México y su recuperación económica

Lunes, Julio 19, 2021 - 16:53

Recuperación de las actividades económicas y superación de los obstáculos para el crecimiento

En las circunstancias de crisis sanitaria y de suspensión económica, con alta inseguridad, violencia e impunidad del crimen organizado ordinario, profesional y de cuello blanco, México comienza su recuperación. Los efectos de la pandemia de carácter mundial por el Covid-19 por el distanciamiento social, la suspensión de las actividades temporalmente no esenciales y por las limitaciones a la movilidad social, de hecho el crecimiento económico se contrajo, se tradujo en decrecimiento de hasta más del 10% anual. La consecuencia más brutal fue que, a pesar de las medidas para contenerla, de más de 200 mil decesos en nuestro país un número de millones de contagiados y de evidenciar las grandes limitaciones para enfrentar una emergencia de esta naturaleza, que puso en claro que nuestro sistema de salud no contaba con los elementos necesarios para superar la citada epidemia. Las razones son al menos dos: que nuestro sistema de salud es víctima de la corrupción de los encargados de la salud de los regímenes anteriores, pero también por los rezagos científicos, industriales de la rama farmacéutica de México, y por la deficiente organización administrativa que nuestro sistema de salud presenta. Lo mencionado limitó la efectividad requerida para enfrentar a la epidemia del Covid-19, por consiguiente, hizo que su efecto fuera más agudo. En los efectos de la pandemia a buena parte de los países del mundo realmente fueron también devastadores, aún tratándose de países con un sistema de salud más consistente, así se dio aún en países de mayor desarrollo mundial. A la humanidad la pandemia nos tomó por sorpresa y tardamos en poder sobreponernos ante tal crisis de carácter sanitaria, eso se reflejó de manera intensa en los niveles de vida de riqueza de la mayoría de los seres humanos.

Por fin después de un largo y penoso periodo de aprendizaje parece que ya empezamos a superar el reto y que nos encaminamos a un periodo largo de recuperación en todos los aspectos de la vida social, pero especialmente en los niveles de la actividad económica. Para conseguir el propósito es pertinente poner orden en el origen de los recursos que se integran en el erario; así tenemos que es preferible asegurar que se paguen los impuestos quienes hoy no lo hacen, porque se presentan algunos pendientes fiscales como el proceso para conseguir recursos que se puedan agregar al erario. Para solventar el gasto público se ha pensado en realizar una reforma fiscal que pudiera vía ingresos tributarios fortalecer el presupuesto de la nación; en ese sentido se debe tomar en cuenta lo expresado por la titular del SAT (Sistema de Administración Tributaria) en el sentido de resolver lo que se presenta como un boquete fiscal y lo formula en los términos siguientes:

No es necesaria una reforma para elevar impuestos, solamente que paguen quienes no lo hacen: Raquel Buenrostro. Ya se tienen Identificados a grandes contribuyentes que eluden sus obligaciones

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene identificado un boquete fiscal equivalente a un billón 400 mil millones de pesos, que equivale a una quinta parte del gasto público de este año. La mitad de ese dinero, 700 mil millones de pesos, es resultado de prácticas de evasión y elusión de grandes contribuyentes plenamente identificados.

Raquel Buenrostro, titular del organismo, detalló que la magnitud del dinero no enterado al fisco exhibe que no es necesario aumentar impuestos, sino que paguen los que no lo hacen. Adelantó que en lugar de una reforma fiscal en el sentido tradicional, se incluirá una miscelánea en el Paquete Económico 2022 -a ser presentado en el Congreso en septiembre- que como primer saque permitirá recaudar 200 mil millones de pesos adicionales a los del ejercicio en curso, para posteriormente llegar a 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), unos 470 mil millones de pesos. En conferencia afirmó que el año pasado, en plena pandemia, los esfuerzos de fiscalización fueron equivalentes a una reforma fiscal al aumentar los ingresos 2.2 por ciento del PIB, siendo que los cambios en 2014 representaron 2.4 por ciento. Y si bien los grandes contribuyentes se quejan y se hacen mártires, no son los únicos a los que se está cobrando. De hecho, pagan una tasa de ISR casi 19 veces menor que las personas físicas y casi ocho veces menos que 'sueldos y salarios', exhibió.

