El gobierno de Miguel Barbosa no ha cambiado la política en cuanto a megaproyectos de alto impacto ambiental, declaró Óscar Antonio Jiménez Morales, docente-Investigador de la Benemérita  Universidad Autónoma de Puebla en entrevista para este medio. 

Según el académico, no hay voluntad política por parte de la administración estatal para diseñar nuevas políticas sobre el tema  pues “no se mete en asuntos ambientales. Si  no desprivatiza el agua, proyecto implementado en el gobierno de Rafael Moreno Valle, menos se va a meter en el proceso de cancelación de este tipo de proyectos”, enfatizó.

Explicó que la política ambiental del gobierno federal es la de administración del conflicto, pues a pesar de que no ha revocado ninguna concesión, tampoco ha otorgado ninguna otra  a mineras extranjeras. En el caso de Puebla, el gobernador tampoco ha marcado diferencia en su política respecto a la de sus predecesores, como Rafael Moreno Valle.   

Consideró que el estado de Puebla, dadas sus condiciones geográficas, es susceptible en el 100 por ciento de su territorio a la presencia de proyectos de muerte, como llaman los activistas a los megaproyectos de alto impacto ambiental. Estos proyectos “tienen impactos tanto en las dimensiones ambientales, sociales, políticas y económicas de las comunidades dónde se instalan las empresas”.

Para referencias de su impacto, situó los proyectos en 4 grandes sectores: la minería a cielo abierto en la Sierra Norte del Estado, en municipios como Tetela de Ocampo o Ixtacamaxtitlán; empresas hidroeléctricas en la  sierra nororiental, en municipios como  Olintla y Cuetzalan y también en la Sierra Negra, en municipios cercanos a Tehuacán y prácticas de obtención de gases naturales con presión hídrica, conocida como Fracking, en las regiones más septentrionales del estado. 

Dentro de los impactos ambientales más graves, enfatizó el doctor en Sociología, está el corte del afluente de los ríos, que conlleva la falta de abastecimiento de agua para las comunidades cercanas, cuando se trata de hidroeléctricas.   

“Muchos proyectos de minería están parados gracias a las luchas comunitarias y a los amparos que han sido tramitados, como los casos de Ixtacamaxtitlán y Tetela, y en  Olintla las funciones de una termoeléctrica están en litigio gracias la resistencia comunitaria”.