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OPINIÓN

La constitución, la educación y nuestra cultura de la (i)legalidad

Necesidad de formar a las nuevas generaciones en el conocimiento, cumplimiento y resguardo de la ley

Juan Martín López Calva

Doctor en Educación UAT. Tuvo estancias postdoctorales en Lonergan Institute de Boston College. Miembro de SNI, Consejo de Investigación Educativa, Red de Investigadores en Educación y Valores, y ALFE. Profesor-investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Domingo, Febrero 4, 2018

“Ayuda muy poco a confiar en la ley si la vida cotidiana transcurre exenta de la ley, ignorante de la misma, con más confianza en el arreglo personal o en la ‘transa’ que en los códigos racionales legales o morales. Y es así porque en nuestra cultura no se ha respetado un principio de la democracia: El principio de la auto-fundación, el cual se puede expresar así: ‘La democracia es un orden que se caracteriza porque las Leyes y las normas son construidas o transformadas por las mismas personas que las van a vivir, cumplir y proteger’. En la ‘transa’ sí participamos, en la formación de las leyes no”.

Miguel Bazdresch. Educación para una democracia de ciudadanía.

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Hoy se conmemora –porque francamente es difícil decir que se celebra- en nuestro país un aniversario más de la Constitución, que es el marco legal fundamental que formalmente rige –o debería regir- nuestra convivencia como mexicanos. Habrá como siempre una fastuosa ceremonia con algún discurso vehemente de un funcionario distinguido especialmente por el Presidente de la República para encargarse de este mensaje y recibir la luz de los reflectores y la atención de la clase política  y de la comentocracia… yno sucederá mucho más que eso.

Porque en México seguimos padeciendo una profunda crisis de legalidad y enfrentamos una realidad en la que cada día se vuelve más urgente el clamor por la instauración de un verdadero estado de derecho que garantice la impartición de justicia pronta, expedita y equitativa para todos los ciudadanos independientemente de su posición social, su estatus económico o su proximidad o lejanía con el poder político.

En mi infancia escuché muchas veces el –mal- chiste de que la Constitución mexicana era como un partido de Basquetbol por la enorme cantidad de violaciones que tenía. El académico y periodista, ex canciller mexicano Jorge G. Castañeda analiza en su libro la enorme cantidad de modificaciones que ha sufrido históricamente nuestra máxima legislación -489 de 1917 a 1997- y el hecho de que la mayoría de estas modificaciones se han hecho para hacer concesiones a sectores sociales o políticos a los que había que apaciguar, lo que a decir de este autor, ha transformado al documento fundacional “en una suerte de lista de Santa Claus de buenas intenciones y de aspiraciones dizque nacionales”.

Tiene razón Castañeda porque la realidad cotidiana nos muestra que ser ciudadano en este país consiste en estar sistemáticamente ideando formas de darle la vuelta a la ley cuando no de violarla abiertamente sin que existan consecuencias.

La impunidad es tal vez la enfermedad crónica más grave que padece nuestra patria y ha ido contribuyendo a un progresivo deterioro de nuestra convivencia, a una ruptura del tejido social y a la casi total desconfianza en la ley y la autoridad encargada de aplicarla.

¿Cómo revertir esta cultura de la ilegalidad que permea todos los niveles de nuestra sociedad y corrompe todas las relaciones e instituciones?

El pensador francés Edgar Morin afirma con razón que para cambiar las mentes es necesario cambiar las instituciones pero que para cambiar las instituciones es indispensable cambiar las mentes. Si aplicamos esta idea a la construcción de una auténtica cultura de la legalidad que honre a la Constitución en lugar de seguirla teniendo como una carta a Santa Claus, resulta evidente que tenemos que trabajar para ir cambiando las instituciones del país para que cambien las mentes de los ciudadanos respecto a la ley, pero que al mismo tiempo tenemos que empeñarnos en transformar las mentes de las nuevas generaciones para que crezcan con una nueva perspectiva de su ser ciudadanos, una perspectiva que tenga como uno de sus pilares fundamentales el respeto a la ley.

La formación para la ciudadanía no es un añadido o un lujo complementario para la educación en nuestros días sino una necesidad urgente que debe atenderse desde todos los niveles del sistema educativo. Todos los actores del sistema deberíamos comprometernos con esta tarea si queremos sembrar las posibilidades de que este país tenga futuro y que ese futuro sea el de una sociedad democrática.

Para asumir este compromiso sería pertinente asumir el principio de auto-fundación como un principio fundamental para la formación de ciudadanía democrática. Formar a las nuevas generaciones en la convicción de que: “La democracia es un orden que se caracteriza porque las Leyes y las normas son construidas o transformadas por las mismas personas que las van a vivir, cumplir y proteger”.

Formar para la ciudadanía significa educar niños y jóvenes que comprendan y valoren la importancia de vivir, cumplir y proteger las leyes –aún cuando otros no las vivan, ni las cumplan, ni las protejan- y de analizar críticamente las leyes vigentes para proponer y exigir su mejora continua.

Formar para la ciudadanía implica construir en las nuevas generaciones una auténtica cultura de la legalidad que sustituya por fin a la cultura de la transa en la que desafortunadamente seguimos instalados como nación. Esta sería la mejor forma de conmemorar la Constitución y de honrar a quienes la promulgaron y a todos los que honestamente han contribuido a mantenerla viva.

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