Cholultecas denuncian simulación en consulta de ley indígena

Habitantes de la región Cholulteca y del Valle de los Volcanes denunciaron una presunta simulación en las consultas para construir la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. La inconformidad fue expresada durante las mesas de trabajo realizadas en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, en Puebla capital.

Integrantes de Cholultecas Unidas y Unidos en Resistencia (CHUR) señalaron que comunidades de San Andrés Cholula y Santa María Zacatepec no fueron convocadas ni consideradas en la organización previa del proceso. Afirmaron que la participación de los pueblos debe ser directa y efectiva, y no limitarse a su asistencia en actos que, dijeron, podrían utilizarse para legitimar decisiones previamente tomadas.

Durante la jornada, una de las personas inconformes cuestionó que una propuesta de 453 artículos pueda analizarse en una reunión de cinco o seis horas. “Eso es un trabajo que requiere mucho tiempo para su análisis y entendimiento”, señalaron, al exigir especialistas en derecho indígena de confianza para explicar los alcances, limitaciones y posibles contradicciones del proyecto.

CHUR sostuvo que los pueblos cholultecas tienen una continuidad histórica de más de 4 mil años y relacionó la defensa de sus derechos con la protección del territorio, el agua, la tierra, la cultura y sus formas de organización. También acusó que proyectos inmobiliarios impulsados por empresas como Grupo Proyecta han avanzado con la participación de autoridades municipales, estatales y federales, sin considerar a las comunidades.

Entre los aspectos de la iniciativa que sí respaldan, mencionaron el reconocimiento del pluralismo jurídico y la jurisdicción indígena, así como el derecho al libre consentimiento frente a proyectos que puedan afectar de manera significativa a los pueblos. “Y cuando el pueblo diga no, es no, y el proyecto no pasa”, expusieron. También señalaron como positivo el planteamiento de un plazo de 7 años para interponer amparos y la posibilidad de suspensiones cuando existan afectaciones colectivas significativas.

Sin embargo, rechazaron que el reconocimiento de derechos dependa de un registro o catálogo administrado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), al considerar que esto vulneraría la autoadscripción. También cuestionaron que el INPI y la Secretaría de Gobernación determinen cuándo una acción afecta a una comunidad y, por tanto, cuándo debe realizarse una consulta. Para CHUR, estas disposiciones limitan la autonomía y libre determinación de los pueblos.

Los inconformes pidieron ampliar el periodo de análisis y establecer mecanismos de seguimiento para garantizar que las propuestas comunitarias sean incorporadas. Advirtieron que la iniciativa pretende presentarse ante el Congreso el 12 de octubre, mientras las consultas concluirían menos de 15 días antes. Por ello, plantearon que una legislación de esta magnitud requiere un proceso de consulta de “por lo menos 2 años o más” y cuestionaron qué garantías existen de que el contenido consultado sea finalmente el que apruebe el Congreso.