La democracia es así, debiéramos aceptarlo con naturalidad.
Marchas, protestas, inconformidades, oposición, gritos, críticas.
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La clave está en el respeto a la ley y en la buena administración de la protesta.
Lo primero no es una característica de los mexicanos en general, lo segundo no ha sido un comportamiento acertado de los gobiernos mexicanos.
Hemos visto en los meses recientes una serie de manifestaciones contra decisiones y actos del gobierno de la más variada índole. Lo más común es la protesta rompiendo el orden o abierta transgresión a la ley.
Ejemplo de estos son las tomas de casetas en autopistas, la invasión de vías del tren, el bloqueo de carreteras, la destrucción o quema de edificios públicos o vehículos oficiales, el aislamiento de oficinas, el deterioro brutal a fachadas o monumentos. ¿Todo esto es una legítima forma de oposición?
Evidentemente que no lo es. Se suelen justificar algunos grupos aduciendo que están cerradas todas las puertas. Tampoco es cierto. Lo que resulta más común encontrar atrás de estas cerrazones es la voluntad caprichosa de grupos de presión o interés que han visto frenados sus privilegios.
En el fondo, la lectura de esta clase de actitudes es el reclamo de beneficios económicos o materiales. En el nuevo gobierno se han tocado fuertes intereses, se ha desarticulado el modus operandi de cacicazgos, los negocios de empresas muy poderosas o simplemente se ha alterado el intocable muro del “siempre ha sido así”, muralla de contención que protegió durante sexenios a intocables de toda laya.
La otra cara: cierto es, también, que el gobierno ha cometido errores, algunos graves, al atacar viejos y muy productivos vicios sin aplicar de inmediato las correcciones o respuestas positivas. Es decir, se atacó a fondo un mal, pero el procedimiento fue precipitado, atropellado, incompleto, y a veces incorrecto. No generalicemos, de todo ha habido.
Gobernar es también errar.
Frente a esto, la oposición al gobierno ha encontrado materia suficiente para la crítica o el ataque.
Democracia es también enjuiciamiento, reproche y censura.
Distinto hubiese sido si ante el advenimiento de un nuevo gobierno, que pretende ser a la vez gestor, promotor y constructor de un nuevo régimen, las reglas del manejo de la oposición y el reclamo también hubiesen sido distintas y mejores, con la ley en la mano.
O sea, a nuevos tiempos, nuevas formas.
Esto es, sanción inmediata, terminante, con estricto apego a la ley, ante todo daño social, perjuicios a terceros, atentado contra vías de comunicación o bienes públicos; por la vía preventiva y conciliatoria primero, y represiva (con los recursos que a la autoridad le es permitido) sólo como último recurso, cuando todos los caminos de la prudencia se hubiesen agotado.
Cito la anécdota de cómo recurría un viejo patriarca de mi pueblo, en funciones de autoridad. Cuando un individuo había cometido un delito, al día siguiente muy temprano era citado, o se le hacía comparecer con un par de policías. Las palabras admonitorias pero firmes de Don Juan eran contundentes:
-Mira, anoche, en plan de borrachera echaste tiros y atemorizaste a los vecinos, no te vamos a dar un ramo de flores por esa acción ¿verdad?; mira, vas a pagar diez bultos de cemento, ¿o prefieres pasar tres días en la cárcel..? Asunto arreglado.
Justicia pueblerina, claro está.
Volvemos al punto. Esto no ocurrió desde el principio. Ese dejar hacer, dejar pasar, hoy resulta caro.
¿Es acaso muy legal, elegante, democrático y justiciero que grupitos tomen casetas y vías para lucrar, ataquen a martillazos negocios, bienes públicos, impidan el libre tránsito a millones de personas o el tráfico de mercancías, o arrollen brutalmente a policías, y especialmente mujeres uniformadas?
Otro tipo de oposición, la que pretende la renuncia presidencial (cuyo escuálido y trasnochado sustento teórico, por cierto, suele emparentarse con la de la extrema izquierda, su antípoda) recurre insistentemente en calificar al presidente de dictador. ¡Acabáramos!, si dictadura hubiere nada de lo aquí referido ocurriría.
Por el contrario, si en algo procede la censura antigubernamental es en esa infiniiita intolerancia ante el delito flagrante.
El flanco de la administración de la protesta es el otro punto en el que se falla.
La comunicación explicatoria del quehacer gubernamental no ha sido eficiente. Hablar no es comunicar. Ha faltado una necesarísima y clara exposición de muchos de los problemas del país, con peras y manzanas, con datos duros, y con los alcances y honduras de cada caso.
Y claro, la incorporación a la tarea del gobernante de todo aquello que parte de la sociedad y que tiene sustento teórico, legal y viable.
Esto, la comunicación como primera y última fórmula para encarar conflictos es una de las patas que cojean del aparato gubernamental.