¿Se puede cambiar la política, cuando los cambios van contra los intereses de la mayoría de la clase política? Son los políticos los que cambian las normas que regulan el acceso al poder. Cuando esos cambios perjudican o ponen en riesgo sus intereses, se enfrenta un dilema, una paradoja: que la clase política actúe contra sí misma. Es el caso de los requisitos para ser candidatos independientes y la forma como elegimos a los legisladores de representación proporcional.
El derecho de ser candidato en México sin ser postulado por algún partido vino de afuera. Fue un derecho reconocido por organismos internacionales, cuyo reconocimiento obligó a la clase política mexicana a cambiar las leyes del país. Ahora se puede ser candidato sin serlo de algún partido. Pero los requisitos son tan altos, que en algunos casos el derecho no es vigente. No es un derecho, sino una pura formalidad legal.
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Se entiende que no se abra la puerta a cualquiera que quiera ser candidato. Se daría entrada a muchos oportunistas sin ningún mérito y sin ninguna posibilidad de ganar la elección. Oportunistas interesados sólo en el dinero público que se les daría o en la posibilidad de “salir en la foto”, de tener sus 15 minutos de fama. Pero de ahí a tener requisitos tan altos, como los que exige la ley poblana para ser candidato a gobernador, hay una buena distancia.
Sería sano que el derecho a ser candidato ciudadano (es decir, no candidato de algún partido) fuera más flexible. Que sin abrirle la puerta a cualquier pepenador de recursos públicos o a egos fuera de control se permitiera a ciudadanos honorables aspirar a competir en una elección. No es un tema sencillo, pero es claro que la situación actual es demasiado restrictiva.
Un recordatorio numérico. La única candidata a gobernadora no propuesta por un partido en Puebla ha sido Ana Teresa Aranda. Presentó 127 mil firmas. Se le ha cuestionado que obtuvo una cantidad menor de votos: 74,331, poco menos del 60% de las firmas recibidas. Pero el cuestionamiento debería ser más bien al requisito. Ana Tere obtuvo un número de votos similar al de la candidata del PRD.
Algo similar puede decirse de las candidaturas plurinominales. Como señaló Javier Aparicio, en las listas de candidatos al Senado hay algunos impresentables: políticos sumamente cuestionados que jamás ganarían una elección de mayoría. Van protegidos por un manto legal que empobrece y mancha a nuestro poder legislativo.
No necesariamente hay que eliminar a los plurinominales. Pero sí sería positivo cambiar la forma de elegirlos. En otros países son los ciudadanos, no los partidos, los que decide el orden de la lista. No se vota por una lista previamente acordada por intereses políticos: el votante ordena, según sus preferencias, a los candidatos de mejor a peor. El partido puede proponer su lista de impresentables, pero serán los votantes los que decidan el orden. Los candidatos sin apoyo ciudadano no llegarán al poder legislativo.
Esto implicaría que el voto por los legisladores se diera en dos boletas, una para los de mayoría y otra para los de representación proporcional. Con esta división, aunque no se diera el ordenamiento de las candidaturas según la preferencia del votante, cambiaría el sistema actual donde los candidatos plurinominales “viajan gratis”, con los votos que obtiene su partido en candidaturas y listas cerradas, aunque ellos jamás los obtendrían.
Son cambios razonables, que mejorarían la política del país, y la relación entre la clase política y la sociedad. Pero no ser harán si no hay la presión necesaria, pues van contra los intereses inmediatos de los partidos políticos. O una combinación de presión social y de una visión de mediano y largo plazo por parte de la clase política.