La política exterior mexicana en términos generales debe servir para solucionar ciertos intereses nacionales, lo cual es aplicable a las relaciones bilaterales y multilaterales, en este caso en la relación bilateral México-Estados Unidos. Por otro lado, tradicionalmente la política exterior ha estado disociada de la política interna, por razón de su dinámica, de su lógica, del contexto internacional, del grupo en el poder, de la democracia, de la visión que se tenga de ella o bien, de las prioridades en los escenarios que se presenten.
Hoy en día en que se inaugurará un nuevo gobierno en Estados Unidos, éste muestra su estrategia de política exterior hacia México: el desmantelar gran parte de lo que se ha convenido ya sea en cuestiones políticas, sociales, así como comerciales.
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Internamente en México, dado que en los órganos de gobierno no existen posiciones estratégicas para atender las relaciones exteriores, principalmente con Estados Unidos, y más cuando se presentan aspectos conflictivos en la toma de decisiones o que no corresponden a los intereses nacionales, o bien no están en los planes nacionales.
Un evento que tiene rasgos nacionales y de política exterior fue la decisión de invitar al candidato a la presidencia de Estados Unidos del partido republicano a México, cosa que sucedió otorgándole un protocolo propio de jefe de Estado, y además con una invitación que no emergió del órgano especializado del Ejecutivo Nacional, esto es, la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino de otro órgano diferente, es decir, de la Secretaría de Hacienda.
Lo interesante del asunto es que por “chiripa”, utilizando un término coloquial muy mexicano, el candidato a la Presidencia de Estados Unidos Donald Trump fue elegido presidente de ese país, lo que de alguna manera legitimó la decisión del gobierno mexicano de haberlo invitado antes de su elección como tal.
La decisión del gobierno mexicano de haberlo invitado previamente, es decir, antes de ser presidente de Estados Unidos tuvo repercusiones internas en México tanto de críticas política- jurídicas como las siguientes:
1 Haber trastocado la institucionalidad en México
2 Haber violentado el derecho diplomático
3 El haber permitido que un actor, que todavía no era jefe de Estado, haya intervenido en asuntos internos del país, como actor internacional distinguido.
4 Que el jefe de Estado mexicano no haya tenido la fuerza política suficiente para expresar ciertas posiciones firmes, de necesidad y de estrategia en política exterior con Estados Unidos, especialmente en lo que refiere a los temas de la agenda bilateral: migración, comercio y seguridad.
Por el lado gubernamental las principales opiniones y justificaciones de haber invitado al candidato republicano Donald Trump, y “después” a Hilary Clinton, fueron las siguientes:
A Que lo prioritario era lo económico-comercial, por lo que era necesario que hubiera una interlocución de un órgano diferente al de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
B Que la propuesta, aunque no reconocida abiertamente por el propio gobierno, de que la visita de Donald Trump provenía de su Secretario de Hacienda, por lo que era lo más acertado.
Sin embargo, ante tanta crítica y presión de la opinión pública, el Secretario de Hacienda fue renunciado.
C Una vez que Donald Trump fue electo, el gobierno retomó el asunto como éxito logrado.
Mientras, la Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu, fue desplazada en la decisión mencionada, sin embargo, en el sacrificio político que sufrió, tuvo dos momentos de inmolación:
1 En la comparecencia ante el Senado, dada la petición de este, y al cual le corresponde los asuntos de política exterior, asumió como responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores dicha decisión, es decir la visita de Donald Trump.
2 Tiempo después, ya en enero de 2017, 15 días antes de tomar posición como jefe de Estado Donald Trump fue renunciada al cargo de Secretaria de Relaciones Exteriores y puesta en su lugar el renunciado anteriormente, esto es, el Secretario de Hacienda Luis Videgaray.
