Después de los dimes y diretes entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el gobierno de Claudia Sheinbaum, me di a la tarea de revisar los datos, bastante contundentes, sobre la desaparición de migrantes en México, una dimensión central dentro de la crisis general de personas desaparecidas en el país.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta 265 personas migrantes desaparecidas o no localizadas desde 2003. Esta cifra, que constituye la base del discurso oficial, resulta marginal frente a otras mediciones.
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De acuerdo por los datos recabados por la ONU, el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones contabiliza al menos 4,924 personas migrantes desaparecidas y fallecidas entre 2014 y lo que va de 2025 en tránsito por México hacia Estados Unidos. Es decir, casi veinte veces más en un periodo considerablemente más corto.
La evidencia construida por organizaciones de familiares en Centroamérica amplía esta brecha. Comités de Honduras documentan 887 casos de migrantes desaparecidos en tránsito por México, mientras que la Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG) registra cuarenta casos y el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE) otros 300. En conjunto, estos registros suman 1,227 casos adicionales, construidos desde denuncias directas y procesos de búsqueda que no dependen de la institucionalidad mexicana.
A ello se suma el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que ha documentado 2,351 casos de personas migrantes desaparecidas en México y Estados Unidos entre 2010 y febrero de 2025.
Este universo de casos, basado en identificación forense y acompañamiento a familias, permite observar patrones de desaparición vinculados tanto al tránsito como a contextos de violencia estructural en territorio mexicano.
La dimensión de la violencia no se agota en la desaparición. Una encuesta aplicada a 177 personas migrantes en Ciudad Juárez por The Hope Border Institute y el Servicio Jesuita para Refugiados revela que más del 50% fue víctima de robo, el 35% de extorsión y el 20.4% de secuestro. Estas cifras no son marginales: implican que al menos 1 de cada 5 personas migrantes ha sido privada de la libertad durante su trayecto.
El dato más grave es cualitativo: en el 30% de los secuestros documentados hubo participación de autoridades mexicanas. Esto sugiere no solo tolerancia, sino posibles esquemas de colusión activa. En términos empíricos, implica que casi un tercio de los eventos de secuestro no pueden explicarse únicamente por la acción de grupos criminales, sino por la interacción entre estos y agentes estatales.
Este entramado de violencias se inscribe en un contexto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha caracterizado como estructural. En su informe de 2022, identifica la convergencia de impunidad, inseguridad, corrupción y vínculos entre servidores públicos y delincuencia organizada como factores que no solo permiten, sino que reproducen la desaparición de personas, incluidas las migrantes.
Las desapariciones de migrantes ocurren en múltiples momentos: durante el tránsito, en estaciones migratorias, en aeropuertos y en procesos de deportación, donde se documentan detenciones arbitrarias, incomunicación y ausencia de defensa. A esto se suma la inexistencia de registros públicos accesibles que permitan verificar si una persona se encuentra bajo custodia estatal, lo que abre zonas grises donde la desaparición puede producirse sin trazabilidad institucional.
En este contexto, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas ha solicitado remitir la situación de México a la Asamblea General, al considerar que existen indicios fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, en tanto responden a ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintas regiones y momentos del país.
Y el gobierno mexicano ha rechazado este señalamiento, calificándolo como “tendencioso y falto de rigor jurídico” y argumentando que el Comité excede su mandato.
Mi conclusión es que el diferendo no solo es técnico, sino político: se disputa el reconocimiento mismo de la escala y naturaleza de la crisis y, con ello, la responsabilidad del Estado mexicano frente a un patrón sistemático de violencia que en el caso de las personas migrantes permanece deliberadamente subregistrado. Esa es la verdad y hay evidencia documental de todo ello.