La persona conocida como “El Lunares” ha sido aprendida tres veces y liberada, hasta ahora, dos. Su caso recuerda el de Florence Cassez: no quedó libre por ser declarada inocente, sino porque alguien hizo mal el “papeleo”, porque no se siguió el debido proceso.
Hay aquí un dilema, el enfrentamiento entre dos valores. Por un lado, la aplicación de la justicia, el castigo a los culpables. Por otro, la garantía de derechos. Si el dilema no se resuelve bien podemos tener delincuentes libres o inocentes condenados.
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El caso de “El Lunares” suena a comedia de equivocaciones. Movería a risa, si no fueran tan graves los delitos que se le imputan. Al menos en dos ocasiones el juez consideró que el debido proceso no se había respetado. Fue liberado, pero en las puertas de la prisión lo esperaba ya la justicia para reaprenderlo.
El caso muestra algo que es obvio desde cierta perspectiva: la buena sociedad, el buen funcionamiento de la política, requieren de un complejo entramado de instituciones. Y de personas que las hagan funcionar.
No es fácil para el ciudadano el ciudadano común saber quiénes deben participar y cómo en el proceso de aprender a un presunto delincuente. Es una cuestión de conocimientos y prácticas especializadas. De “expertos”. De alguien que conoce bien las leyes y la forma de aplicarlas.
La ignorancia, la inexperiencia, puede dar lugar a que se deje libre a un delincuente. O a que se encarcele a un culpable.
Eso, si no hay corrupción. ¿Qué tan difícil es darle una propina a uno de los encargados de armar el expediente, para que falle algún detalle, de tal manera que el juez se vea obligado a rechazarlo?
Policías, agentes del Ministerio Público, jueces, pueden impedir la aplicación de la justicia por cuestiones de “detalles”, como aparentemente ha sucedido, en este caso y en muchos otros. Y un detalle puede fallar por falta de conocimiento, de capacitación o de honestidad. Una forma fácil de crear impunidad.
El buen funcionamiento de una sociedad y de su política no depende de un cambio de partido político en el poder, ni de la llegada de una persona con características particulares al cargo más importante del país, la presidencia de la República. Depende de múltiples instituciones y de los individuos que las hacen funcionar. De que su capacitación e incentivos sean los adecuados. De que su actuación esté sujeta a la transparencia y la rendición de cuentas.