La justificación del gobierno mexicano, en declaratoria del propio Ejecutivo Nacional fue de que Videgaray era el más idóneo interlocutor con el nuevo gobierno de Estados Unidos, por todo lo que significaba en términos de los asuntos prioritarios: migración y comercio, temas que estaban en el debate por las declaraciones y acciones que Donald Trump empezó a incidir en la potencial deportación de migrantes mexicanos en territorio estadounidense, así como la cancelación o modificación del Tratado de libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que como amenaza se presentaban en el escenario inmediato.
En este punto, se puede analizar que Claudia Ruiz Massieu no era la más apropiada, lo cual significaba, que tampoco lo fue durante su gestión.
Por otro lado, podemos observar que en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando se estuvo negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a la Secretaría de Relaciones Exteriores se le quitó ciertas facultades, y una de ellas, la más importante, fue de que ya no negociaría dichos tratados comerciales, sino que de ahí en adelante le correspondería a las Secretaría de Economía Federal a través de la Subsecretaría de Negociaciones Internacionales; lo cual llegó hasta enconos personales, en aquel momento, entre el Secretario de Relaciones exteriores Fernando Solana y el Secretario de Economía Jaime Serra Puche.
Cosa contradictoria sucede con el evento aquí analizado, puesto que al poner como Secretario de Relaciones Exteriores a Luis Videgaray al regresarle por la vía de los hechos y no por la vía jurídica las funciones de negociación “personalizadas” a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en lo particular lo referido al comercio libre con Estados Unidos.
De tiempo atrás, México ha venido cayendo en una mayor dependencia política y económica internacional, particularmente en la relación con Estados Unidos, aun, a pesar y tal vez a propósito del Tratado de libre Comercio de América del Norte, ejemplos de esto es haber aceptado las condiciones de dicho Tratado desde que se negoció, el haber servido de portavoz de los intereses de Estados Unidos en el fracasado Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en las relaciones exteriores con otros países, como por ejemplo con países del sur del continente americano en la época del presidente Vicente Fox Quesada, o bien, con la aceptación de condicionamientos del Acuerdo Mérida en el sexenio del presidente Calderón.
Pero en el evento aquí analizado, el cambio en la Secretaría de Relaciones Exteriores y el haber puesto a Videgaray como nuevo encargado, representa no solamente dependencia sino inclusive subordinación a los intereses de Estados Unidos; pero aún más, subordinación a un nuevo jefe de Estado de ese país, quien todo indica que deseaba y así lo aceptó el gobierno mexicano que fuera Videgaray el interlocutor directo con él, y de aquí las justificaciones del gobierno mexicano, en favor del cambio y del nuevo personero de la Secretaria de Relaciones Exteriores.
Además, de la subordinación del gobierno mexicano a un gobierno extranjero, fuera de toda posición nacionalista o de soberanía ultranza, lo anterior demuestra una debilidad del gobierno mexicano.
Pero una situación contradictoria, digna de ser analizada es que en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 se establece que México tendría en su política exterior responsabilidad global, argumento que ahora esgrime el gobierno nacional en el cambio que ha llevado a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores; lo cual es incorrecto, porque una relación bilateral no es una relación global. Más bien, el punto del Plan Nacional de Desarrollo que debería esgrimirse sería: la política exterior debe servir para el desarrollo nacional; objetivo que tradicionalmente es contradictoria con la política interna; sin embargo, aun y a costa de lo fallido que ha sido en la toma de decisiones el evento aquí analizado, podemos confirmar que en forma visible en esta ocasión encontramos que la decisión en política exterior si ha afectado la vida nacional y precisamente para el desarrollo nacional, por cuanto las primeras acciones de Donald Trump, aun sin ser todavía Jefe de Estado en funciones, si han afectado la vida económica de México, como por ejemplo: la amenaza de sancionar algunas empresas trasnacionales estadounidenses si invirtieran en México, con este ejemplo podemos afirmar que la política exterior puede servir para el desarrollo nacional o bien, para mayor perjuicio, todo depende de cómo se tomen las decisiones; esto queda a la reflexión.
[El autor es Doctor en relaciones Internacionales. Docente-investigador de tiempo completo, titular “C” en la maestría en Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias].