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OPINIÓN

Autonomía vs. Estado de derecho

Lo que pasó en la UNAM. No confundir autonomía con extraterritorialidad. Estudiantes, ¿protegidos?

René Sánchez Juárez

Politólogo y Maestro en Ciencias Políticas. Académico de la BUAP. Sindicalista y dirigente FROC-Puebla. CONLABOR. Ex Diputado Local y Federal

Domingo, Febrero 25, 2018

El aumento de la violencia por causa del crimen organizado se ha ido normalizando peligrosamente en las ciudades medias del país, sobre todo del centro y a esto no han sido ajenas las escuelas de educación media y superior como la Universidad Nacional Autónoma de México, que recientemente vivió una serie de actos violentos al interior de sus instalaciones.

 

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La semana pasada murieron dos presuntos narcotraficantes en un enfrentamiento dentro de la UNAM, el desafortunado evento pone en evidencia la falta de seguridad que se vive al interior de la máxima casa de estudios, además de la vulnerabilidad de nuestros jóvenes estudiantes. La UNAM es sólo la punta del iceberg de una realidad a la que se enfrentan diariamente los diversos planteles educativos, públicos y privados en nuestro país, que se han convertido en zonas estratégicas para el narcotráfico y que se convierten en lugares  "a modo" para la distribución y venta de estupefacientes.

 

El rector Enrique Graue comentó ante los medios de comunicación que lamentaba el deceso de los dos hombres que perdieron la vida dentro de la Universidad y explicó que el aumento de la violencia puede deberse a las acciones que ha implementado la propia UNAM para combatir el tráfico de drogas y que dispersó a los narcomenudistas.

 

La autonomía de la que goza la UNAM no debe entenderse como territorio libre o zona de tolerancia, para que los narcomenudistas se sientan con la libertad de traficar sin la zozobra de ser detenidos.

 

Las detenciones que el mismo rector mencionó, más de 30 presuntos narcomenudistas no han sido suficientes para contener los actos de violencia ni disminuir la venta de estupefacientes a los estudiantes de Ciudad Universitaria.

 

El rector Graue finalizó con su declaración: “estamos conscientes de la fragilidad de la seguridad de nuestra universidad como un espacio plural, abierto y democrático, pero que nuestra fortaleza está en el saber, en la libertad, en la autoridad moral y en el amor y respeto a nuestra universidad”

 

La autonomía universitaria es sin duda la garantía de una educación libre y universal pero el respeto a esa autonomía hoy está en riesgo si la rectoría de la institución no entiende el rol que le corresponde jugar de  manera activa y decidida en beneficio de los jóvenes estudiantes. El discurso de respeto a la autonomía debe pasar por el hecho que no se puede hacer valer esa  facultad si no se garantiza la seguridad de la comunidad universitaria. Pareciera que en  este  delicado tema del narcomenudeo, la prioridad es mantener a salvo el campus universitario de la intervención de las autoridades encargadas del combate a la delincuencia. No malentendamos autonomía con extraterritorialidad, pues eso a los únicos que beneficia es a los narcomenudista que ocupan esos espacios libres para actuar con impunidad.

 

El tema de la presencia del narcomenudeo en las instalaciones de la UNAM y de los centros de educación media y superior, públicos y particulares en nuestro país, nos debe poner a pensar a la sociedad y al Estado mexicano si estamos haciendo lo suficiente para mantener a salvo a nuestra juventud del flagelo de las drogas.

 

Es buen momento para pensar cuánto invierte el narcotráfico para ganar espacios entre la juventud para vender drogas y cuánto invierte el gobierno en deporte, cultura y recreación para alejar a la juventud de los vicios. Sin duda, el déficit de inversión del gobierno en educación, cultura y deporte se hace evidente ante estos hechos, que ocurren en todo el territorio nacional y no sólo en la UNAM. La implementación del estado de derecho en nuestro país no está peleado con la privacidad de las instalaciones universitarias, sean éstas públicas  o privadas, pues nadie se opondria a la intervención del Estado en defensa de la seguridad de nuestros jóvenes, al contrario, la comunidad universitaria sería la primera en coadyuvar con las autoridades y los padres de familia los mejores aliados de una estrategia concertada en beneficio de todos.

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