Antes del receso vacacional se llevó a cabo el foro “Reforma y futuro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 2050”. No puedo dejar de pensar que tal evento se calculó de tal modo que de regreso de vacaciones nadie se ocupara de lo allí expuesto.
Aunque hicieron el esfuerzo, la seriedad del asunto -nada menos que la ingente necesidad de transformar el sistema público de educación superior- demanda la efectiva atención, discusión y toma de decisión colectiva para llevar a cabo las acciones encaminadas a lograr esta transformación.
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Escuché varias intervenciones de los sesenta convocados, como lo señaló Imanol Ordorika, y de éstas, la que me pareció más enfocada en el problema de fondo no sólo de la UNAM sino de todo el sistema público de educación superior, fue la del propio Ordorika.
El 26 de marzo apareció en La Jornada un artículo denominado “UNAM: inmovilismo y poder” que recoge su intervención en el mencionado foro. En el tercer párrafo enfatiza los grandes momentos que le dieron su fisonomía a la UNAM, desde 1929 a 1970:
“Las grandes reformas que definieron su rumbo –la autonomía de 1929 y 1933, la Ley Orgánica de 1945, la construcción de Ciudad Universitaria y los cambios de las décadas de 1960 y 1970– contrastan con más de medio siglo de ajustes menores. Desde entonces, la conducción institucional ha administrado la universidad sin un proyecto de transformación, refugiándose en la inercia y en una narrativa autocomplaciente que celebra su grandeza mientras elude sus problemas estructurales.”
Y concluye con este dictamen: “No se trata de ausencia de diagnóstico, sino de persistente negativa al cambio.”
En otras palabras, no es que no sepan cuáles son los problemas que aquejan a la universidad, sino la resolución de quienes detentan el poder de no resolverlos.
Su análisis apunta a dos temas centrales: el desequilibrio entre las funciones sustantivas de la universidad y la representatividad en la conducción de la universidad.
Yo añadiría el desequilibrio entre las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad. Tan sólo atendamos a este dato escalofriante:
De acuerdo con lo señalado por Imanol Ordorika, en 2022 la UNAM tenía 5947 funcionarios que representaron 2738 millones de pesos del presupuesto. Y tenía 20,468 maestros que representaron 1666 millones de pesos del mismo. A reserva de contrastar estos datos, podemos observar que un funcionario recibió en promedio 460,400 pesos anuales y un maestro(a) 81,395. Esto equivale a un costo promedio mensual de 38,366 pesos para el primer caso y de 6,782 pesos para el segundo.
Los datos proporcionados por Ordorika nos permiten elaborar una aproximación de la proporción del presupuesto dedicada a la docencia y al funcionariado. No sólo el funcionario representa un gasto promedio 5.6 veces mayor que el del maestro(a), lo cual pone de manifiesto la enorme precariedad del magisterio, sino que además muestra que hay un funcionario por cada 3.44 maestros(as).
No sabemos si por ‘funcionarios’ debemos entender sólo al conjunto de personas designadas que ocupan los llamados “mandos medios y superiores”, porque si es así, entonces habría que sumar a éstos el resto del personal administrativo que cumple las demás funciones, lo cual arrojaría una desproporción todavía mayor entre los recursos dedicados a las actividades sustantivas y los dedicados a las adjetivas.
La comparación con nuestra universidad nos puede ser de utilidad para entender el enorme desequilibrio entre los recursos destinados a las actividades académicas, las sustantivas, y los destinados a las actividades administrativas, las adjetivas.
En el Presupuesto de Egresos de la BUAP de 2025, aprobado en su momento por el consejo universitario, se establecieron 2607 académicos hora clase, 411 medios tiempos y 2121 tiempos completos: 5139 académicos en total. Asimismo se establecieron 19 no académicos de medio tiempo y 4248 de tiempo completo: 4267 en total.
Así, en la BUAP hay dos trabajadores no académicos de tiempo completo por un académico del mismo tipo: el doble. Y si no distinguimos entre los tiempos de dedicación la proporción es igualmente inaceptable :1.2 académicos por cada trabajador no académico. Casi uno a uno.
En el suplemento de Milenio denominado Campus aparecido el 23 de noviembre de 2023, el autor, Adrián Acosta Silva, señala que los mandos medios y superiores de las universidades públicas representan entre el 10 y el 15% del personal administrativo. De manera que en nuestra universidad el 10% equivaldría a 426.7 personas y el 15% a 640.
No hay duda de que en la BUAP el personal administrativo incluye a todos, a juzgar por las remuneraciones, pues en 2025 iban desde 7,767 hasta 103,767 pesos en el caso de los administrativos de tiempo completo. En cambio, en el caso de los académicos de tiempo completo, las remuneraciones iban desde 7,768 pesos (lo mismo que el no académico) hasta 33,315.
Nadie duda de la necesidad de contar con el personal administrativo indispensable para la buena marcha de las actividades académicas de la universidad, pero es obvio que una proporción de uno a uno es absurda e injustificable.
Este es un problema estructural, sistémico, que no puede esconderse detrás de la autonomía universitaria genuina, esto es, la autonomía para autogobernarse.