El SAT presentó la tasa efectiva que pagaron grandes contribuyentes de 40 actividades económicas en los sectores de servicios económicos y financieros, que incluyen bancos, casas de bolsa, seguros, minería, industria manufacturera y farmacéutica, comercio al por menor y al por mayor –equivalentes al 35 por ciento del ISR causado–, entre 2016 y 2019. El objetivo es que quienes se encuentran por debajo de ese parámetro se pongan al corriente.

Por ejemplo, la banca paga una tasa efectiva del ISR de 5.3 por ciento; las casas de bolsa de 4.34 o la minería de 5.51 por ciento. Un asalariado promedio paga un impuesto a la renta de 25.4 por ciento. En estas actividades económicas se estima que hay un monto potencial de evasión y elusión fiscal de alrededor de 700 mil millones de pesos, lo que representa 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) de 2020, expuso Antonio Martínez Dagnino, administrador general de Grandes Contribuyentes. Agregó que se publicará la misma revisión con 15 sectores más, para tener un mapa completo de cómo tributan mil 200 actividades económicas.

Buenrostro recalcó que se tiene identificado con RFC a los grandes contribuyentes que han evadido y eludido 700 mil millones de pesos y el SAT espera recuperar al menos 10 por ciento de esos recursos en 2022. Aquí no hay proyecciones, no hay estimaciones. Aquí nada más hay sumas y restas. Es información que está en el SAT, en bases de datos.

En 2020, mientras los grandes pagaron una tasa efectiva de 1.3 por ciento de ISR, como proporción de sus ingresos acumulados, las personas físicas entregaron al fisco 25.4 por ciento y el régimen de sueldos y salarios entregó 11.4 por ciento. Y si le metemos las devoluciones de IVA en las manufactureras y algunas empresas que se dedican a las autopartes, las tasas serían negativas, exhibió Buenrostro.

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, recordó ayer que varias empresas extranjeras se benefician de subsidios otorgados por la compañía estatal mediante el modelo de “auto abasto”, al cual calificó como “un atraco”. De acuerdo con el funcionario, esta figura tiene una base jurídica nula y supone un fraude a la ley.

Debe recordarse que el mal llamado “auto abasto” es un esquema de defraudación que permite a casi 80 mil “socios de paja” presentarse como sociedades de autoconsumo –es decir, que generan su propia electricidad–, cuando en realidad son empresas que compran energía a otras, quienes se las hacen llegar a través de la red de la CFE sin pagar la tarifa de transmisión, con lo cual la firma del Estado absorbe los costos de los privados que, para colmo, la están despojando de sus clientes. Este lucro con la red pública se da independientemente de la tecnología usada en la generación de electricidad, por lo que pueden beneficiarse del mismo tanto los productores de energías limpias como quienes recurran a hidrocarburos.

Esta situación de atraco permanente ilustra a la perfección la falsedad de las campañas mediáticas que atacan a la CFE en nombre de un supuesto ambientalismo; en este caso, la defensa del medio ambiente no es más que la fachada de intereses privados que buscan perpetuar el robo al erario.

Ciertamente, la empresa productiva del Estado debe avanzar en la transición hacia las energías renovables y la sostenibilidad, pero ello será imposible mientras siga atada a las disposiciones y los contratos corruptos signados durante los gobiernos del ciclo neoliberal, un lastre que de 2013 al año pasado le supuso pérdidas por al menos 471 mil 200 millones de pesos. El primer paso ineludible hacia ese necesario tránsito consiste, entonces, en sanear las finanzas de la CFE librándola de la carga de subsidiar a sus competidores y fortalecerla permitiéndole el uso pleno de sus capacidades de generación, las cuales se han limitado de manera artificial para hacer espacio a los actores privados.

Es notoria la proclividad de algunos miembros del Poder Judicial, jueces en su mayoría que de manera reiterada están pendientes de salvaguardar, diciendo que defienden lo establecido en la Constitución, respecto a la forma en que se debe conducir el estado en el ámbito de su intervención en los sectores estratégicos del desarrollo del País que al respecto en la constitución se establece lo siguiente:

Artículo 28 constitucional. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social…

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado. Es de hacer notar que los grupos neoliberales que secuestraron al estado mexicano durante 30 años se confabularon para elaborar leyes reglamentarias que contravienen el contenido y el espíritu de la constitución, eso es lo que hoy debe echar al basurero de la historia el gobierno progresista y reivindicar la soberanía para permitir el progreso democrático de nuestro país. Hacia eso se enfoca la iniciativa de reforma de nuestro presidente demócrata y progresista, AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica, más allá si los partidos aliados a Morena cuentan con la cantidad de diputaciones suficiente para hacer una mayoría calificada y se pueda concretar esta modificación, “sería una irresponsabilidad de mi parte no hacerlo”.

