La justicia en Puebla vuelve a quedar bajo la lupa. Este jueves 27 de agosto quedaron en libertad nueve personas que habían sido detenidas durante un operativo realizado en un corralón del municipio de Huejotzingo, luego de que elementos de la Policía Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado acudieran al inmueble tras recibir el reporte sobre el robo de un camión.
Más artículos del autor
De acuerdo con los primeros reportes, los nueve individuos habrían sido sorprendidos dentro del corralón conocido como el de “Bony”, señalado públicamente como cercano al presidente municipal. Presuntamente, en ese momento realizaban maniobras para traspalear la mercancía de un vehículo a otro.
La intervención policial ocurrió, según las versiones iniciales, precisamente cuando se desarrollaban estas maniobras.
Hasta ahí, podría tratarse de un operativo más contra el delito.
Pero entonces surge la pregunta que hoy exige una respuesta clara: ¿por qué los nueve detenidos recuperaron su libertad?
Y aquí comienza lo verdaderamente delicado.
¿Qué ocurrió con la investigación? ¿Bajo qué argumentos jurídicos fueron liberadas estas personas? ¿La Fiscalía General del Estado integró correctamente la carpeta de investigación? ¿Existieron deficiencias en la puesta a disposición? ¿Quién determinó la situación jurídica de los detenidos y cuáles fueron los fundamentos legales para dejarlos en libertad?
No se trata de condenar anticipadamente a nadie. Tampoco de sustituir a los jueces o al Ministerio Público.
Se trata, simple y llanamente, de exigir explicaciones.
El caso adquirió además una dimensión política, lo que hace todavía más necesario que la Fiscalía General del Estado, encabezada por Idamis Pastor Betancourt, informe con claridad qué ocurrió y despeje cualquier sospecha de favoritismo, presión política o tráfico de influencias.
Porque cuando nueve personas son detenidas en un operativo que, de acuerdo con los reportes iniciales, habría ocurrido en flagrancia y posteriormente recuperan su libertad, la ciudadanía tiene derecho a conocer las razones jurídicas de esa decisión.
¿Y los dos millones de pesos?
A la controversia se suma otra versión que debe ser aclarada por las autoridades: se habla de una cantidad cercana a dos millones de pesos relacionada con la situación jurídica del corralón.
Si existe algún pago, convenio, garantía, depósito o movimiento económico por esa cantidad, debe quedar perfectamente documentado: quién lo realizó, quién lo recibió, bajo qué concepto y cuál fue su destino.
Porque, de ser cierta esa versión, no estamos frente a un asunto menor.
Y si no es cierta, también corresponde a las autoridades desmentirla con información verificable.
La transparencia no puede ser selectiva.
La ciudadanía observa y compara. Mientras a una persona común puede caerle todo el peso de la ley por delitos menores, en otros casos queda la percepción de que existen puertas que se abren con demasiada facilidad.
Y cuando aparece el signo de pesos —$$$— en medio de una investigación criminal, las autoridades tienen todavía más razones para explicar qué ocurrió.
No basta con detener.
Tampoco basta con presumir operativos.
La verdadera eficacia de una institución de seguridad y justicia se mide en lo que ocurre después de la detención: en la integración de las investigaciones, en la presentación de pruebas, en el debido proceso y, cuando corresponda, en las sentencias.
Si la liberación de los nueve detenidos fue conforme a derecho, que se explique.
Si existieron errores en la integración de la investigación, que se reconozcan y se corrijan.
Y si alguna persona intervino indebidamente para favorecer a los detenidos, que se investigue y, en su caso, se sancione.
Porque el tráfico de influencias no puede convertirse en una salida de emergencia para quienes enfrentan una investigación.
También debe quedar claro algo fundamental: una liberación no significa necesariamente que una persona haya sido declarada inocente. La situación jurídica de los detenidos puede responder a distintas razones procesales y corresponde a la autoridad ministerial y judicial explicar cuáles fueron.
Precisamente por eso resulta indispensable conocer la versión oficial.
La pregunta de fondo permanece:
¿Quién respaldó jurídicamente a estos nueve presuntos responsables y por qué terminaron en libertad?
La ciudadanía está cansada de una justicia que parece tener distintas velocidades: dura para unos y extraordinariamente flexible para otros.
Si hubo irregularidades, que se investiguen.
Si la liberación fue conforme a derecho, que se explique con claridad.
Y si alguien intervino indebidamente para favorecer a los detenidos, que se llegue hasta las últimas consecuencias.
Porque la omisión de una autoridad frente a una posible conducta ilícita también puede generar responsabilidades, pero eso debe determinarse mediante una investigación formal y con pleno apego a derecho.
Lo que no puede ocurrir es que el silencio institucional alimente las sospechas.
Cuando una autoridad detiene a presuntos delincuentes y poco después éstos recuperan su libertad sin que exista una explicación pública convincente, no solamente queda bajo cuestionamiento un operativo.
Queda bajo cuestionamiento la confianza de los ciudadanos en la justicia.
Y la confianza, una vez perdida, no se recupera con discursos.
Se recupera con expedientes bien integrados, investigaciones profesionales, decisiones apegadas a derecho y, sobre todo, con transparencia.
Porque en materia de justicia, la opacidad siempre deja espacio para la sospecha.
Y cuando la sospecha crece más rápido que las explicaciones, la autoridad tiene un problema mucho más grande que una simple detención: tiene un problema de credibilidad.