¿Está realmente enterada la fiscal de lo que ocurre en el interior de su institución?. Diversas denuncias recibidas por este medio apuntan a presuntas irregularidades graves que, de confirmarse, podrían configurar actos de corrupción, cobro de cuotas, abuso de autoridad y acoso sexual dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla.
Según los testimonios recabados, un servidor público identificado como Raúl Zurita exigiría a agentes del Ministerio Público la entrega de recursos económicos indebidos para ser canalizados a mandos superiores.
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El argumento es siempre el mismo: evitar cambios de adscripción o represalias laborales. Según las fuentes, este funcionario afirma actuar por instrucciones superiores y se presenta como una persona con amplia influencia dentro de la institución, lo que refuerza el clima de temor e impunidad.
Las denunciantes sostienen, además, que el mismo servidor público habría incurrido en presuntas conductas de acoso sexual contra personal femenino, entre ellas policías de investigación y agentes del Ministerio Público.
De acuerdo con sus testimonios, algunas trabajadoras habrían sido presionadas para aceptar invitaciones o mantener un trato personal con el funcionario. De negarse, la amenaza es clara: cambios de adscripción o complicaciones en su situación laboral.
Otro de los señalamientos involucra al agente del Ministerio Público Arturo Moreno Nava, adscrito a la Unidad Valsequillo de la Fiscalía de Investigación Metropolitana (FIM). Conforme a las denuncias, presuntamente retrasaría la integración de carpetas de investigación, extraviaría expedientes y solicitaría pagos indebidos para agilizar diligencias y otros trámites.
Estas prácticas, de acreditarse, no solo vulnerarían el acceso a la justicia de la ciudadanía, sino que propiciarían un ambiente de temor, silencio e impunidad al interior de la propia institución encargada de perseguir el delito. Por ello, las personas denunciantes hacen un llamado urgente a los órganos internos de control, a las autoridades competentes y a las instancias anticorrupción para que investiguen estos hechos con rigor y, en su caso, determinen las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.
Ante denuncias de esta gravedad, se espera que la fiscal Idamis Pastor Betancourt instruya de inmediato una investigación exhaustiva, transparente e imparcial.
En un Estado de derecho, ni las denuncias ni el actuar de los servidores públicos pueden quedar impunes. La rendición de cuentas y el debido proceso no son opcionales: son obligaciones.