Por presuntos excesos e ilegalidades, en el Congreso de Puebla se inició el proceso para extinguir al Cabildo de Tehuacán con todo y el alcalde suplente Artemio Caballero López, que apenas llegó al cargo hace diez días.

Pese a señalamientos de abusos, ilegalidades y errores en el dictamen, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó este lunes arrancar la desaparición de poderes en el municipio, tras casi ocho meses de la aprehensión del edil constitucional, Felipe Patjane Martínez.

Sin dar lugar a modificaciones ni corregir los yerros señalados por la oposición, los diputados de Juntos Haremos Historia impusieron el dictamen que apenas fue elaborado y circulado a los legisladores la noche del domingo.

Con cuatro votos a favor y dos en contra, se avaló en una sesión virtual arrancar la disolución del Cabildo por presuntamente exceder sus facultades, usurpar funciones, obstaculizar la prestación de servicios, vulnerar el interés público y violentar los derechos políticos del edil suplente, Artemio Caballero López.

Para el 13 de julio a las 10 de la mañana se programó la primera audiencia para escuchar la defensa y alegatos de los imputados, incluyendo a Patjane Martínez.

Aunque la oposición exigió dejar en receso el asunto para corregir el dictamen que se planeaba aprobar, los diputados de Morena, PT y PES se negaron y continuaron con el proceso.

Las bancadas del PAN y el PRI reprobaron la decisión al señalar que los presuntos delitos solo se atribuyen de forma específica a algunos secretarios, regidores o al alcalde constitucional, pero en lugar de sancionar a cada uno de forma particular, se pretende revocar el mandato de todo el Cabildo.

En repetidas intervenciones denunciaron que la medida representa un exceso, vulnera la presunción de inocencia de los regidores y parece una venganza política dirigida desde el gobierno del estado, pero no cambiaron en nada la resolución.

De concretarse la desaparición del Cabildo, la Constitución Política del estado señala que el Congreso debe designar un concejo ciudadano, formado por personas del municipio, para que se hagan cargo del ayuntamiento por lo que reste de la administración 2018-2021.

Imputan delitos y excesos

El dictamen aprobado en la comisión, y que deberá ratificarse en el pleno el miércoles, señala ocho motivos concretos por los que se considera procedente la extinción.

La primera es la negativa a la toma de protesta de Caballero López, a quien se le negó el derecho de asumir la alcaldía desde diciembre de 2019, tras un mes de ausencia de Patjane Martínez.

El segundo es la creación de una “comisión especial transitoria” para la representación del municipio, la cual carecía de fundamento legal y aún así firmó 33 contratos, otorgó permisos y autorizó cambios en el personal del ayuntamiento.

El órgano estuvo conformado por los regidores: Israel Nasta de la Torre, como presidente; Yesenia Hernández Asunción como integrante, y lo mismo Víctor Manuel Canaan Barquet.

Esto lleva a la tercera acusación, que es “usurpación de funciones y/o uso indebido de funciones”, por los contratos y por encabezar o avalar 67 acciones específicas, que van desde la autorización de finiquitos, hasta la disposición de recursos públicos federales.

A eso se suman presuntas inconsistencias en dictámenes y acuerdos de las comisiones permanentes del ayuntamiento, mismas que fueron avaladas en el Cabildo, así como un supuesto “funcionamiento irregular” de las comisiones.

Incluyen delitos de Patjane

Como sexta causal de la destitución se mencionan los presuntos delitos atribuibles a Patjane Martínez, que son: mal uso de recursos públicos y manipulación de procesos de licitación para obras, así como irregularidades en la entrega de contratos.

Se enlistó luego un supuesto “incumplimiento del deber legal” ´por parte de todos los miembros del Cabildo, en tanto que el último argumento consiste en la violación de los derechos políticos del alcalde suplente.

En razón de lo anterior el dictamen concluye que es válido iniciar con el proceso de extinción del Cabildo, “considerando la presunta existencia de actos u omisiones que configuran causales para el trámite del presente asunto, la existencia de un interés jurídico tutelado, traducido en el interés público y el legal y adecuado ejercicio gubernamental, la prestación de servicios públicos y la garantía de los derechos humanos a través de ellos, aunado a la aparente existencia de elementos que configuren tipos penales”.

Acusan excesos del Congreso

En la sesión de la comisión el diputado José Juan Espinosa Torres (del PT), acusó que el Congreso excedería sus facultades si concreta la extinción de poderes, pues el dictamen se basa en delitos penales, que solo pueden ser juzgados por el poder Judicial, mientras que las faltas administrativas deben ser sancionadas por la Contraloría municipal y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La priista Rocío García Olmedo denunció que era violatorio de los derechos de los regidores iniciar con el proceso de extinción a pesar de que las irregularidades solo se atribuyen de forma específica a la comisión transitoria y a Patjane Martínez.

Enfatizó que las faltas podrían sancionarse de forma particular, con la suspensión o revocación de algún regidor para que sea sustituido por su suplente, pero no proceder contra todo el Cabildo.

Como a las comparecencias de alegatos deberá acudir el alcalde suplente, pidió llamar también a los suplentes de los regidores, para que tengan la oportunidad de defender su derecho a asumir el cargo cuando se remueve a un regidor, pero su petición fue negada.

Solo deberán presentarse el lunes en la sede alterna del Congreso los 13 regidores, el alcalde suplente, la síndica municipal y la representación jurídica de Patjane Martínez.