El respeto a las mujeres no puede quedarse en un discurso institucional ni en una consigna que se repite frente a los medios mientras, presuntamente, dentro de la propia fiscalía de Género se reproducen prácticas que atentan contra la dignidad, la seguridad y los derechos de quienes deberían encontrar ahí protección y justicia.
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Las denuncias que señalan al coordinador de Investigación de la Fiscalía de Género, Raúl Maldonado Zurita, son de una gravedad que no admite minimizaciones.
Según testimonios y audios que aseguran haber recabado algunas víctimas, el funcionario habría instruido a agentes del Ministerio Público para solicitar dinero a cambio de agilizar medidas de protección y la atención de carpetas de investigación.
Los señalamientos hablan de cantidades de hasta 15 mil pesos, presuntamente destinadas al propio coordinador y a superiores.
Incluso se afirma que, tras realizar el supuesto pago, las víctimas recibirían una atención denominada “premium”, con una respuesta más rápida por parte del personal ministerial.
Si estos hechos se acreditan, la situación sería escandalosa: ¿cómo puede una mujer acudir a una Fiscalía de Género a pedir protección y terminar enfrentándose, presuntamente, a un esquema de cobros? Las medidas de protección no son un privilegio ni un servicio que se compre; son herramientas fundamentales para salvaguardar la integridad de las víctimas.
Pero los señalamientos también apuntan hacia el interior de la institución.
Personal femenino atribuye a Maldonado Zurita presuntas conductas de acoso sexual y laboral, así como supuestas represalias contra quienes se negarían a aceptar propuestas de índole sexual.
Entre las acusaciones figura la presunta asignación de cargas excesivas de trabajo con el propósito de provocar el desgaste de las trabajadoras y obligarlas a renunciar. También se cuestionan las jornadas y salidas laborales a altas horas de la noche, una situación que afectaría particularmente a las madres de familia.
Aquí existe una contradicción imposible de ignorar: una institución creada para investigar y combatir la violencia contra las mujeres no puede convertirse, bajo ninguna circunstancia, en un espacio donde una mujer tenga miedo de denunciar a un superior, de rechazar una propuesta sexual o de exigir sus derechos laborales.
La fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, tiene frente a sí una responsabilidad que va mucho más allá de emitir posicionamientos. Tiene la obligación de garantizar que cualquier denuncia de esta naturaleza sea investigada con absoluta seriedad, sin privilegios, sin encubrimientos y sin importar el cargo de la persona señalada.
El respeto a las mujeres debe empezar dentro de la propia Fiscalía.
Por eso la pregunta es directa: ¿quién protege a las mujeres dentro de la Fiscalía de Género de Puebla?
Si los señalamientos son falsos, que una investigación transparente lo determine. Si existen pruebas que los acrediten, que se actúe con todo el peso de la ley.
Porque ninguna mujer debería pagar para ser protegida, soportar acoso para conservar su empleo ni aceptar humillaciones para obtener justicia.
La Fiscalía de Género debe ser un refugio institucional para las víctimas, no un lugar donde el miedo, el abuso de poder o la impunidad tengan cabida.