Durante el tercer debate, el hoy presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que desaparecería el Seguro Popular porque ni es seguro ni es popular y puso el ejemplo de que un medicamento para la diabetes que cuesta $15 pesos, el gobierno lo compra a más de $150 pesos. Bueno, pues esa es la historia actual de las adquisiciones de las dependencias federales, estatales y hasta municipales.
Si usted supiera lo que paga el gobierno a los proveedores por medicamentos, mobiliarios, obras e inmuebles y demás, no daría crédito. Por fortuna con AMLO, se acabará.
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Lo que contó nuestro próximo presidente, no es la excepción, es la regla. Para quienes hemos trabajado en el gobierno, no es raro ver que todo lo que se compra y se paga es caro.
Le contaré que yo trabajé 12 años en la Secretaría de Gobernación y observé cómo las empresas proveedoras robaban a manos llenas. Casi todas las computadoras tenían su número de inventario y el precio; y al checar este último en internet siempre veía que costaban la mitad. Y lo mismo pasa con las obras públicas, los precios siempre están inflados y los constructores usan materiales de mala calidad.
Lo que ha sucedió es que las legislaciones de adquisiciones y obras públicas establecen requisitos mínimos (no máximos) para abrir las licitaciones. Priva la corrupción y casi todos los proveedores son amigos del director de obras o de compras, quienes piden su moche y les dejaban el camino libre para hacer lo que quisieran. Los rubros más afectados han sido la educación, la red hospitalaria y las obras de infraestructura. Para nadie es un secreto que los hospitales no tienen medicamentos, camas, materiales de curación e infraestructura y ya no hablemos del estado de las escuelas públicas y las vías de comunicación.
Bueno, pues esta semana, se hicieron muchos anuncios que me llenan de esperanza.
Carlos Urzúa, quien será el secretario de Hacienda en la administración de AMLO, informó que se buscará centralizar todas las compras del gobierno, con lo cual se liberarían recursos para el erario público hasta por $500,000 millones de pesos, pues se evitarían actos de corrupción entre los sectores públicos y privado.
Se prevé desarrollar una plataforma digital para centralizar la compra de bienes. Algo así como un Amazon estatal, donde todos los gobiernos de los estados y municipios puedan adquirir bienes sin sobreprecios. Ahora sí, el medicamento para diabético costaría los 16 pesos que vale en la farmacia de la esquina.
La nueva administración de la Secretaría de Hacienda convocaría a quienes quieran ser proveedores, y de acuerdo con las condiciones que ofrezcan, Hacienda evaluaría si es viable hacer esa adquisición, considerando costos y beneficios para la función de las dependencias.
Estas ofertas ya aprobadas por el federal, explicó el futuro secretario, se congregarían en esa plataforma digital, para que las dependencias elijan, por lo que se evitaría negociaciones entre las distintas dependencias, gobiernos estatales y sector privado.
Pero la ola de reformas no para ahí y también hay intención de reducir salarios y viejos privilegios a funcionarios públicos. Otra gran fuente de fugas para el erario público.
El programa anticorrupción que anunciará el virtual Presidente electo está considerando 50 acciones que se pondrán en marcha desde el 1 de diciembre, algunas con aprobación del Congreso en materia presupuestaria y otras como medidas administrativas del Ejecutivo.
Entre ellas, habrá una reducción del personal de confianza en el Gobierno federal y la disminución a la mitad del gasto en publicidad oficial que se pagaba a los medios de comunicación. Porque usted no sabe, pero el 99 por ciento de los periódicos y revistas de este país viven de la publicidad gubernamental.
En el primer año de Gobierno, propone, no habrá adquisiciones de vehículos nuevos ni de sistemas de cómputo, además de que se eliminarán los seguros de gastos médicos privados y el seguro de ahorro por separación del cargo para funcionarios públicos.
Se prevé reducir a la mitad los sueldos de altos funcionarios que ganen más de un millón de pesos al año y que ninguno utilice aviones ni helicópteros privados, pues sólo serán para servicios de emergencia.
En ese programa también estará contemplada la eliminación de las pensiones a los ex Presidentes de la República.
También se prohibirá a los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, Energía y otras áreas que convivan en fiestas, convivios deportivos o viajes con contratistas, concesionarios o grandes contribuyentes y proveedores.
A la alta burocracia no sólo se le reducirá su sueldo: la mayoría de funcionarios tampoco tendrán escoltas, choferes ni secretarios particulares.
Los viajes al extranjero será reducidos al máximo, y quienes deban acudir a un asunto fuera del País llevarán viáticos sólo para lo necesario, sin lujos.
En una palabra, se acabarán las canonjías para los proveedores y para los altos funcionarios. Un reto que parece difícil, pero que ha significado, por décadas, el estancamiento del país.