Han pasado poco más de dos semanas desde la sustracción de Nicolás Maduro de Venezuela y el envión anímico de Donald Trump sigue a tope, en su intento por liderar un nuevo orden mundial con la punta de lanza de su Junta de Paz, una suerte de chiqui ONU.
Mientras se entretiene pulsando y calibrando la tolerancia nerviosa de los líderes europeos con el “affaire” Groenlandia, en América Latina y en México —aunque hoy las cosas parezcan más calmas— la realidad es que el panorama que se cierne no es, en absoluto, halagüeño.
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La política de seguridad en América Latina se articula sobre un eje rector: el narcotráfico transnacional, que para Washington es, simple y llanamente, terrorismo. Emulando la contundencia del discurso de Mark Carney, primer ministro de Canadá, en Davos, debería quedarnos claro a todos los latinoamericanos y mexicanos que el terrorismo será la correa de mando que Donald Trump empleará, en lo sucesivo, en sus relaciones hemisféricas.
En teoría, la política de seguridad de un Estado moderno no se mide únicamente por la eficacia de sus acciones, sino también por su capacidad para explicar, justificar y legitimar sus decisiones ante la sociedad que gobierna. En la práctica, sin embargo, el gobierno mexicano parece haber optado por una estrategia sin pies ni cabeza: primero actúa ocultando, después comunica y solo aclara cuando la confusión ya se ha convertido en un galimatías. El resultado es un engrudo político-diplomático- comunicativo hecho bolas.
Los episodios recientes —el envío por paquetería exprés, que no extradición, de 37 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos; el aterrizaje de un avión militar Hércules en Toluca; y el caso Ryan Wedding— constituyen un laboratorio ex profeso para analizar no solo la política de seguridad, sino el peculiar y errático manejo diplomático y comunicativo del Estado mexicano. En él, la opacidad, la reacción tardía y las narrativas contradictorias parecen formar parte del mismo guion: confundir a todos para, al final confundirse, a sí mismo.
Primera escena
La remisión simultánea de 37 figuras relevantes del narco fue presentada como una decisión soberana, legal, estratégica y cuidadosamente sopesada por el gabinete de Seguridad Nacional, una entelequia que carece de atribuciones constitucionales para tomar una decisión de tal magnitud. La pregunta es inevitable: ¿qué funcionario firmó la autorización correspondiente?
El mensaje de felicitación llegó oportunamente, en el aniversario del primer año de Trump. Sin embargo, se diluyó rápidamente, porque lo ocurrido después evidenció que el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum quedó descolocado y sin brújula para responder a la nueva realidad impuesta por Washington. La respuesta política y la comunicación oficial fueron desarticuladas, reactivas, fragmentadas y visiblemente temerosas, contra las cuerdas desde el inicio.
La ironía resulta palmaria: una de las decisiones más relevantes en materia de justicia penal —entregar en manos de “los imperialistas” a un total de 92 narcotraficantes mexicanos, violando tratados internacionales, acuerdos binacionales y derechos humanos— fue comunicada como si se tratara de un trámite administrativo menor.
El vacío informativo permitió que la narrativa dominante fuera la de la presión estadounidense, obligando luego a una defensa insistente, inocua y reiterativa de la soberanía nacional. Así, el discurso oficial quedó atrapado en una paradoja incómoda: cuanto más se afirmaba la autonomía de la decisión, más se reforzaba la percepción de dependencia y sujeción a los designios de Washington.
Desde una mirada crítica, el episodio no solo revela debilidades institucionales para juzgar a criminales de alto perfil, sino una alarmante falta de conciencia sobre el valor político de la explicación pública en asuntos de alta sensibilidad.
Segunda escena
Si la flotilla expedicionaria de aviones militares mexicanos rumbo a Estados Unidos, encargados de entregar a nuestros nacionales por todos los flancos, evidenció improvisación comunicativa, el caso del avión Hércules reveló algo aún más profundo: una subestimación del peso histórico de los símbolos. La presencia de una aeronave militar estadounidense en suelo mexicano, aun siendo legal y autorizada por quién sabe quién, no es un hecho menor. Pretender que lo sea, o asumir que no merece una explicación inmediata, resulta cuando menos ingenuo.
El gobierno optó por el silencio inicial hasta que alguien, en las benditas redes, posteó las imágenes del impactante artefacto aéreo. Vinieron después aclaraciones de toda índole. El desenlace fue predecible: especulación, sospechas y un debate público centrado no en los hechos, sino en la ausencia de información. En este caso, la soberanía no fue vulnerada por el avión, sino por la incapacidad del Estado para controlar su propia narrativa. La verdad, una vez más, salió maltrecha.
El mensaje implícito parece ser que la presión máxima de Trump y su equipo es inocultable, pero solo debe explicarse cuando es descubierta in fraganti y ya ha generado incomodidad política. Una pedagogía invertida que erosiona la legitimidad democrática de las decisiones.
Tercera escena
El caso Ryan Wedding completa el tríptico de entuertos político-diplomáticos-comunicativos. ¿Fue detenido mediante un operativo conjunto o se entregó voluntariamente? Las versiones no solo difieren: se contradicen de manera frontal. En ausencia de un relato institucional sólido, emergió un mosaico narrativo en el que cada actor parecía contar una historia distinta, que no se queda por debajo del realismo mágico de Juan Rulfo.
¿No existe un solo video de las miles de cámaras de la Ciudad de México que rodean la Embajada de Estados Unidos que permita aclarar cómo llegó el narco-atleta —con sus indudables capacidades físicas— hasta las puertas de la antigua representación diplomática de ese país?
En lugar de recurrir a recursos propios —muy mexicanos y, desde luego, soberanos— la Presidenta optó por una imagen del propio narco-atleta subida a Instagram, supuestamente falsa y generada por inteligencia artificial, de acuerdo con un medio canadiense de amplia reputación. Contar con videos e imágenes propias habría despejado todas las dudas, tanto para la opinión pública como para el propio embajador estadounidense, Ron Johnson, y nos habría permitido dormir tranquilos. Claro que eso habría dejado a alguien en entredicho.
Epílogo
El problema no es menor. En términos simbólicos, la incapacidad de fijar una versión clara transmite descoordinación y refuerza la percepción de que las agencias extranjeras marcan el ritmo y el relato, mientras el Estado mexicano se limita a matizar o corregir a posteriori. La cooperación internacional sin una narrativa propia, deviene en subordinación discursiva.
En un contexto donde el narcotráfico es transnacional y la cooperación inevitable, la soberanía ya no se defiende únicamente con decisiones jurídicas, sino con relatos claros, oportunos y creíbles. Mientras estos sigan ausentes, el Estado mexicano seguirá enfrentándose a una opinión pública cada vez más escéptica frente a explicaciones que siempre llegan tarde y divorciadas de la terca realidad.
Posdata. Pemex retiró sin explicación un cargamento de crudo destinado a Cuba, en medio de la presión directa del presidente Trump, pese a que el gobierno de Claudia Sheinbaum había defendido dichos envíos como ayuda humanitaria a la dictadura castrista de Miguel Díaz-Canel. Una vez más, se trató —según la versión oficial— de una decisión soberana de Pemex, cosa que no podría adivinarse.