Entre los muchos dilemas que enfrenta la actividad política hay uno macro: entre los intereses personales del político y el interés público. Hay políticos que se inclinan sin problema por el primer polo: ven el acceso al poder simplemente como el logro de un botín del que hay que tomar la mayor tajada posible. Otros se preocupan más por el segundo polo, y buscan detectar y definir los principales problemas públicos y diseñar políticas para resolverlos.
¿En qué anda actualmente nuestra clase política? No es posible una sola respuesta, pues la diversidad de dicha clase y de sus acciones es amplia y abarca todo el espectro. Ciertamente las propuestas de reforma electoral parecen inclinarse hacia el primer polo: mantener y acrecentar el poder de quienes ya lo tienen.
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Pero hay también acciones que buscan resolver los problemas más visibles, como la inseguridad y el débil crecimiento económico.
Sería interesante tener el mapa de quiénes andan en cada uno de los polos, y de quiénes tratan de equilibrar el dilema: sin dejar de lado su interés personal, su carrera política, por ejemplo, se esfuerzan en resolver problemas públicos.
Lo que parece estar inclinando la balanza es la cercanía de las elecciones intermedias. 500 diputados federales, 17 gubernaturas y un gran número de diputaciones locales y regidurías se elegirán el año próximo. Y muchos de nuestros políticos andan concentrados en eso, y solo en eso.
Buscan asegurar candidaturas. Y luego el triunfo electoral. Tan concentrados en eso, que algunos se olvidan de la función que les da sentido: gobernar, llevar a la sociedad con buen rumbo.
Algunos pierden el estilo. Hacen recordar lo que escribió el mismo Sartori: “¿Las elecciones son indispensables para la democracia? Sí, son indispensables. ¿Son buenas para la democracia? No, no son buenas.”
Entre otras razones porque despiertan apetitos individuales. Sin el contexto institucional (Estado de derecho, opinión pública libre y dinámica) esos apetitos pueden se desastrosos.
Y ahí, entre otros problemas, topamos con uno que ha marcado a las elecciones mexicanas recientemente: el dinero del crimen a las campañas electorales. No sólo del dinero: también de las amenazas y secuestros. Y la llegada de criminales a los cargos públicos.
Los datos numéricos nos dicen que el poder está concentrado en una fuerza política: Morena y sus aliados. Vistas las cosas con cuidado es claro que esa concentración no existe. Hay una dispersión del poder que favorece el ingreso de los delincuentes. ¿Está esta cuestión en la agenda de nuestros gobiernos? ¿Se están tomando medidas para combatirla?
¿O hay libertad para que cada quien siga su propio interés hacia las elecciones del 27? ¿Cómo afectará esa situación a los distintos partidos?