Uno quisiera escribir de otros temas, abordar otros aspectos de la rica y compleja realidad educativa, ocuparse de cosas más positivas, de elementos que refuercen la tan necesaria esperanza de que las cosas van mejor en el escenario de la educación nacional, pero “sigue la mata dando…”
Después de dos semanas de escribir sobre el paciente grave al que llamamos sistema educativo y de la salida falsa que significa “culpar al termómetro” de la enfermedad con todo y las limitaciones que el tiene la medición de la temperatura para sacar conclusiones y hacer diagnósticos, uno quisiera pasar la página pero “sigue la mata dando…”
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En efecto, la terca realidad de un sistema en su etapa final de descomposición sigue aportando sin descanso nuevos datos para documentar nuestro pesimismo acerca de las posibilidades actuales de mejora de la calidad y la equidad en la formación de las nuevas generaciones de ciudadanos para este país que necesita con urgencia cambios de fondo.
En la semana que terminó, pudimos enterarnos de la velocidad vertiginosa con la que se desvía el presupuesto destinado a la educación a través del “Abusómetro” instalado por la organización Mexicanos, primero en un espectacular en el periférico de la ciudad de México y consultable en la página web finalabuso.org.mx. El abusómetro muestra que este despilfarro asciende a 95 millones de pesos diarios, 35 mil millones al año.
Pero estas cifras escandalosas podrían quedar cortas, según apuntaba el periodista José Cárdenas en su columna de Excélsior a partir de la información que se desprende del estudio “Censo Educativo. Radiografía del Dispendio Presupuestal”, elaborado por México Evalúa bajo la dirección del investigador Marco Antonio Fernández.
Según este estudio basado en el censo educativo del INEGI, el despilfarro del presupuesto educativo podría ascender a 51 mil millones de pesos al año. Cárdenas señala en su síntesis del estudio que existen 30 mil 695 maestros comisionados a labores no docentes, 39 mil 222 profesores aviadores y 115 mil entre muertos que regresan cada quincena desde su tumba a cobrar su sueldo y jubilados que a pesar de estarlo siguen devengando un salario como si tuvieran una plaza en activo.
Si uno revisa los datos que presenta la página de México evalúa, nuestro estado de Puebla tiene un total de 1004 plazas de comisionados lo que la coloca en el lugar número 12 del ranking según el porcentaje de la nómina dedicado a comisionados (0.95% ) y un total de 905 aviadores (0.86% de la nómina) ocupando el octavo lugar en este rubro. En cuanto a jubilados y fallecidos que cobran sueldo, nuestra entidad tiene un total de 4,135 (3.93%) que nos pone en el décimo lugar nacional.
En cuanto al estado de las escuelas, el caso de Puebla muestra un total de 2901 sin agua corriente, ocupando el lugar 23 del país, así como 4022 centros sin drenaje –lugar 14- y 791 con techo inadecuado que significa el lugar número 9 en el escenario nacional.
El estudio señala que el costo de la nómina irregular para el caso de Puebla se encuentra entre el 2.73% en el escenario optimista y el 6.96% en el peor escenario.
Los datos son realmente preocupantes y si tomamos en cuenta que según ha declarado el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), solamente se han podido conocer los datos de 64 de las 432 preguntas aplicadas por los encuestadores… apenas 16 por ciento, podemos imaginar las enormes sorpresas nada agradables que seguramente se encuentran en los datos ocultos hasta hoy.
Por el lado del sindicato, el Dr. Gil Antón señala en su artículo más reciente de El Universal que se ha anunciado un nuevo programa en el que se repartirán alcancías –cochinitos, en el estilo más clásico- en las escuelas de todo el país con el fin de que los niños, los padres de familia y los maestros generen ahorros para aplicarse a la solución de algunas necesidades específicas de las escuelas. Este “sntetón” (una especie de teletón del SNTE como le llama Gil Antón en su texto) es un programa en el que el sindicato de maestros a través de su dirigencia asume tareas que no le corresponden y que además implica una renuncia del Estado a su obligación de proveer de instalaciones adecuadas y equipamiento de calidad a todas las escuelas del país.
Finalmente, el Dr. Carlos Ornelas plantea en su artículo: Oaxaca: la prueba de fuego señala el enorme riesgo que implica para la reforma educativa el hecho de que el gobierno federal haya designado a un delegado o comisario político de la Secretaría de Gobernación para negociar con la sección 22 de la CNTE la regularización de las plazas y el “plantilleo” de las contrataciones previas además de, probablemente, negociar la aprobación de su ley particular, contraria a la reforma constitucional en materia educativa y a sus leyes reglamentarias. Si esta negociación llega a otorgar todo lo que este grupo de presión exige y el gobierno federal cede en todo lo que el gobierno estatal ya claudicó desde hace tiempo, se estaría mandando un mensaje de falta de respeto a la legalidad y esto podría implicar, señala Ornelas, “enviar las reformas por un caño”.
En fin, uno quisiera escribir de otros temas, pero “sigue la mata dando”…