Se pretende ocultar el sesgo del consejo del INE

Lunes, Abril 5, 2021 - 19:42

Hoy modifica la asignación con una interpretación forzada de la LEGIPE

En la sesión realizada el 19 de marzo de 2021 por el consejo general del INE se presentó a discusión la forma en que se debía distribuir los escaños correspondientes a modalidad de diputados por representación proporcional, de acuerdo con el artículo 54 de la Constitución, que establece: En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Tal ordenamiento fue incumplido en San Lázaro en la integración de las legislaturas de 2015 y 2018, pero ha sido hasta ahora, a pocos meses de las elecciones intermedias, y ya con el proceso formal en curso, cuando el INE ha decidido establecer criterios y mecanismos específicos distintos sobre el tema.

Tenemos aceptar que el asunto requiere establecer algunos sencillos antecedentes: en primerísimo lugar se debe tomar en cuenta que en el proceso electoral de 2017- 2018 el CG del INE realizó la distribución de estos escaños de manera que se respetó lo que se asienta en la ley, en el sentido que a cada partido solo se le debía permitir que tuviera un número de curules que correspondieran a un máximo de 8% por encima de su votación efectiva. Eso dice la ley, y en todo momento se asignó así, lo que sucede es que la coalición JHH integrada por varios partidos logró una mayoría que correspondió con la votación de los partidos que participaron en la alianza, de acuerdo a lo que obtuvieron en la votación por las curules de mayoría relativa y a las de representación proporcional, el resultado se tradujo en la composición del congreso que viene funcionando en la actual cámara de Diputados. 

Lo que se debe tomar en cuenta es que las asignaciones de curules fueron realizadas por el CG del INE, bajo el dominio absoluto de los consejeros que hoy pretenden modificar el método de asignación formulando una interpretación forzada de lo que se establece en la constitución y en la LEGIPE, pretendiendo considerar a la alianza electoral como un solo partido sin tomar en cuenta que es distinta la alianza para participar en el proceso electoral y una alianza política para el trabajo cotidiano de los legisladores en su ámbito de competencia, lo que significa se debe respetar que los partidos aliados electoralmente pueden después actuar políticamente de manera diferenciada y no necesariamente como coalición, misma que concluye al terminar el proceso electoral, pero más aún, si se admitiera que su nueva interpretación es la correcta de lo que se establece en la Constitución, que no ha variado desde hace mucho tiempo, pero sobre todo desde el 2018, año en el que Lorenzo Córdoba y Noé Murayama integraban al consejo General del INE, o sea que fueron ellos los que realizaron la interpretación constitucional correspondiente en el 2018, mismo que ahora consideran equivocado. Si así fuera, entonces, sin duda por su incapacidad para hacer las cosas bien de acuerdo a los principios rectores de la actividad electoral, establecidos en la constitución general de la república, por ello deberían ser destituidos, lo mencionado se constituiría en una confesión de parte que relevaría la necesidad de pruebas. 

En otro artículo respecto al actuar del CG presidido por Lorenzo Córdoba, mostré como por solapar descuidos de los legisladores que no reglamentaron la excepción que nos llevó a realizar la jornada electoral el primer Domingo de julio en lugar de lo establecido en la LEGIPE en el primer domingo de junio del 2018. Con esa conducta de solapamiento después fueron solapados para que se convirtieran en legisladores, además por las circunstancias también violaron la constitución al no atender lo que se establece en el artículo 125, en el sentido de que la normatividad establecida para un proceso electoral solo puede sufrir modificaciones legalmente si ellas se realizan 90 días antes de iniciado el proceso electoral, ellos hicieron modificaciones al marco legal en pleno proceso electoral, llenaron el vacío legal con un reglamento de elecciones, 

Respecto a la pretendida reinterpretación de lo que la ley electoral y la constitución establecen, referido a la manera en que se deben asignar las diputaciones federales en correspondencia con los resultados electorales tenemos lo siguiente:

 Es imprescindible tener un marco jurídico definido para el proceso electoral, de acuerdo a la Constitución, Artículo 105 fracción II en su penúltimo párrafo, eso debió estar listo 90 días antes del inicio del proceso electoral, es decir, por allí del mes de mayo del 2017.

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: …                                  

De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: …

La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo.

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

En la LEGIPE se establece:

Artículo 15.

1. Se entiende por votación total emitida, la suma de todos los votos depositados en las urnas. Para los efectos de la aplicación de la fracción II del artículo 54 de la Constitución, se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados.

2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación, los votos emitidos para Candidatos Independientes y los votos nulos.

3. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento.

 

Artículo 16.

1. Para la asignación de diputados de representación proporcional conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 54 de la Constitución, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por los siguientes elementos:

a) Cociente natural, y

b) Resto mayor.

2. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre los 200 diputados de representación proporcional.

3. Resto mayor: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente natural. El resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir.

Con la normatividad mencionada anteriormente fue que los integrantes del CG del INE realizaron la asignación de los integrantes del poder legislativo actual, cámara de Diputados y de Senadores.

En lo que corresponde al marco legal para el proceso electoral 2020-2021, cualquier modificación se debió realizar 90 días antes del inicio del proceso electoral, es decir, a más tardar en mayo del 2020. Los integrantes del CG del INE hace unos días, ya iniciado el proceso electoral, el 14 de marzo de 2021 acordaron su sesuda interpretación para normar “la sobre representación” en la cámara de Diputados. Considero queda claro que su interpretación de lo establecido en la constitución es incorrecta, además ellos pretenden realizar fuera de los plazos establecidos en la constitución una normatividad básica para reglamentar la forma en que se deberán asignar los escaños en el poder legislativo. Para lograr que el marco jurídico de la elección mencionada de certeza a los mexicanos partidos y ciudadanos, la mencionada discusión se deberá realizar oportunamente al menos en el mes de mayo de 2023, para que se pueda aplicar la interpretación constitucional que resulte en el proceso electoral de 2024.

La verdad es que los integrantes del CG del INE pretenden ayudar a los partidos que se aglutinan en la oposición al régimen progresista de la 4T utilizando el cargo de árbitros que los mexicanos les otorgaron por medio de los integrantes del poder legislativo, los integrantes del CG del INE tienen toda la libertad y el derecho de defender a la oposición como si fueran parte de ella, pero eso implica que están faltando a los principios fundamentales de la actividad electoral, y esto se debería traducir en su  renuncia al CG para pasar a ser activistas de la oposición y hasta candidatos de la misma en algunos de los cargos públicos de elección popular que en este proceso se están disputando.

Algo que sí podría ser muy oportuno sería revisar la forma en que se estructura la documentación electoral a la luz de las nuevas formas de participación de los partidos y los candidatos a los cargos de elección popular, especialmente ahora que de manera muy frecuente, los partidos y los candidatos se presentan en forma de coaliciones electorales en el ámbito federal y que en las entidades federativas se presentan adicionalmente bajo otras formas de alianzas, como es el caso de las candidaturas comunes. Bajo esas legítimas formas de alianzas se tiene que cuidar que en la estructura  del documento principal, la boleta de votación, en donde por descuido o de manera intencional se ha dejado que aparezcan los candidatos que participan respaldados por alianzas, de manera ventajosa, más veces que los candidatos que solo tienen a un partido como postulante, lo han dejado así a pesar de que en la misma legislación correspondiente se establece que los candidatos deben aparecer solo una vez en la boleta electoral.

 En un artículo publicado en el diario E-consulta (Para votar se requiere Boleta legal e imparcial José Pascual Urbano Carreto Jueves, Enero 28, 2021 ) abordo el tema y formulo lo que denomino una boleta imparcial, como propuesta legal para ajustar ese importante documento a las nuevas formas de participación de los partidos y candidatos en los procesos electorales con la finalidad de preservar la imparcialidad y la equidad.

La autoridad electoral no debe permitir esas muestras de parcialidad que se traducen en engaños a los ciudadanos y, por tanto, deben evitar que se establezcan ventajas ilegítimas en la boleta de votación.   

Poniendo las cosas en orden se podría tener certeza de que el proceso electoral que se avecina se traducirá en un fortalecimiento de la vida democrática en nuestro país, y así podremos tener órganos institucionales de gobierno legítimos y comprometidos con la representación de los intereses del pueblo mexicano. 


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