Anteriormente comentamos sobre la paradoja que representa que, en la Sierra Tarahumara, un lugar tan alejado y en extrema pobreza, se estableciera un macrolaboratorio de drogas al que llegaban precursores químicos y drones “espías”, y produjera millones de dólares en metanfetaminas trasladadas al mercado estadounidense.
En Guerrero también soplan vientos similares. También ahí, en la Región de la Montaña, con condiciones de marginalidad y desatención gubernamental, llegan drones —pero del grupo criminal de “Los Ardillos”— que, con “bombas” y balas, desplazaron de sus comunidades nahuas a decenas de familias, con niños y ancianos de por medio. Ver a las madres, con sus pequeños al lado, clamar desesperadamente por auxilio a la presidenta Claudia Sheinbaum es… desgarrador.
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Un paréntesis
Resulta sorprendente atestiguar cómo los grupos criminales aprenden de lo que pasa en el mundo. En las guerras actuales, como la de Rusia-Ucrania, o en ataques contra líderes extremistas islámicos, los drones se han convertido en el arma convencional por excelencia. Algunos medios internacionales aseveran que es tal la dronmanía que en Estados Unidos existe déficit en el stock de drones y que las fábricas trabajan a marchas forzadas para atender la alta demanda bélica.
Recordemos las imágenes de ejecuciones difundidas por grupos criminales para sembrar terror, que inauguraron una nueva lógica de propaganda criminal. El 6 de septiembre de 2006, en Uruapan, Michoacán, la Familia Michoacana exhibió cinco cabezas humanas cercenadas en el bar “Sol y Sombra”. Ese acto fue cuidadosamente diseñado como escenografía teatral para lograr impacto mediático nacional e internacional, retomando métodos propagandísticos utilizados por grupos extremistas yihadistas de Al Qaeda. Así, sin pagar un solo peso y aparecer en ocho columnas, los grupos del narcotráfico encontraron una forma de mercadotecnia criminal efectiva y barata que cambió para siempre la narrativa de la violencia en México.
Ahora, los drones como armas de “guerra irregular” son empleados por distintos grupos criminales en Michoacán, Sinaloa y recientemente, en Chilapa, Guerrero. Si en el caso de Uruapan los narcotraficantes se demoraron cuatro años para aprovechar el “pésimo ejemplo” de Al Qaeda, ahora parece que aprendieron más pronto de las aportaciones bélicas del momento.
Y ya que en México estamos en eso de desdeñar el valor y la importancia de la educación de nuestros hijos —tratada cual vil trapeador— también existen aprendizajes tipo “escuela del mal” que nutren de ideas destructivas a capos y lugartenientes del narcotráfico. “Los Ardillos”, cual estudiantes aventajados y destacados, pasarían año sin dificultad alguna y sin recurrir a la ayudadita de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Regresemos a Chilapa
Los ataques recientes son atribuidos a una disputa añeja entre “Los Ardillos” y “Los Tlacos”. Desde el 6 de abril de este año, un comando presumiblemente de los primeros emboscó y asesinó a cuatro integrantes de una organización social de la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa, según denuncias del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). Fue el primer aviso que las autoridades desatendieron.
El 2 de mayo, dos integrantes de esta agrupación fueron asesinados cuando regresaban de Chilapa hacia Alcozacán. Entre las víctimas estaba un conductor de transporte comunitario que trasladaba alimentos básicos.
Los ataques se intensificaron notablemente a partir del 6 de mayo, de acuerdo con medios nacionales e internacionales como The Guardian, que reportaron ataques prolongados contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, incluyendo ráfagas con armas de grueso calibre, incendios, hostigamiento sistemático y… utilización de drones con explosivos.
El diario británico consignó “ocho horas de bombardeos” sobre comunidades rurales. Familias enteras huyeron de madrugada, mujeres, niños y ancianos se refugiaron en iglesias, muchas personas escaparon apenas con lo básico.
Justo en el festejo del Día de las Madres, el éxodo se acentuó. Comunidades enteras abandonaron sus poblados. Mientras fuentes oficiales hablan de 96 desplazados, organizaciones indígenas sostienen que podrían ser entre ochocientos y mil personas que se refugiaron principalmente en Alcozacán. Tampoco existe claridad sobre el saldo total de la refriega, pero líderes comunitarios señalan al menos tres muertos, cuatro desaparecidos y varios heridos.
Pobladores indígenas denunciaron abandono del Ejército y de la Guardia Nacional, llegando incluso a afirmar que un día antes de los ataques se retiraron retenes de seguridad en la región y dejaron la puerta abierta. No existen evidencias concluyentes de ello, pero las acusaciones son graves y políticamente delicadas.
Lo que ocurre en Chilapa es resultado de décadas de abandono del Estado mexicano: pobreza extrema, disputas entre grupos del narcotráfico que ahora han penetrado estructuras políticas y comunitarias. Pero también refleja algo más pernicioso: la sofisticación de los grupos criminales y su capacidad para adaptar tácticas propias de conflictos armados contemporáneos al territorio nacional.
Chilapa debe llamar la atención de todos, por encima de dónde se encuentran “El Rocha” y su alineación sin portero, y de los desvaríos y deficiente lectura de Mario Delgado. De alguna forma, estos hechos retratan una realidad que se intenta negar —como es costumbre ya— y que le ofrece aún más argumentos a Donald Trump y sus emisarios sobre el narco gobierno en México, del que no quitan el dedo del renglón.
Pero, más allá de ello, estamos frente a una lamentable crisis humanitaria que el gobierno federal debe encarar con seriedad. Habría que incluir entre las variables a analizar sobre este contexto el componente electoral, ya que habrá renovación de la gubernatura y otras autoridades locales y federales en junio de 2027. Los nexos entre política y criminalidad, al igual que en Sinaloa, cada día pesan más. Ya está por allá Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación y el automático aumento de despliegue militar. Pero el resultado, quizá sea, que se repita la misma historia de siempre.
Posdata. En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Sixto Mendoza, líder del CIPOG-EZ, señaló que no quieren al gobierno estatal como interlocutor y solicitan la presencia urgente de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mendoza refirió que los tres niveles de gobierno los han abandonado y sólo los buscan cuando hay elecciones y después… los abandonan. “Ya no nos quieren como pueblos originarios, como indígenas, quizá nos quieren desaparecer”, remató.