La transición mexicana pareció fortalecer a los gobernadores en varios sentidos. Uno de ellos: parecía que la gubernatura se convertía en la mejor vía para llegar a la presidencia de la República. En 2000 llegó al máximo cargo político del país un ex gobernador, Vicente Fox. Sus dos principales adversarios habían sido también gobernadores: Francisco Labastida (Sinaloa) y Cuauhtémoc Cárdenas (Michoacán y Distrito Federal).
En 2006 dos de tres. López Obrador tenía como cargo previo y más importante en su carrera el haber sido gobernador de la Ciudad de México. Y Roberto Madrazo adquirió estatura política nacional como gobernador de Tabasco, al negarse a ser defenestrado por el ejecutivo federal. Ganó el único que no había tenido esa experiencia, Felipe Calderón.
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En 2012 el triunfo de Enrique Peña Nieto, cuyo capital político consistía en haber gobernado al Estado de México, parecía confirmar la tendencia. Pero en 2018 ha perdido fuerza. Sólo uno de los tres precandidatos fuertes ha sido gobernador, López Obrador. Y llega ahora a la candidatura no tanto por sus logros en ese cargo, sino porque se ha colocado en el imaginario de muchos mexicanos como quien puede solucionar los grandes problemas nacionales.
Su gobierno en la Ciudad de México está ya lejano en el tiempo como para que pueda constituirse como su principal capital político. Y ciertamente no parece haber sido un gobierno extraordinario. Parece que fue simplemente bueno. Lo que no es poca cosa, frente a tantos gobernadores y ex gobernadores que no han sido malos, sino desastrosos. Se puede estar de acuerdo en que la Ciudad de México estaba mejor después del gobierno de Andrés Manuel que antes. Pero no en que “salvó” a esa ciudad, como prometen de manera más o menos tácita muchos eslóganes de su partido: que sólo esta candidatura puede “salvar a México”.
Ni Meade ni Anaya han gobernado su estado. La imagen del gobernador mexicano hoy día, más que ser la de un cargo que prepara mejor que ningún otro para gobernar el país a nivel nacional, es la de un balance sin contrapesos, que se ha prestado a abusos excesivos. Ex gobernadores en la cárcel, o buscados por la justicia, o acusados razonablemente de enriquecimiento inexplicable y otros delitos, son los primeros que vienen a la mente.
Ciertamente hay que cuidarse de no generalizar: son muchos los gobernadores sin acusaciones. Pero es de esperarse que los casos donde haya culpables se castiguen jurídicamente, para darle vigencia a esa función de la ley: la prevención. Ya hoy, creo, no cualquier gobernador se arriesgará a hacer lo que hicieron Javier Duarte o Roberto Borge. Pero hace falta que la sanción jurídica se aplique como norma, y no como excepción.
Pero además de la aplicación de la ley a los delitos cometidos, hay necesidad de otras medidas preventivas. Hay necesidad de un entramado institucional, local y federal, para evitar que los gobernadores tengan la posibilidad de realizar estos abusos.
Lo que tiene que ver con la división de poderes. Actualmente ésta funciona razonablemente bien a nivel federal, pero es inexistente en algunos estados. El principal contrapeso al ejecutivo, el congreso local, suele estar controlado por el gobernador. El caso de Puebla es claro. La mayoría de las votaciones del congreso del estado son de un 97% de los votos. Aún en decisiones controversiales o de plano absurdas, la oposición al ejecutivo, el PRI en el caso poblano durante los últimos siete años, vota a favor del gobernador.
Dado que en el congreso local se decide la conformación de algunos organismos constitucionales autónomos, cuya función es también hacerle contrapeso al ejecutivo, al controlar éste al congreso, controla también a estos organismos. Es el caso de la Comisión de Derechos Humanos y de las instituciones encargadas de la rendición de cuentas. Es el caso también del poder judicial.
El costo político de este control del ejecutivo local sobre los demás organismos políticos de los estados es muy alto. No sólo permite casos como los más escandalosos ya citados. Hay otros menos graves, o menos visibles. En general este predominio de un poder sobre otro genera ineficiencia en la generación de bienes públicos.
La reelección inmediata de legisladores puede dar autonomía a los congresos locales. Pero no es seguro. Se requiere de otros cambios. Fortalecer la institucionalidad de los gobiernos locales, uno de los eslabones débiles de la transición mexicana, debe estar en el centro de la agenda política nacional.
[El autor es profesor de la Universidad de las Americas - Puebla]