en que la jornada electoral ya realizada arrojara datos concluyentes.
Queda claro que su conducta en cuanto a lo que marca la normatividad deja mucho que desear y por ello resulta pertinente llamarlos a reconsiderar su conducta, a respetar la ley y dejar de presionar para que la integración del CG del INE se mantenga cooptado por los que dominaron al organismo en los periodos anteriores. Se impone llamar a los actuales consejeros y a los que se eligieron recientemente de acuerdo al proceso que se diseñó de manera sesgada, ya que no tomó en cuenta la necesidad de renovar con ese método a todo el CG del INE y de ese modo lograr una composición del consejo general auténticamente independiente y libre de los consejeros comprometidos con los gobiernos neoliberales. Ni modo, a todos ellos debemos exigirles respetar las normas establecidas y dejar las conductas que no corresponden con las de un árbitro electoral nacional de tan esencial importancia para la democracia en México.
En caso de que no atiendan el llamado es pertinente pensar en aplicarles el artículo 39 fracción 3 de la LEGIPE, para sujetarlos a juicio político por usurpación de funciones en 2018 y por el mismo motivo, en grado de tentativa, por pretender convertirse en legisladores en el 2021, en consecuencia, pensar en su inmediata destitución para relevarlos, nombrando en su lugar a ciudadanos con auténticas convicciones democráticas.