Luego de que jueces otorgaron amparos contra la Ley de la Industria Eléctrica, el mandatario reiteró que la reforma es necesaria para garantizar el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y evitar el aumento de precio de la energía. Ante la privatización del sector en sexenios pasados recalcó: “¿cómo me voy a quedar callado, a cruzar de brazos?, ¿cómo no voy a presentar una iniciativa para que primero sea el pueblo?” Así rescatar lo que la Constitución establece respecto a los sectores estratégicos de nuestra economía, ni más ni menos que el rescate del sector energético para la nación y arrebatarlo de los que lo pusieron en manos de los intereses de monopolios privados nacionales y extranjeros

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo indicó que, pese a que el bloque legislativo encabezado por Morena no contará con la mayoría calificada que le permita avalar reformas constitucionales en San Lázaro, “sí son necesarias, las voy a presentar (las iniciativas), aun cuando no pasen o las rechacen”. Explicó que se requiere fortalecer a la CFE, pues la reforma energética del sexenio pasado apostó por “destruir” a esta empresa del Estado. Refrendó que su gobierno busca que no aumente el precio de la energía eléctrica, “y para eso se requiere una reforma constitucional”, porque en el sexenio pasado le dieron preferencia a los particulares, como a la empresa monopólica extranjera Iberdrola.

El Presidente dijo: voy a mandar la iniciativa y es posible que haya mayoría calificada. En esa circunstancia, quiénes deberán asumir la responsabilidad serán los legisladores que intentarán rechazarla, en el caso que logren rechazarla. Entonces quedará de manifiesto que no son representantes populares, son representantes de grupos de intereses creados, sostuvo.

Como la bancada de los que integran “Juntos Haremos Historia” cuentan con la mayoría simple, pueden iniciar el trabajo de rescate de algunos legisladores que militan en partidos de oposición al gobierno progresista, y seguro que podrán convencerlos de proceder a restituir lo que establece la constitución en favor de que el estado rescate el sector energético del país de las manos de monopolios nacionales y extranjeros, que las irresponsables acciones de los neoliberales les entregaron permitiendo que además de participar en esos sectores estratégicos lo hicieran con ayuda de contratos leoninos que absorben recursos del erario público por medio de subsidios y de dispensas fiscales. Considero que las empresas privadas nacionales y extranjeras deben participar en los sectores estratégicos del país, pero siempre respetando la soberanía de la nación, lo que significa entre otras cosas que su aportación en la inversión del sector sea realmente adicional y de ningún modo que asistan a esa actividad buscando saquear al erario, siempre la asociación se deberá dar cuidando que los controles de esos sectores queden en poder de la nación.

Como en la ley federal de competencia en sus artículos 6 y 7 se reitera que el Estado mexicano puede constituir empresas que aseguren la soberanía de la nación en los sectores estratégicos, sería muy pertinente reflexionar por qué los integrantes de la Comisión Nacional de Competencia no se han pronunciado al respecto en congruencia con lo que establece la Constitución, orientándose por rescatar el sector energético del control de los monopolios extranjeros y nacionales y reconocen que lo legislado en el periodo neoliberal contraviene lo que dice la Constitución en los artículos correspondientes y en congruencia con lo que se establece en la Ley Federal de Competencia, desde allí ellos podrían iniciar un proceso de controversia constitucional en contra de las reformas neoliberales a la constitución que lograron, sobornando a legisladores para lograr la mayoría calificada, ello no le quita que son anticonstitucionales.

En la Ley Federal de Competencia Económica se establece que, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.

A pesar de esto que se establece en la Ley Federal de Competencia, y de lo que se prescribe en la Constitución de nuestro país, hay jueces que han otorgado amparos en contra de las leyes del sector energético expedidas por el Congreso de la Unión mismas que se sustentan en la constitución para el rescate de la soberanía sobre los recursos estratégicos de la nación. Se deben aprobar las reformas constitucionales respectivas para dejar fuera los trucos privatizadores de los sectores neoliberales que frecuentemente se convirtieron en enemigos del interés nacional.