En las elecciones poblanas de este año hay cuestiones no claras y otras clarísimas. Entre estas últimas: que los logros electorales en el país no son definitivos, que son frágiles y se pueden revertir. En 2010 se festejó la primera alternancia en el estado. Ocho años después tenemos las elecciones más cuestionadas, quizá, desde los tiempos de Maximino Ávila Camacho.
Ciertamente el contexto actual es muy distinto. En aquellos tiempos la oposición estaba totalmente inerme. Ahora tiene la presidencia de la república y la mayoría en el Congreso de la Unión. Ahora hay diversas instancias de la autoridad electoral (OPLE, tribuna del estado, INE, tribunal federal). Ahora el contexto internacional no legitima autoritarismos como en los tiempos del auge de los fascismos o de la guerra fría.
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Los gobiernos de los estados han sido probablemente el talón de Aquiles de la transición mexicana. ¿Cuántos exgobernadores están en la cárcel o prófugos de la justicia? ¿Cuántos quedaron impunes de sus tropelías? Apenas el año pasado las elecciones en el estado de México y Coahuila dejaron mucho que desear. Se respetó el resultado oficial, después de agotar las diversas instancias legales, pero quedaron dudas sobre la legitimidad de origen de los gobernadores electos.
El caso de Puebla parece ser más grave que los de Coahuila y el estado de México. En las elecciones poblanas hubo una violencia en las urnas que no se había visto en otros lados, en varias décadas. Estas elecciones se parecen a las que predominaron en algunos sitios del país en los años setenta y ochenta: irregularidades en las zonas urbanas, inconsistencias en los resultados, el "voto verde" (de las zonas rurales) desproporcionadamente favorable al partido en el poder. Lo curioso es que los papeles se cambiaron: en aquellas épocas la víctima era el PAN (y más tarde el PRD), ahora el PAN es el victimario.
Lamentablemente la autoridad que finalmente decidirá, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no goza de gran legitimidad. Dejó la impresión en dos importantes decisiones, la aceptación de la candidatura de El Bronco y la negativa a multar a Morena, que primero tomó una decisión política, y luego le dio forma jurídica. Lamentable, porque decida lo que decida en el caso poblano se va a sospechar que la decisión fue más política que jurídica.
Es cierto que no siempre hay un límite claro entre política y aplicación de la ley. En ocasiones, quien decide jurídicamente tiene un margen de interpretación en el que puede y debe moverse. Por eso hay abogados. Por eso es muy frecuente que jurados colegiados tomen decisiones divididas, sin unanimidad. Pero ha habido decisiones de la autoridad electoral con muy poca razón jurídica, y mucho interés político.
Resulte lo que resulte en el caso poblano, va a dejar dudas e insatisfacciones. Pero sería más sano repetir la elección. Empezar de cero lo que, es claro para todos, tiene diversas y serias anomalías. Si quien ganó tiene la certeza de triunfo, no tendrá problema en repetirlo. La ley es rigurosa para permitir la anulación de una elección. Antes, existía la "causal abstracta". Norma jurídica de curioso nombre, para la que, aunque no hubiera una causa concreta para anular la elección, si la diversidad de irregularidades así lo ameritaba, era legal anularla.
La idea era que, aunque no hubiera un hecho específico señalado en la ley como causa de anulación, una diversidad de hechos mostraban que la elección no se había realizado de acuerdo a los principios que nuestras leyes establecen para los procesos electorales. Los abogados dirán si hay este puede ser un argumento legal. Suena a que está bien basado en la lógica y en el sentido común.
Hay una lección más de fondo en la elección comentada: ningún logro humano, social o político, es definitivo. Siempre se puede perder lo logrado. Siempre podemos estar peor.